El pasado primero de agosto, el Gobierno Federal impuso el control de precios al gas LP. De inmediato, el regulador antimonopolio criticó la medida, asegurando que podría tener consecuencias como la escasez. Sin embargo, hasta la fecha ese regulador no se ha manifestado contra la conducta del oligopolio que ha venido imponiendo alzas injustificadas en ese insumo indispensable para el 70% de los hogares en México.
El 3 de agosto los repartidores minoristas, denominados comisionistas, entraron en paro como reacción a la regulación de precios máximos del combustible, que entró en vigor un día antes mediante un esquema de regulación de precios publicado por la Comisión Reguladora de Energía (CRE); casi al mismo tiempo, las grandes empresas enviaron sus pipas a bloquear las entradas a los sitios de almacenamiento. Ante el pronunciamiento enérgico del presidente AMLO de que fracasarían en el intento de derrotar al Gobierno Federal, la Asociación Mexicana de Distribuidores de Gas (Amexgas), que aglutina a las grandes compañías, dijo que “se distancia de las acciones de grupos de independientes que trabajan a comisión, que no tienen permisos de distribución y que están bloqueando plantas, impidiendonos salir y trabajar para abastecer hogares y comercios que necesitan gas”. Hoy está más claro que dicha asociación representa a los propietarios de parques de grandes tanques de almacenamiento y las cadenas de distribución más grandes y poseen fuertes flotas de camiones-pipas, mientras que los comisionistas son hombres camión con pocos empleados que ejecutan operaciones al menudeo, entregando pequeños cilindros portátiles a los hogares. Es evidente que ahí existe una relación laboral encubierta, muy parecida al outsourcing que acaba de ser prohibida por el Congreso de la Unión.
Al dar por concluido el paro de labores, el líder de la Unión de Gaseros del Valle de México, José Adrián Rodríguez, anunció que se reanudaba la venta del combustible y llamó al presidente a escuchar sus reclamos y entablar negociaciones sobre los precios máximos. Reconociendo la voluntad mostrada en la pronta reanudación de las actividades de venta al público usuario, está claro que el malestar de los gaseros permanecerá mientras no se resuelva el asunto de fondo. De las quejas expresadas por estos actores, conocidos en su industria como comisionistas, se infiere que el problema estriba en la opacidad y arbitrariedad con que las grandes empresas fijan el precio de este insumo y el monto de las comisiones que se trasladan a los consumidores.
En efecto, la evolución del precio del gas a partir de la Reforma Energética que permitió la liberación de los precios al público del gas LP, muestra abusos de muchos distribuidores que han incrementado sus márgenes de utilidad de manera bárbara, mostrando que los incrementos tienen más que ver con la voracidad empresarial que con factores objetivos. Esto es evidente si recordamos que durante las últimas semanas el tipo de cambio peso-dólar se ha mantenido alrededor de 20 pesos por dólar norteamericano, que los precios de los energéticos de alto consumo no han sido factor de incremento de la inflación, y que el precio del gas LP que Pemex vende en algunas zonas, también se ha mantenido estable, además de que el consumo ha venido aumentando en la medida que la actividad economica crece como efecto del importante avance del proceso de vacunación, el precio impuesto por el oligopolio gasero se ha incrementado hasta un 35%, convirtiendose en causa eficiente del incremento de la inflación y de la disminución del poder adquisitivo de las capas sociales más vulnerables.
Las decisiones monopolicas de las grandes distribuidoras y la conducta prepotente mostrada ante los constantes llamados de la Profeco y del propio AMLO reafirman la necesidad de contar con una empresa del Estado, filial de Pemex, que provea el gas LP a precios que apoyen en vez de lastimar la economía de las mayorías. Asimismo, si comparamos la estabilidad de los precios de la gasolina, el diesel y la electricidad, producidos por Pemex y la CFE, concluiremos que es muy pertinente un llamado a las autoridades para que apresuren la puesta en marcha de la instancia creada para ese propósito, Gas Bienestar, por el impacto positivo que tendrá en las finanzas domésticas, y para que aseguren su funcionamiento honesto y eficiente, y cuente con la cobertura necesaria para influir positivamente en la evolución de ese mercado. ■
