■ Consideran el trabajo un anteproyecto de la minera Ocampo Minning Tayahua a modo de preparación del terreno
La Unión Nacional de Trabajadores Agrícolas (UNTA) realizó una solicitud ante la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a fin de que pongan en pausa sus labores de instalación de una línea de alta tensión alrededor de la comunidad Salaverna, Mazapil, porque lo consideran un anteproyecto de la minera Ocampo Minning Tayahua a modo de preparación del terreno, esto lo dio a conocer Efraín Arteaga, líder de ex braceros.
De acuerdo con su declaración, la situación no es reciente, pues la problemática inició con una empresa privada contratada por la minera, que posteriormente quedó a cargo de la CFE, sin embargo, toda la situación sería ilegal, señaló Arteaga, ya que la propiedad de los terrenos se encuentra aún en el aire.
Según Arteaga, la propiedad de las tierras se encuentra en disputa entre la minera y los integrantes de varias comunidades, quienes sostienen que son posesionarios de las tierras.
El problema, detalló, es que los habitantes no tienen documentos, sino una “posesión tradicional”, mientras que la minera ha presentado escrituras firmadas por notario, “¿cómo va a prevalecer sobre el derecho de posesión?”, cuestionó.
La disputa se mantiene desde el 2015 ante la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), sin tener resolución. Aunque la institución ha solicitado un título de propiedad expedido por el estado a Ocampo Minning, la empresa no ha podido proporcionarlo.
Es por esto que la posición de los inconformes es que, mientras se resuelva el conflicto agrario, no se toque la tierra. Esto ya era respaldado por una minuta supervisada por el subsecretario de Gobierno, Eric Román Muñoz; Alejandro Arce, un representante de derechos humanos y miembros de la comunidad, que dicta que la empresa no puede cerrar caminos ni hacer trabajos, sin embargo, esto no se ha respetado.
Por este motivo, el 7 de diciembre, Arteaga se reunió con Alfredo Sarmiento Magaña, superintendente de zona de la CFE, quien dio su palabra de suspender los trabajos; sin embargo, el presidente municipal de Mazapil, Gregorio Macías Zúñiga, “metió su cuchara”, y emitió un oficio dirigido a la minera autorizando que se hagan los trabajos en el territorio “como si él fuera autoridad agraria”, acusó, aseverando que con esta acción “traicionó a su pueblo”.
Estos serían las problemáticas iniciales, sin embargo, hay otras más como las consecuencias ecológicas que la mina traería y que “desaparecería varias comunidades”, sin mencionar la destrucción de mantos acuíferos, flora y fauna y de actividades económicas tradicionales.
En este contexto, la comunidad y el dirigente de ex braceros exigen que la CFE “saque sus manos de ahí” y espere a que haya una resolución del conflicto agrario, recordando que “el primero en tiempos es primero en derechos, y Slim llegó hace apenas 22 años”.
Del mismo modo, hacen un llamado al gobernador Alejandro Tello Cristerna a que “haga valer su autoridad y ponga en su lugar al presidente municipal”, al mismo tiempo que prevenga que se siga adelante con la alteración de la tierra.
