El caso de los siete jóvenes levantados en Calera y que posiblemente corresponden a los cuerpos encontrados en Jerez, actualiza el debate sobre el papel de las fuerzas armadas en funciones policiacas y pone en evidencia la clara ineficiencia de la actual política de seguridad,. Los datos son muy preocupantes: del primero de diciembre de 2006 al 31 de diciembre de 2014, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió 53 recomendaciones por privación arbitraria de la vida; de este total, 42 fueron dirigidas a la Secretaría de la Defensa Nacional y a la Secretaría de Marina, dependencias que han reportado, a través de solicitudes de acceso a la información, haber participado en 3 mil 665 “enfrentamientos con organizaciones criminales”, donde han perdido la vida 4 mil 263 civiles, sin que haya información sobre el uso de la fuerza de dichas instituciones de seguridad. En los casos que ha podido documentar la CNDH, ha habido una política deliberada de criminalización de las víctimas, ausencia de investigaciones imparciales e independientes, falta de personas sentenciadas por la comisión de ejecuciones extrajudiciales. En esos casos es evidente que la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública, no se ajusta a la legislación ordinaria emitida por parte de las autoridades civiles ni a la legislación que regiría a la Policía Federal, ni tampoco por las reglas y leyes del derecho de guerra; no hay legislación que los obligue y a partir de la cual podamos medir su actuación.
También es evidente que las instituciones encargadas de la procuración e impartición de justicia no tienen la capacidad ni la voluntad para llevar a juicio todos los casos de ejecuciones extrajudiciales, violaciones, asesinatos o como se les quiera llamar, por parte de servidores públicos en el uso indebido de las funciones. Los hechos ocurridos en Tlatlaya, no son aislados, sino que se enmarcan en una política deliberada de abatir personas, desde la administración de Felipe Calderón, al declarar la llamada “guerra contra el narcotráfico”.
De acuerdo al informe publicado en marzo de 2014, realizado por Christof Heyns, relator sobre ejecuciones extrajudiciales de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), tras su visita a México entre abril y mayo de 2013 –antes de los hechos de Tlatlaya y Ayotzinapa- advirtió sobre los riesgos de la puesta en marcha de un paradigma de seguridad de corte militarizado. El relator especial observóque es bien sabido que en cualquier país, a los soldados que realizan labores policiales, les cuesta mucho renunciar al paradigma militar; por lo general, la forma en la que han sido adiestrados, hace que no sean aptos para mantener el orden público. El principal objetivo de un cuerpo militar es someter al enemigo valiéndose de la superioridad de la fuerza, mientras que el enfoque de derechos humanos que debe ser el criterio para juzgar cualquier operación judicial, se centra en la prevención, detención, investigación y enjuiciamiento del delito y sólo contempla el uso de la fuerza como último recurso, permitiendo el recurso de la fuerza letal, para evitar pérdidas de vidas humanas; desde entonces, el relator advertía de que la aplicación de un enfoque militar al mantenimiento de la seguridad pública, puede crear una situación en que la población civil se vea expuesta a una serie de atropellos. Por su propio prestigio las Fuerzas armadas deben regresar a sus cuarteles.
