La gran aceptación en el mundo del reciente libro de Thomas Piketty (El Capital en el Siglo XXI) es un signo de preocupación sobre la creciente desigualdad. El libro de Piketty refuerza las pruebas sobre el vertiginoso incremento de la riqueza en la parte más alta (el 1%) de la pirámide. En su libro, Piketty ofrece una perspectiva sobre los 30 o más años posteriores a la Gran Depresión y a la Segunda Guerra Mundial, viéndolo como un período anómalo, tal vez causado por la inusual cohesión social que los eventos catastróficos pueden estimular. En dicha época de rápido crecimiento económico, la prosperidad fue ampliamente compartida, y todos los grupos avanzaron, los grupos más pobres vieron mayores ganancias porcentuales. Hubo convergencia en los índices de desarrollo humano.
El libro que comentamos también arroja nueva información sobre las “reformas” que promocionaron Ronald Reagan y Margaret Thatcher en la década de los ochenta prometiendo un crecimiento del cual todos se beneficiarían. Sin embargo, lo que realmente llegó fue un crecimiento más lento y una mayor inestabilidad a nivel mundial, y además, el escaso crecimiento sólo benefició a los muy, pero muy ricos.
Lo que hemos estado observando —estancamiento o disminución de los salarios e incremento en la desigualdad, incluso a medida que la riqueza aumenta— no refleja el funcionamiento de una economía de mercado teóricamente normal, sino que refleja lo que Joseph Stiglitz denomina como “capitalismo sucedáneo”, cuyo sistema político no ha logrado garantizar que los mercados sean competitivos, sino al contrario, ha diseñado reglas que sustentan mercados distorsionados donde las corporaciones y los ricos pueden (y por desgracia sí lo hacen) explotar a todos los demás.
Los mercados actúan de acuerdo a reglas del juego establecidas a través de procesos políticos. Los altos niveles de desigualdad económica en países como Estados Unidos y, en países que han seguido el modelo económico neoliberal conducen a la desigualdad política, lo que se traduce en una corporatocracia, para usar un término de Jeffrey Sachs, economista norteamericano destacado de Columbia University. En ese sistema las oportunidades para el progreso económico son muy desiguales y, consecuentemente, frenan la movilidad social.
Sin embargo, el premio nobel de economía Joseph Stiglitz, afirma que pequeños cambios en las políticas económicas -aplicación de niveles más altos de impuestos a las ganancias de capital y las herencias, un mayor gasto para ampliar el acceso a la educación, la aplicación rigurosa de las leyes antimonopolio, reformas a la gobernanza corporativa que contengan los salarios de los ejecutivos, y regulaciones financieras que frenen la capacidad de los bancos para explotar al resto de la sociedad- reducirían la desigualdad y aumentarían la igualdad de oportunidades de manera muy notable. Con las reglas de juego correctas, dice el nobel, podríamos incluso ser capaces de restaurar el crecimiento económico rápido y compartido que caracterizaba a las sociedades de clase media de la mitad del siglo XX.
Coincidentemente con lo que afirma Piketty, en nuestro país, antes del quiebre estructural ocurrido al principio de los años ochenta, se produjo una ligera convergencia en los niveles de PIB por persona y de bienestar entre las entidades federativas. En los años ochenta y noventa este proceso se detuvo o francamente se produjo un proceso de divergencia; las desigualdades se incrementaron.
El PNUD calculó un índice de desarrollo humano por entidad federativa de México y encontró que entre 1950 y 1980 hubo un crecimiento del índice de cada entidad y de convergencia entre las entidades. En 1950, la media simple del índice era de 0.4731 con un coeficiente de variación de 19.2% y una distancia entre el valor mínimo y el máximo de 0.33. Para 1980, la media había aumentado a 0.7062, el coeficiente de variación se había reducido a 8.8% y la distancia entre el valor mínimo y el máximo se había cerrado en 0.25%. Las desigualdades territoriales se expresan claramente en el PIB por persona, por entidad y por regiones y existen datos que prueban que las desigualdades territoriales y sociales no han dejado de crecer en lo que va de este siglo XXI. Los distintos índices de competitividad que se publican también prueban la divergencia creciente entre las economías de las entidades de la República.
Con la aplicación del fundamentalismo neoliberal, Gobierno Federal condenó a las entidades como Zacatecas, con una población mayoritariamente ocupada en el campo y sin condiciones para atraer inversiones para la exportación, pues se quedaron sin alternativa viable para su desarrollo; ni siquiera las grandes empresas mineras, también fortalecidas por los gobernantes neoliberales, se han dispuesto a propiciar el surgimiento de sólidas cadenas de valor que fortalecieran el mercado local. La élite del poder zacatecana, sin claridad sobre los futuros impactos regionales, apoyó la aplicación del paradigma neoliberal, suponiendo que con el correr de los años les llegaría algo de la prosperidad prometida. Fue una apuesta insensata.
