Según las estadísticas oficiales del Registro de Personas Desaparecidas y no Localizadas de la Comisión Nacional de Búsqueda, en Zacatecas existen más de 3800 personas desaparecidas o no localizadas, siendo 2023 el peor año en la materia con por lo menos 776 casos. Zacatecas es el estado del país donde la población corre más riesgo de ser víctima del este delito, pues durante el 2023 la tasa de desaparición de personas por cada 100 mil habitantes fue de 47.87, siendo la más alta de todo México, seguida de manera muy lejana por Ciudad de México con 19.66 y Baja California Sur con 19.29 (esta tasa la calculamos con los datos de la CNB y del INEGI). En otras palabras, en Zacatecas por cada 100 mil habitantes poco más de 47 fueron víctimas de desaparición, sólo teniendo en cuenta los datos oficiales (que no incluyen los casos que no se denuncian). Esta realidad, cruda y brutal, nos hace recordar lo que la Organización de Naciones Unidas ha dicho en varias ocasiones: en México la desaparición de personas es sistemática y generalizada, configurando un escenario de graves violaciones a los derechos humanos. Podemos decir que en Zacatecas la desaparición de personas es grave, sistemática y generalizada, y frente a esto la responsabilidad del Estado y los gobiernos es ineludible.
En este contexto, el gobierno Monreal pasó de decir que la desaparición de personas era un problema federal, a reconocer que es necesario atender a nivel estatal esta realidad. Pero el cambio no se debió a un claro compromiso estructural de la política gubernamental, por el contrario, ha sido producto de la insistente presión de los colectivos de familiares de víctimas, quienes se han tomado el espacio público con marchas, protestas, acciones simbólicas y mucha dignidad. El gobierno debió cambiar la forma en que se comunica con los colectivos después de que éstos, con un valor no visto antes en el estado, protestaron durante el desfile del mes patrio, instalándose frente al gobernador y las autoridades con sus bocas selladas con cinta, representando la impotencia, el dolor, la rabia (noticia que circuló a nivel nacional). A pesar de que el gobernador no las quiso atender personalmente (nunca se ha reunido con los colectivos), desde ese momento se instalaron mesas de trabajo, que hoy suman por lo menos 12 sesiones, donde las víctimas han insistido, entre otros, en un punto crucial: la prevención de la desaparición de personas.
Como producto de estas demandas el gobierno estatal decidió organizar esta semana un conversatorio sobre la prevención de la desaparición. En tal actividad, orientada principalmente a funcionarios y no a la sociedad en general, hicieron presencia el Secretario de Gobierno y el Fiscal General del Estado (presencia para inaugurar, no para escuchar). También estuvieron la Subsecretaria de Prevención Social del Delito y el Comisionado Local de Búsqueda. En sus mensajes señalaron que se hacía “para apoyar” las causas de los colectivos e insistieron que era por su solicitud. Como parte de los colectivos estuvieron tres de las representantes, quienes con mucho amor, dignidad, valor y coraje se presentaron ante las autoridades para compartir sus experiencias como víctimas de este flagelo, buscando sensibilizar. Previamente los organizadores hicieron llegar un cuestionario que, según ellos, podía ayudar a reflexionar sobre los factores que inciden en la desaparición. El enfoque del gobierno se centró en reducir el tema de la prevención a un asunto de atender la drogadicción y los valores familiares. A pesar de que parezca menor el ejercicio, éste nos permite ver con claridad la falta de perspectiva en derechos humanos de las autoridades, la criminalización y revictimización que a diario reproducen y el estruendoso fracaso del gobierno para abordar la crisis.
Lo que se pudo observar fue el retrógrado enfoque gubernamental, pues durante años se ha mostrado que la criminalización y la estigmatización de las víctimas, así como el responsabilizar a las familias, sólo profundiza la realidad que vivimos. Lo único que este enfoque permite es que se refuerce la política del “en algo andaba”, “seguro estaba metido en algo”, “con sus amistades no era raro que pasara”, que tanto daño le ha hecho a México desde la fallida estrategia de militarización de Calderón a la fecha, y que termina justificando la violencia y precariedad que viven los jóvenes. En ese sentido, una de las valientes representantes de los colectivos les dijo a las autoridades, con claridad, que esas preguntas hacían que nos fuéramos con la idea de que todas las personas que desaparecen son consumidoras de drogas o tienen problemas en su familia, que esa no era la realidad y que no se valía criminalizar. Con esa sencillez y sensatez, les hizo ver que querer cargar la responsabilidad en las familias no sólo es una burla sino una ofensa. Y si tejemos más fino, también es complicidad.
La prevención de la desaparición no es un tema menor. Paradójicamente, mientras más instituciones especializadas existen (Comisiones de Víctimas, de Búsqueda, de Derechos Humanos, Fiscalías Especializadas, etc.), el delito crece sin control. Si el interés de las autoridades fuera real, deberían retomar las recomendaciones que realizó el Comité contra las Desapariciones Forzadas de la ONU en su informe sobre México de 2022. Allí la ONU señaló medidas claras que el Estado debería seguir para implementar una política de prevención y erradicación de las desapariciones, empezando por el fin de la impunidad estructural que hace de la desaparición un “crimen perfecto”. Desde la perspectiva de derechos humanos las acciones de prevención señaladas por la ONU son: “a) fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación; b) garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones; c) remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada; d) atender debidamente las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio; e) facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data; f) atender la crisis forense; g) facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial; h) reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección; i) proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones”.
Como vemos, en ningún lado aparece que la desaparición de personas se previene criminalizando a las víctimas, siguiendo un discurso estigmatizante, orillando la discusión al prohibicionismo del consumo de drogas o responsabilizando a las familias. Para poner sólo un ejemplo, en el primer punto, que habla de fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación, se pide estrategias integrales con Planes de Búsqueda contemplados en los Protocolos Homologados, mismos que deberían ser evaluados periódica e imparcialmente. En Zacatecas no existe un Plan Estatal de Búsqueda diseñado, planeado y ejecutado con base en conocimiento específico de la realidad estatal y de las capacidades institucionales. Esto fue exigido durante el 2023 por los colectivos de víctimas, y especialmente Zacatecanos por la Paz se empeñó en que el legislativo y el ejecutivo se comprometieran en esta tarea, en un foro realizado a principios del año al que asistió Alan García representante de Naciones Unidas. Como siempre, todo quedó en promesas.
Las comisiones de búsqueda son dependientes de la Secretaría de Gobierno y Fiscalías, de ahí que sus tiempos sean totalmente políticos. Sin embargo, en medio de todo este problemático panorama puede ser buena noticia que dentro de los anuncios que han hecho para decir que el 2024 será “el año de la paz”, se indique que se reactivarán las búsquedas en campo, mismas que habían sido paralizadas. Por eso, si el 2024 va a ser el año de la paz tendrá que venir acompañado de muchas búsquedas en vida y en campo, localizaciones, identificaciones, restituciones y restauraciones. De lo contrario todo seguirá siendo discurso. Gracias a la movilización de las familias de las víctimas las autoridades se sienten con la presión de responder, pero lo deben hacer bajo los más altos estándares en materia de derechos humanos, no bajo su rancia astucia criminalizadora y revictimizante.
