No obstante que se trata del proceso electoral más grande de la historia reciente de nuestro país, el actual proceso electoral, se ha caracterizado por el ambiente de violencia que prevalece, pues según fuente de México Evalúa, 41 actores políticos han sido asesinados de los cuales 29 eran candidatos o aspirantes a ocupar algún cargo de elección popular.
Según datos del INE, el domingo 2 del próximo junio, se realizarán elecciones federales y locales para ocupar 20,708 cargos. De las primeras, además de la sucesión presidencial para el sexenio 2024-2030, también será la elección para renovar el Congreso de la Unión: la Cámara de Senadores con 128 y la de Diputados con 500. De las segundas, se elegirá Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, así como las gubernaturas de 8 entidades: Chiapas; Guanajuato; Jalisco; Morelos; Puebla; Tabasco; Veracruz y Yucatán. Así también. 1802 Presidencias municipales; 1098 Diputaciones locales; 14,764 Regidurías; 1975 Sindicaturas y 431 cargos auxiliares.
La misma fuente registra un padrón electoral de más de 100 millones de votantes, de los cuales 51 millones 852 mil 294 son mujeres; 48 millones 188 mil 701 hombres y, 90 registros solicitados como personas no binaries.
Se debe considerar que se trata de un proceso, en el que los principios rectores previstos en el Apartado A de la Fracción V del artículo 41 de la CPEUM como son: la certeza, legalidad, independencia, imparcialidad, máxima publicidad y objetividad, se han violentado de manera reiterada por parte del presidente Andrés Manuel López Obrador, quien, a través de sus mañaneras se encarga de hacer campaña desde hace aproximadamente 3 años en favor de la candidata oficial Claudia Sheinbaum, a quien destapó como “su corcholata. Y, por otro lado, utiliza también su matutina conferencia, para denostar a Xóchitl Gálvez, quien surge como candidata opositora apenas hace 6 meses en que inició este proceso.
De esta actitud presidencial, la Comisión de Quejas y Denuncias del INE, registra que desde septiembre de 2023 (en que dio inicio el actual proceso) a la fecha, ha dirigido 51 exhortos al presidente López Obrador, para que no emita declaraciones sobre la elección. De tal forma que la posible inscripción en un registro de servidores públicos que infringen la ley electoral, en el TEPJF, al final del proceso, esas denuncias podrán servir para calificar la elección.
Hay otro problema:
La Sala Superior del TEPJF que es la autoridad jurisdiccional facultada para calificar la elección presidencial, se encuentra incompleta, pues solamente funciona con cinco de siete magistrados que legalmente le corresponden. Esto, con motivo de que el 31 de octubre de 2023, José Luis Vargas e Indalfer Infante, concluyeron su encargo como magistrados.
A pesar de que la SCJN cumplió en tiempo y forma legales con la parte del procedimiento que le corresponde, enviando a la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, las dos ternas para cubrir las vacantes, en atención a lo establecido por el párrafo once del artículo 99 de la CPEUM, los legisladores decidieron no llevar a cabo la designación y, concluyó el periodo de sesiones el 30 de abril pasado.
De alguna forma, y en su oportunidad procesal correspondiente habrá de realizarse la calificación de la elección presidencial. El Artículo 167 de La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, indica en su párrafo cinco: “ Para hacer la declaración de validez y de presidente o de presidenta electo de los Estados Unidos Mexicanos, o para declarar la nulidad de tal elección, la Sala Superior deberá sesionar con la presencia de por lo menos seis de sus integrantes”.
Si actualmente sólo existen cinco magistrados, eso quiere decir que se designará al menos uno para contar con seis. En tal supuesto, deberá procederse conforme lo señala el párrafo tres del numeral indicado: “En caso de vacante definitiva, se nombrará un nuevo magistrado o magistrada, quien durará en su encargo por el tiempo restante al del nombramiento original. En este caso, mientras se hace la elección respectiva, la ausencia será suplida por el magistrado o la magistrada de Sala Regional con mayor antigüedad, o en su caso, de mayor edad, si existen asuntos de urgencia atención”.
Actualmente, los cinco magistrados en funciones son: la presidenta del TEPJF Mónica Soto; Janine Otálora; Reyes Mondragón; Felipe de la Mata y Alfredo Fuentes.
Se debe buscar que para la calificación de la elección, sean designadas las dos magistraturas, para lo cual, deberán ponerse de acuerdo los cinco magistrados en funciones, dejar sus divisiones internas y resolver con absoluta transparencia la designación o designaciones pendientes a efecto de que sean por unanimidad, pues en caso de que sólo fuese nombrada una magistratura para contar con seis, podría presentarse la posibilidad de que, al momento de la calificación de validez, hubiese un empate y, en tal circunstancia, el voto de calidad lo tendría la presidenta Mónica Soto, como también para el caso de que se presenta la nulidad de la elección.
La calificación del proceso electoral presidencial, deberá estar lista a más tardar, el 6 de septiembre próximo.
