Hay cuestiones básicas en materia económica que ameritan ser analizadas, aunque sea de manera sucinta. El sentido común es útil para abordarlas en lo fundamental. Escribo con ánimo fraterno, anhelando que la economía y la política estén al servicio de la persona humana y no viceversa, según los principios de solidaridad y subsidiariedad (pluralismo) articulados en el bien común para enfrentar individualismos mezquinos, colectivismos infrahumanos o mezcla de ambos males.
Dos de esas cuestiones son: el novedoso «Régimen Simplificado de Confianza Personas Físicas» en materia de impuesto sobre la renta, ya aprobado por el Congreso y que entrará en vigor en enero de 2022; y el asunto de si la función de las empresas es solamente económica, de producción, y no social, de apoyo a obras solidarias, es decir, si lo económico y social son materias incompatibles.
Veamos primero la relacionada con dicho régimen simplificado de confianza. Éste consiste en que las personas físicas que lleven a cabo exclusivamente actividades empresariales, profesionales o de arrendamiento de bienes, tienen la opción de pagar sus impuestos conforme a este esquema si sus ingresos anuales no exceden de tres millones quinientos mil pesos. Los pagos del impuesto se determinan con base en el total de ingresos efectivamente obtenidos, sin deducción alguna, aplicándose una tasa que va del 1% al 2.5%, dependiendo del monto del ingreso.
Un ejemplo: un profesionista independiente que expide recibos con ingresos de 300,000.00 de pesos anuales, pagará el 1% sobre dicho monto, es decir, $ 3,000.00 pesos. Como se puede apreciar el impuesto es muy bajo en comparación, por ejemplo, con el impuesto que pagará un trabajador asalariado con ese mismo ingreso, que ascenderá groso modo a unos $80,000.00 mil pesos, o más, si no tuviera alguna de las muy pocas deducciones personales autorizadas.
Tales ejemplos evidencian el fuerte contraste entre profesionistas asalariados y profesionistas independientes en cuanto a la carga tributaria por ingresos muy parecidos: se beneficia significativamente a los independientes. El argumento que subyace es el de ampliar la base de contribuyentes. Pero ello al margen de los principios constitucionales de igualdad, proporcionalidad, equidad y progresividad en los impuestos. Algunos de los posibles efectos de ese contraste: la migración importante a dicho régimen por parte de contribuyentes asalariados inscritos en el Seguro Social, y la respectiva afectación a la solidaridad y a dicho instituto.
En este contexto de política tributaria y como alternativas legítimas, Thomas Piketty, economista y pensador, recomienda a los países, como urgentes medidas redistributivas entre otras, gravar la riqueza de los multimillonarios, y aplicar una justa progresividad en materia de impuesto sobre la renta.
Los «Pandora Papers», señala Piketty, son un llamado a sustituir el sistema tributario regresivo que prevalece en el mundo occidental benéfico para los muy ricos que pagan en general pocos impuestos, en comparación proporcional con los pagados por los simples mortales. El «Financial Times», hace poco, a raíz de la pandemia, aconsejó algo parecido a lo sugerido por Piketty. Valdría la pena reflexionar sobre esta cuestión tan trascendente para encontrar el sano equilibrio que evite tanto los excesos del ultra capitalismo globalizado para que prevalezca el anhelo de justicia, como excesivas cargas tributarias que inhiben libertades e iniciativas y abruman la vida económica y social de ciudadanos y pueblos.
Vayamos ahora a la otra cuestión acerca de si hay incompatibilidad entre la función económica de la empresa y la solidaria. Cabe recordar que fue el economista Milton Friedman de la conservadora Escuela de Chicago, quien señaló en un artículo publicado en el New York Times en 1970, que la «única responsabilidad social de las empresas era aumentar sus ganancias».
La posición defendida hace años por Friedman, fue cuestionada por los profesores de la Escuela de Negocios de Harvard, Michael E. Porter y Mark R. Kramer, en un texto publicado en la revista de dicha escuela, titulado: «La ventaja competitiva de la filantropía corporativa». De dicho texto reproduzco algunos de sus argumentos críticos muy aleccionadores.
Ambos profesores sostienen que, si la ayuda social se centra en las necesidades que afectan el «contexto corporativo» de las empresas, y se utilizan sus atributos únicos como empresa para abordarlas, se demuestra el potencial latente de la solidaridad corporativa, que al final de cuentas beneficia económicamente a la empresa, a la comunidad y al mismo Estado.
Afirman ellos que esa alegada incompatibilidad entre la función económica y la social, es una «falsa dicotomía», una perspectiva superada, pues las empresas no funcionan como islas aisladas de la sociedad que las rodea. Por ejemplo, «mejorar la educación…. se considera un problema social, pero el nivel educativo de la fuerza laboral local afecta sustancialmente la competitividad potencial de una empresa», razonan brillantemente los dos profesores, que hacen con esa idea, una defensa de los principios sociales de solidaridad y subsidiaridad pluralista, tan olvidados por sectarismo y globalización.
Y argumentan que entre más se relaciona un beneficio social con el negocio, con el objeto de la empresa, más le genera beneficios económicos a la empresa e impuestos al Estado. En consecuencia, dicen los dos profesores, en la perspectiva estratégica, los fines económicos y los sociales no son intrínsecamente incompatibles, sino «integralmente conectados». Además, de esa manera se participa muy eficazmente en la gestión del bien común, coadyuvando con el Estado en una democracia participativa y vigorosa por su pluralismo.
Apuntan los profesores de Harvard que la «competitividad actual depende de la productividad con la que las empresas puedan utilizar la mano de obra, el capital y los recursos naturales para producir bienes y servicios de alta calidad». Y, por otra parte, dicha productividad, señalan ellos, depende de que la empresa cuente con empleados bien preparados, seguros de sí mismos, saludables, con una vivienda digna y un salario motivante.
Y desde el punto de vista de la ecología y de la responsabilidad social de la empresa en tal materia de supervivencia, el preservar el medio ambiente y el contribuir a ello, resulta muy benéfico tanto para la sociedad en su conjunto como para las empresas, pues la disminución de la contaminación y los desechos, argumentan los profesores citados, conduce a un uso más productivo de los recursos, ayuda a producir bienes que los consumidores valoran altamente, y contribuye al cuidado de la «casa común» de la humanidad, tan deseado por el Papa Francisco en sus exhortaciones.
En suma, los principios sociales de solidaridad y subsidiariedad deberían ser tomados en cuenta por gobiernos y empresas para enfrentar los abusos de la globalización depredadora. Ésta en proceso de ser sobrepasada por nuevos paradigmas que apuntan a la justicia social para acabar con la miseria de tantos, a una «revolución del corazón» para lograr lo imposible, a la preeminencia del trabajo sobre el capital para devolver al primero su dignidad, al triunfo del «espíritu sobre la materia y de la misión sobre el negocio» para atenuar mezquindad y violencia, y a la promoción de políticas públicas y privadas sustentables en salud, educación, medio ambiente, habitación, infraestructura prioritaria para el bien de todos.
Dedico este artículo con admiración, a la memoria de Dorothy Day, activista social, periodista brillante, exhortando a los lectores, a conocer su fascinante vida, su pensamiento de vanguardia, su «revolución del corazón», su conversión radical y su anhelo vigoroso de justicia.
