Como se venía previendo por la inmensa mayoría de los analistas políticos serios, académicos de diversas instituciones serias y como así lo percibe también la mayoría de los mexicanos, nuestro país, y en lo particular Zacatecas, está ya transitando por una crisis, una verdadera emergencia social, de imprevisibles consecuencias, que hace ya urgente la transición a otro régimen orientado hacia la sociedad, no a los grupos de poder fáctico como ahora sucede, estamos a un paso del despeñadero.
¿Por qué estamos en estado de emergencia social? A más de un año de aprobadas las erradas reformas en materia de economía, de seguridad, de salud, laboral y demás, es cada vez más evidente que no están causando efectos positivos, como así se prometió y aseguró incesantemente antes de la llegada de este régimen y en sus inicios, la realidad se impone, las reformas estructurales de Peña están lastimando profundamente la calidad de vida de los mexicanos.
Según un estudio realizado a finales de 2015, por académicos de la escuela de Economía del Colegio de México, a pesar de que México lleva 30 años transformando su marco de políticas económicas para poner en el centro del modelo al comercio exterior y a la recepción de inversión extranjera directa, el desempeño económico del país ha sido por demás “mediocre”, señalando que el bajo crecimiento se debe a la débil y decreciente inversión y a las políticas macroeconómicas enfocadas a la estabilidad en lugar de a estimular la actividad, es decir, sólo se busca el maquillaje de la “Baja inflación” en lugar de fortalecer la actividad económica en todos los niveles.
Esto se ha mediocrizado aún más desde la llegada del régimen peñista del PRI, y con la aprobación de las 12 “Reformas estructurales”, un verdadero atentado a la soberanía e integridad de la nación, como la reforma laboral, que arrebata las conquistas de los trabajadores ganadas en 150 años de lucha. La asociación sindical, pensión y jubilación; jornada de 8 horas; escalafón; plaza base; libre sindicalización y el derecho de huelga; facilita el despido de trabajadores y favorece a los patrones, la Reforma Hacendaria. Continúa el gasolinazo disfrazado; impuesto al pan de dulce y alimentos con alto contenido calórico; gravamen de 8% a los refrescos y bebidas azucaradas; impuesto a la comida y la venta de mascotas; impuesto al chicle o goma de mascar; IVA al transporte terrestre foráneo; homologación del IVA en las fronteras; aumenta el pago de ISR para los que ganan más; 50% de los recursos mineros para los municipios; gravar las ganancias de quienes jueguen en la bolsa; impuestos para las pequeñas empresas; tasa cero en oro y joyería al menudeo; se grava la turbosina; nuevo límite a la deducción de impuestos; el impuesto a bebidas alcohólicas no cambia.
La Reforma Política-Electoral no consolidó el sistema democrático, el Poder Legislativo y Judicial siguen sometidos al Poder Ejecutivo; no fomentó la participación ciudadana hubo abstencionismo cercano a 60%; las elecciones de 2015 incrementaron la incertidumbre, la inequidad, no fueron transparentes; el Instituto Nacional Electoral quedó a deber en sus primeros comicios, quedando sin efecto la premisa de: “Sufragio efectivo, no reelección”. Otro renglón torcido, la reforma en telecomunicaciones, que no fomentó la competencia, y si fortaleció a los grandes emporios de la comunicación privada: Televisa, Tv Azteca, Milenio, MVS, etc.
Igualmente la reforma financiera, que abre la generación de créditos al por mayor para captar el mayor capital vía intereses de los hogares y las empresas en México, legaliza que los ahorros de los trabajadores se inviertan en todo tipo de proyectos, en la bolsa de valores y otros negocios especulativos. Poniendo en riesgo permanente a los trabajadores, reforma en transparencia, donde la supuesta autonomía, elevada a rango constitucional del Instituto Federal de Acceso a la Información (Ifai) y el aumento de sus facultades, no se ha reflejado para hacer justicia por la desaparición forzada de los normalistas de Ayotzinapa o las masacres de Tlatlaya, Apatzingán, Tanhuato o en los escándalos de la familia presidencial como la “casa blanca” y el tren suburbano.
Una de las peores, la reforma educativa, donde las enmiendas a los artículos 3º y 73 de la Constitución, imponen una reforma laboral a los trabajadores de la educación; permiten la venta de bonos de infraestructura a las grandes constructoras; cargan el mantenimiento de los edificios escolares a los padres de familia y hasta el pago de personal faltante; conduce a la privatización de la educación y favorece a los líderes venales del SNTE, además de la reforma energética, que; privatizó Pemex; no atrajo los 70 mil millones de dólares de inversión prometidos; no bajó el precio de la electricidad, ni de los combustibles y entrega nuestra energía y petróleo a las empresas trasnacionales para que sigan saqueando el país.
Punto y aparte es el código Nacional de Procedimientos Penales., que endurece los procedimientos y penas, el hostigamiento y encarcelamiento de los luchadores sociales; legaliza el espionaje de enemigos políticos del Estado, así como las aprehensiones de personajes incómodos para el poder económico y político, la reforma en materia de competencia económica, patente de corso a las grandes empresas y condena a la desaparición a los pequeños empresarios y finalmente la reforma agraria, apéndice del salinismo obsoleto, que privatiza la propiedad social de la tierra; golpea a los ejidos y comunidades indígenas y les condena a sufrir el despojo de sus recursos hídricos, mineros, forestales y culturales, generando una nueva gran migración del campo a la ciudad y la desaparición de miles de pueblos.
Si esto no es una crisis política, económica, social, educativa, de seguridad y de derechos humanos, entonces, ¿qué es? ¿Cómo definimos la situación que estamos viviendo? Es inevitable que la única solución es un cambio de régimen, y la reversión de las nocivas reformas peñistas, si no lo hacemos vamos directo a un abismo, a un desastre social, ya estamos en una situación de emergencia, como bien lo ha llamado David Monreal, por eso estamos llamando a la sociedad en su conjunto a sumarnos, a acudir a la cita de las urnas, y por la vía democrática, iniciar inmediatamente la reconstrucción del país, empezando en Zacatecas a partir del 5 de junio próximo, con la voluntad de todos los zacatecanos y el favor de Dios.■
