Ya se había diferido en varias ocasiones la audiencia a la cual Ricardo Anaya excandidato del PAN a la Presidencia de México no asistió y que se pretendía celebrar con éxito el pasado 14 de febrero del 2022. Para ésta última ocasión, la fiscalía había solicitado, que Anaya se presentara de forma física a la audiencia, pues en ocasiones pasadas, se había conectado de forma remota, lo que le fue completamente permitido en ese entonces; pues bien, en ésta ocasión no habría vuelta de hoja, Ricardo Anaya estaba obligado a asistir presencialmente, de estar frente al juez como cualquier otro imputado. Aun y sabiendo de su obligación, Anaya prefirió no asistir, contraviniendo la ley, desacatando la orden del juez; ¿tiene repercusiones? Por supuesto que sí. Todavía no termina el proceso penal en el que Anaya es imputado y éste ya es un prófugo de la justicia; “se hace del delito” como coloquialmente decimos.
Ya lo habíamos dicho con anterioridad en este mismo espacio de opinión, Ricardo Anaya, es inocente… hasta que se le demuestre lo contrario; por lo anterior no hay por qué sorprenderse, la presunción de inocencia es una garantía constitucional de la que toda persona imputada goza en nuestro país.
El desacato del panista ¿una estrategia legal o una estrategia política? Quizá, no prefirió no arriesgar, pues si asistía a la audiencia quizá la fiscalía hubiera solicitado alguna medida cautelar, privativa de la libertad.
A Ricardo Anaya se le acusa de cometer tres delitos; uno de ellos es el de asociación delictuosa, que se refiere a que 3 o más personas se unen y se organizan para delinquir; delito federal previsto en el artículo 164 del Código Penal Federal y por el cual podría alcanzar de 5 a 10 años de prisión; así como de 100 a 300 días de multa. Otro delito que se le pretende imputar al excandidato de Acción Nacional, es el de cohecho, que no es otra cosa, más que el hecho de que un servidor público reciba dinero a cambio de hacer o dejar de hacer un acto propio a sus funciones; delito por el cual podría recibir hasta 14 años de prisión. Por último, el otro delito del que se le acusa, es el de operaciones con recursos de procedencia ilícita, por el cual podría estar en prisión hasta por 15 años.
Las penalidades anteriores probablemente y por lo pronto, no sean la mayor preocupación de Anaya, pues es sabedor del principio de presunción de inocencia a su favor, además que durante el proceso pueden pasar muchas cosas que cambien las circunstancias. Su incomparecencia a la audiencia programada el día del amor y la amistad más bien atiende en primer lugar al temor de que como medida cautelar se le imponga la prisión preventiva, o bien que se le retenga el pasaporte y se le prohíba salir del país. Lo anterior significaría un pesar enorme para Anaya, pues su intento de posicionamiento político se vería afectado, así como sus negocios.
Tomando en cuenta lo anterior, hay que decir que si Anaya se hubiera presentado a la audiencia y la fiscalía hubiera solicitado medidas cautelares como las mencionadas, el imputado y su defensa estarían en posibilidad de debatir y descalificar las peticiones de la fiscalía, lo que pudo haber derivado en medidas cautelares menos drásticas; ahora, la situación ha cambiado, ya que, para la siguiente audiencia, seguramente la fiscalía pedirá orden de aprensión para hacer comparecer a Anaya y una vez en audiencia, Anaya tendrá en su contra todos los elementos que se deben considerar para considerar que hay “peligro de sustracción del imputado” lo que sin duda alguna dará motivos para mínimamente se le coloque un localizador electrónico, pero yo creo que la fiscalía pedirá prisión preventiva por riesgo de fuga.
Claro está, que, Ricardo y sus abogados saben que la orden de aprensión está a la vuelta de la esquina, y que actualmente Anaya se puso bajo la figura de “peligro de sustracción” por lo que seguramente una vez presentado ante el juez le dictarán medidas cautelares severas. Quizá esa sea la estrategia, pues Anaya buscará aprovechar la situación para victimizarse y atraer los reflectores buscando un mayor posicionamiento político; aunque es riesgoso tal movimiento, pues el excandidato presidencial tendría que estar muy confiado en que los elementos de prueba de la fiscalía no serán suficientes para respaldar su acusación y al final de cuentas saldría absuelto, sí es así, podría ser una buena estrategia política; de lo contrario, si los elementos de prueba son suficientes y si está bien integrada la carpeta de investigación (que yo creo que es así) desde ahorita está teniendo una actitud que muy poco le ayudara a él y a sus abogados. Una tercera teoría puede ser que al estar consciente de que los hechos que se le imputan son ciertos, entonces, se convertirá en un prófugo de la justicia y ya no lo volveremos a ver más que en redes sociales.
Hasta ahorita la fiscalía ha sido prudente y no se ha pronunciado respecto a solicitar la orden de aprensión, no le están dando los reflectores y el escenario que Anaya busca.
