- La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVYL) y la Asociación de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas advierten que esa medida, además, generará caída en ventas de expendedores legales
- El gravamen que se propone tiene un fin meramente recaudatorio y no para el cuidado de la salud, sostienen
- Plantean la coadyuvancia de los miembros de la Comisión para la Industria de Vinos y Licores para que se eleve la recaudación participable
La Comisión para la Industria de Vinos y Licores (CIVYL) y la Asociación de Esparcimiento Social del Estado de Zacatecas manifestaron su oposición a la aprobación del impuesto de 4.5 por ciento a la venta final de vinos y licores propuesto por el gobierno de Alejandro Tello Cristerna para su aprobación en la 62 Legislatura, pues, dijeron, fomentará el comercio y consumo ilegales, y la compra transestatal, y por tanto, generará la caída en las ventas de los expendedores legales, por lo que consideraron que “un impuesto de esta naturaleza puede ser un incentivo perverso para que haya bebidas muy económicas y que en la población vulnerable, que son los jóvenes zacatecanos, exista este posible incremento de un consumo mayor”.
Gerardo Ancira Martínez, director general de la CIVYL, agregó que el impuesto que se propone tiene un fin meramente recaudatorio y no para el cuidado de la salud, pues de esta manera el consumo de bebidas alcohólicas no se desalienta.
Trajo a colación las experiencias de los estados de Campeche y Nayarit para señalar que, aunado, los gobiernos tuvieron problemas para cobrar el citado impuesto generando burocracia que resultó más costosa que lo que los recursos que pretendían obtenerse por esta vía, y que en último caso, sólo pudo recaudarse 50 por ciento de la proyección inicial estimada.
Asimismo, indicaron que con el incremento a este impuesto, según las experiencias previas, incrementa la ilegalidad en 40 por ciento.
La propuesta a los legisladores y a la administración estatal es la coadyuvancia de los miembros de la CIVYL para que se eleve la recaudación participable, vigilando y denunciando a los establecimientos que expendan bebidas apócrifas o que no paguen los impuestos correspondientes. Este mecanismo de “autovigilancia”, dijo, ya se puso en operación a nivel nacional en coordinación con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Salud, consiguiendo que se elevara la recaudación entre 2013 y 2016.
