Mi amigo Enrique Laviada, hombre inteligente y de pluma trascendente, me inspiró para esta colaboración a partir de tres de sus artículos que tienen que ver con las obras que prácticamente ya se iniciaron en el Centro Histórico de la capital: “Le vale madre”, “Sánchez Preza: nada sabe, nada teme” y “mentiroso”.
El alto grado de autoritarismo para imponer a los zacatecanos las obras que, se dice, cambiarán la fisonomía y hasta la arquitectura del corazón del Centro Histórico de la capital, me recuerdan el ego y megalomanía de Carlos Salinas de Gortari, quien, ante diversos cuestionamientos de los diputados del PRD, se concretaba a expresar su arrebatada frase “ni los veo ni los oigo”, con lo cual mostraba desprecio hacia sus críticos y, en el fondo, la esquivez de quien camina a hurtadillas como escondiendo lo robado ( La presidencia que no ganó ).
El gobierno de Carlos Salinas fue ilegítimo en su origen e ilegítimo en su ejercicio, de ahí que se entienda su modo personal de gobernar dentro de la arbitrariedad, el autoritarismo, la corrupción y el enriquecimiento de sus allegados pero, ¿Qué sucede con el estilo de gobernar en Zacatecas?
A diferencia del gobierno de Salinas, el de Alonso es legítimo en su origen, pero, ¿cuál será la consideración que hagan los zacatecanos al evaluar el estilo de gobernar de Miguel Alonso y de su equipo al término de la administración? : ¿Legítimo o ilegítimo en su ejercicio?
“Le vale madre” es la expresión, fuerte sin duda, que utiliza Enrique Labiada al referirse a la manera en cómo se impone un proyecto de restauración, modificación ¿o destrucción? Del Centro Histórico de la capital del estado. “Sin escuchar ni mucho menos atender a las críticas de quienes ven con recelo o francamente se oponen a su realización”
La legitimidad en el campo de la política, dice Rodrigo Borja, “es la justificación ética del origen del poder, del ejercicio del mando político, de la procedencia y aplicación de la ley o de cualquier otro acto de la autoridad pública. Es la credencial ética para mandar y ser obedecido”
Desde los enciclopedistas franceses se sostiene que la obligación de obediencia exige que la autoridad actúe de acuerdo con la ley, pero también que respete los derechos de las personas. Si no es de esta manera el gobernado tiene a su favor el derecho de resistencia a la opresión.
El origen del derecho de resistencia a la opresión surge de la obligación del gobernante a la observación del pacto social para con los gobernados. El gobernante no respeta el pacto social, cuando su actuación se caracteriza por el autoritarismo y el abuso del poder, cuando los grupos dirigentes se conducen de tal forma como si el poder estuviera a disposición de sus particulares intereses. La corrupción, la impericia, la negligencia y la imprudencia en el desempeño son factores también, que conducen a la “deslegitimación” de la autoridad.
“Un gobierno legítimo por su origen puede tornarse ilegítimo después en el desempeño del mando por razones de abuso de autoridad, de corrupción, de incompetencia o de servicio a intereses particulares” dice Rodrigo Borja.
Hoy los gobernados interesados en la conservación de su Ciudad Patrimonio de la Humanidad exigen del Gobierno del Estado, de los funcionarios que tienen que ver con el tema: La socialización del proyecto de obra en la Plaza de Armas y en áreas circundantes, esto es el legítimo derecho de conocer a detalle, cuáles son las obras que se pretenden realizar.
Los habitantes del Centro Histórico tienen el legítimo derecho de conocer, hasta para oponerse, si las obras afectarán el libre paso hacia sus domicilios y en qué medida se verá alterada su vida cotidiana. Saber si existen estudios congruentes para superar las contingencias si el proyecto alcanza hasta el cierre de algunas calles.
Derecho de todos, el turista incluido, cuál será la magnitud de cambio en la fisonomía de los lugares más emblemáticos del Centro Histórico, porque al parecer, “la Junta encargada de cuidar y defender los monumentos que forman parte del patrimonio histórico y cultural de los zacatecanos ha pasado de invitada de honor a convidada de piedra”, sigue diciendo Enrique Labiada.
El gobierno está obligado, por razón elemental de ética política, a brindar información pormenorizada a quienes la están solicitando, no únicamente sobre los alcances del proyecto en general y en lo particular, también sobre la autoría y, desde luego a cargo de que constructora está la realización de las obras, porque, en tratándose del Centro Histórico no se puede improvisar en la práctica del favoritismo.
Es para el Gobierno 2010-2016 el momento de las definiciones históricas: ¿Legítimo en su ejercicio? ■
