Más allá de una deseable concreción de justicia en el proceso legal que Genaro García Luna enfrenta actualmente en Estados Unidos, está la relevancia de fondo de dicho proceso. Es decir, el deslinde de responsabilidades en las acciones en las que éste tomó parte es una cosa, y otra no menos importante es dimensionar y en especial tomar acción en lo concerniente a las diversas vertientes que presenta el fenómeno por el que se le acusa al exsecretario de Seguridad Pública durante el gobierno del ex presidente Felipe Calderón Hinojosa.
Y es que, durante el tiempo que el juicio contra García Luna ha durado, el tema se ha concentrado en un esquema de presentación de pruebas que aluden a la trama de corruptelas que implican al sector político mexicano, así como a los presuntos vínculos de García Luna con personajes del narcotráfico del mismo país. Es innegable que esos aspectos son líneas insoslayables en la búsqueda de la verdad, pero en modo alguno representan la totalidad de la problemática, además de que llama la atención que las supuestas miles de hojas de pruebas y grabaciones que la parte acusadora dijo poseer, desde hace meses, no se hayan exhibido aún.
El tinglado en el que se enmarca el poderío de García Luna como ex secretario de seguridad, que presuntamente favoreció a grandes grupos de traficantes de droga, es mucho más grande que él, más grande que esos grupos criminales y es un error pensar que es responsabilidad exclusiva de México u otros países latinoamericanos. Al respecto, considérese que el gran trasiego de droga que se llevó a cabo, y sigue vigente, implica necesariamente a autoridades de los países de cultivo, tránsito y consumo, o que los llamados cárteles de la droga mexicanos han incursionado en otro tipo de delitos como el secuestro, la trata de personas, el homicidio o el despojo forzado, lo que además de incrementar su renta criminal, aumenta sus nexos tanto con el plano legal como el ilegal por razones operativas o del propio blanqueo de dinero. Al igual que con la droga, esos delitos mantienen una proyección internacional en casos como el de la trata de personas, por lo que la participación de autoridades en otros territorios, además del mexicano, es previsible.
Actuar sobre estas dimensiones es elemental para acotar el fenómeno en sus causas profundas, y debiera hacerse si se considera la retórica estadounidense en su llamada “guerra contra las drogas”, así como el alineamiento de diversos países del hemisferio a su política de seguridad.
El problema está en que en el punto de avance del juicio contra García Luna no se percibe una voluntad de dicho país para visibilizar, y menos admitir su responsabilidad, como territorio de consumo del grueso de los estupefacientes que se trafican, y mucho menos de la responsabilidad de agentes concretos, como los bancos, y otras entidades financieras, que por décadas han sido los mayores beneficiarios del lavado de dinero que se gesta en la imbricación entre capitales lícitos e ilícitos. En el mismo plano se puede mencionar el lobby de las armas estadounidenses, el cual parece intocable por las autoridades de ese país a pesar de sus supuestos esfuerzos para contrarrestar la violencia e inseguridad en la región.
El que tanto las pruebas como la narrativa que se desprenden del juicio contra García Luna se sigan concentrando en México es inverosímil, pero ajusta con las pretensiones hegemónicas de las últimas décadas de propiciar una polarización entre naciones que terminan por beneficiar a Estados Unidos. De igual forma, ese esquema beneficia a personajes estadounidenses -en particular políticos republicanos- que han hilvanado un discurso xenófobo y de criminalización del sur para ganar votos.
Así, el juicio contra García Luna puede servir para avanzar en los esfuerzos de acotamiento del tráfico de drogas y violencia e inseguridad asociadas a grupos criminales en la región, o bien puede ser una vuelta de tuerca en el uso sesgado del tema del tráfico de drogas, en particular a favor de Estados Unidos.
