¿Qué se requiere para que la UAZ tenga acceso a más recursos por parte de los gobiernos federal y estatal? Una respuesta muy socorrida es afirmar que si demuestra mayor calidad académica y buen desempeño administrativo, la subsecretaria de Educación Superior y Hacienda le compensarán con más subsidio. Exploremos esta primera explicación. La UAZ prácticamente abandonó su Reforma Universitaria (1998-2000) que tenía una visión particular de la misión académica de la institución, para plegarse a los indicadores de calidad que les exigía Gobierno federal. El argumento para hacer tal cosa fue la posibilidad de conseguir más recursos. Así las cosas, la Universidad emprendió un camino de acreditaciones de los programas académicos, adoptó un sistema de promoción meritocrático (grados) de los profesores, y el cumplimiento de una serie de indicadores de gestión de las escuelas. Se consiguieron algunos recursos extraordinarios y fugaces, pero no aumentó el subsidio ordinario a la institución. La UAZ fue muy obediente a los dictados de Gobierno Federal y acató el cumplimiento de sus indicadores: tiene 92 por ciento de la matrícula en escuelas acreditadas y es de las universidades que tienen la mayor proporción de profesores con postgrado. En suma, se hicieron las cosas como ordenó la SEP y eso no aumentó el presupuesto consolidado.
Una segunda explicación es que el aumento de los presupuestos depende más de la presencia social de las instituciones, presencia que se refleja a través de prestigio, e incidencia en sectores clave de la economía y la política. Así, vemos que incluso universidades privadas acceden a recursos públicos. Lo cierto es que programas académicos específicos entran a bolsas importantes, pero es para cumplir proyectos específicos y tampoco aumenta el presupuesto ordinario.
Como podemos observar, en medio de esta pregunta está el esquema de financiamiento de los gobiernos mexicanos de los últimos lustros, que consiste justamente en no dar más dinero por la vía contractual, sino por programas individualizados y proyectos específicos. En este sentido, existe la opinión de que al gobierno sólo le interesa que la Universidad recorte sus gastos ordinarios aun cuando presente excelentes planes de impacto académico; y por ello, hará lo posible para quitar derechos contractuales que están fuera de su esquema de financiamiento.
Dados los factores antes dichos, es claro que las autoridades reaccionan al respaldo e incidencia social que tengan las instituciones más que a los indicadores de gestión que cumplan. Si esto es así, una universidad que ponga en el centro de su plan académico la pertinencia social de su oferta educativa y el nivel de vinculación con las organizaciones sociales, empresas, gobiernos y comunidades, será la universidad que logrará tener mayor poder de gestión de recursos. Así, la gestión debe de ir acompañada de expresiones de esa incidencia: representantes estatales, municipales, empresariales y de la sociedad civil. Una universidad que vea su actividad educativa aislada está condenada al fracaso en sus peticiones financieras.
