Para calibrar la hondura de la situación se comienza con un relato. En alguna de las muy pocas veces que la Dra. Jenny González Arenas, secretaria general (todavía) del Sindicato del Personal Académico de la Universidad Autónoma de Zacatecas (SPAUAZ), convocó a reunión de Coordinadora de Delegaciones, uno de los delegados presentes evocó un artículo del Estatuto que ponía fin a la reunión pues no se lograba el quórum legal. Sin embargo, un importante asesor de la Dra. González consideró prudente intervenir y exponer la doctrina que guía los pasos de quienes encabezan el sindicato. Dijo, más o menos, lo siguiente: “nos recitan un artículo del Estatuto y creen que por eso ya no haremos nada. Se equivocan, nosotros actuaremos para lograr nuestros fines con o sin el Estatuto”. Y así lo han hecho, como lo demostró la cancelación del proceso de reforma estatutaria debido a las constantes violaciones de la Dra. González y sus asesores a la normatividad interna. Y continúan bajo la égida de su doctrina cuando la representante legal del SPAUAZ decide dejar que se declare la inexistencia de la huelga y no firmar convenio alguno, o cuando por motivos oscuros decide, la dirigente, no convocar, durante nueve meses, a la Asamblea General para nombrar las comisiones previstas en el contrato colectivo.Por supuesto se enunció una motivación para no realizar los procesos de democracia sindical mandatados en los estatutos. Se dijo que en la parte patronal de la comisión mixta de admisión, adscripción y promoción el rector mantenía a una persona como parte de la misma en desacato a una orden de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Zacatecas y a una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Esto es falso. Es una mentira y una calumnia de la secretaria general contra el rector, porque, como en muchos otros de sus dichos, no muestra pruebas, litiga en los medios y resulta claro que no puede validar su afirmación. Se debe notar que, en el caso de esa comisión, la de admisión, se adujo un pretexto. ¿Y las otras? No importan pues a la secretaria general y sus asesores no les interesan. Lleva la situación más de nueve meses, con los respectivos daños hacia el bienestar de los docentes. Al parecer, el plan de los aviesos asesores, consistía en lo siguiente: dejarían vacantes los lugares de la comisión mixta de admisión, provocarían una huelga, y en medio de esta propondrían a los representantes. Así podrían pagar a quienes compraron para inducir el paro de labores. No resultó el plan, pues huelga no hubo, pero sí deudas. Para pagarlas, ahora, intentan imponer a la secretaria general, Dra. Jenny González Arenas, y a otras dos personas, como representantes a la comisión de admisión. Tampoco se pudo hacer sin contratiempos, pues el grupo “Delegaciones Sindicales Democráticas” juntó firmas y los firmantes, en tanto sindicalizados con derecho a voto, nombraron a tres representantes. ¿Qué argumentos ofreció la secretaria general para autonombrarse y nombrar a otras dos personas? ¿No es la Asamblea General la que nombra? De acuerdo al Estatuto, en el artículo 26 fracción g, la Asamblea General tiene la facultad de “Crear las secretarías y comisiones ejecutivas que se consideren necesarias, en el caso de las comisiones definirá si éstas son temporales o permanentes”. Incluso el Contrato Colectivo establece que la Comisión de Fiscalización la nombra la Asamblea General (cláusula 12). ¿Qué opinó la Dra González? En la segunda citación a Asamblea General, el 14 de febrero de 2024, dentro del marco del emplazamiento a huelga 2023-2024 adujo que “resulta que nada más la comisión de fiscalización debe ser nombrada por la Asamblea, pues la de admisión no es de nueva creación”. Si suponemos, sin conceder, que esto es cierto ¿dónde dice que la secretaria general nombra? Silencio. Y posteriormente, en entrevista con Francisco Carlos Infante en infoTv9 sostuvo el siguiente razonamiento: “En la mixta estuvo, cuando fue secretario general del SPAUAZ, Crescenciano Sánchez y nadie le dijo nada, también fue representante Pedro Martínez a la vez que secretario general, y no se le objetó. ¿Por qué a mi sí?”. Porque otros ya lo fueron, ella también quiere estar. Cree, en un claro non sequitur de intención política, que los que consideran su autonombramiento ilegal son sexistas. No lo son: la pretensión es que se respete la legalidad que, argumentan, ella viola. Resulta claro, sin duda, que la falacia argumental de la Dra. González constituye una vindicación del Ing. José Juan Martínez Pardo y un repudio a las razones ofrecidas por el Grupo Plural de sus acciones. ¿Por qué? véase el siguiente “argumento”: “Rogelio Cárdenas levantó una huelga sin consulta, Benjamín Romo realizó la misma acción, por tanto, Martínez Pardo puede hacerlo sin contratiempos”. Que otros hayan violado la ley no implica que alguien más puede hacerlo. La propuesta de la Dra. González es violatoria de los principios del SPAUAZ. Para finalizar, un argumento más que enuncia la dirigente sindical es que ella es la representante legal del sindicato. Lo es, nadie lo discute. Pero debe sujetarse a lo establecido en los estatutos. Cuando se agotan los argumentos quedan palabras vacías y tomas de edificios.
El SPAUAZ en su laberinto. Non sequitur
