■ Durante años Rectoría no enteró las aportaciones de docentes a instancias de Seguridad Social
■ Tribunal dictaminó que la demanda interpuesta por docentes corresponde al fuero común
El Décimo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito falló a favor de la declinatoria de competencia emitida por la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a la demanda que interpusieron profesores de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) en 2014, contra quien resulte responsable, por el desvío de recursos que les fueron retenidos por concepto de Seguridad Social.
Al determinarse que la demanda concierne al fuero común, la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) deberá realizar la investigación sobre el caso, a pesar de que hace 2 años y 8 meses se declaró incompetente y turnó el expediente a la PGR.
El resolutivo señala: “túrnese a la brevedad inmediata la presente averiguación previa a la Unidad Especializada en Investigación de Delitos cometidos por Servidores Públicos de la Procuraduría estatal a efecto que se prosiga con los actos de investigación y, resuelva conforme a estricto derecho proceda”.
Mariana Terán Fuentes, investigadora de la Unidad Académica de Historia, quien es una de las demandantes, recordó que durante muchos años, la Rectoría de la UAZ no enteró las aportaciones de los docentes a las instancias de seguridad social y aparentemente las desvió a otros rubros.
“En enero de 2014 interpusimos una denuncia contra quien resulte responsable por hechos que consideramos constitutivos de delito, perpetrados en contra de nuestro patrimonio. Las autoridades de la UAZ presuntamente no enteraron los recursos económicos que a nuestro favor nos fueron retenidos con el objeto de ser integrados a diversas instituciones de Seguridad Social”, expuso.
Otro demandante, Edgar Hurtado, recordó que la demanda se interpuso el 12 de enero de 2014, pero apenas ahora se dictaminó que la PGJE era la instancia competente para investigar el caso, porque en principio la averiguación se turnó a la PGR.
Explicó que en 1991 la Universidad se incorporó en su totalidad al Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado (ISSSTE), cuya ley establece que deben enterarse las cuotas, aportaciones y descuentos que les son retenidas a los trabajadores y que, cuando las dependencias o entidades sujetas a los regímenes de esa ley no enteren las cuotas dentro del plazo límite, deberán cubrir un interés de 1.25 veces la tasa de certificados de la Tesorería de la Federación con vencimiento de 28 días.
También expone que deberán cubrir a actualización de dichas cuotas, aportaciones y descuentos en los términos que establece el Código Fiscal de la Federación, y que los titulares de las dependencias y entidades, sus oficiales mayores o equivalentes encargados de realizar las retenciones y descuentos, “serán responsables de los actos y omisiones que resulten en perjuicio de la dependencia o entidad para la que laboren”.
“Lo que pedimos es que se actualicen y se enteren los descuentos que nos han hecho y que se haga una apreciación general de los estados de cuenta de los que suscribimos la denuncia. Que se investigue y se deslinden responsabilidades aplicando las sanciones que en su caso se apliquen a quien resulte responsable”, indicó Hurtado.
Incluso “en la misma denuncia solicitamos que se haga la investigación correspondiente porque es probable que el salario que se habían autoasignado los funcionarios de la administración central, estaba valuándose en función de las prestaciones de nuestro Contrato Colectivo de Trabajo”.
Ante esa situación, Marcelo Sada Villarreal, profesor de la Unidad Académica de Filosofía, solicitó una audiencia con el procurador, para que les informe sobre el procedimiento que seguirá respecto a esa denuncia, y con el delegado del ISSSTE, para que explique el motivo por el cual ese organismo no ha respondido a los requerimientos de información que ha hecho el Ministerio Público, o si ha habido omisiones para demandar a la Universidad que entregue lo que a sus obligaciones corresponde.
También solicitó una audiencia con el Rector Antonio Guzmán Fernández, para que les dé a conocer la estrategia de su administración para garantizar que se enteren los recursos de la Seguridad Social y que ello quede reflejado en la cuenta de cada docente.
Al respecto, dijo que todo profesor que consulte su estado de cuenta en el ISSSTE sabrá que le faltan años de cotizaciones, porque en muchos casos faltan 10 años, otros 15 años y en su gran mayoría 8 años.
Crescenciano Sánchez Pérez, secretario general del Sindicato de Personal Académico (Spauaz), comentó que el problema de la Seguridad Social ha sido atendido por ese gremio desde agosto de 2013 y, debido a que ello generaba incertidumbre en las cuentas individuales de los docentes, se convirtió en “una de nuestras principales banderas para encauzar el rumbo de la Universidad”.
Reiteró que la demanda que interpusieron los profesores en enero de 2014 fue rechazada por la PGJE y por tal motivo se turnó a la PGR, organismo que declinó su competencia en ese caso y ahora un tribunal dictaminó que la demanda corresponde al fuero común.
“Entonces nosotros queremos que la Procuraduría actúe en consecuencia porque hemos visto que en ocasiones guardan los expedientes y de pronto reaparecen. Lo digo porque el sindicato lo ha sufrido: hace un año pusimos una demanda, no pasó nada, y hace dos meses salió de nuevo a la luz pública, pero sigue sin pasar nada porque la demanda no la hemos quitado”, expuso.
Sin embargo, esta demanda que interpusieron los tres académicos es de especial importancia porque “lo que resulte para ellos, resultará para los poco más de 3 mil docentes que trabajan en la Universidad”, explicó Sánchez Pérez.
Terán Fuentes señaló que fue a partir del año 2010 cuando el entonces Rector Francisco Javier Domínguez Garay decidió unilateralmente no enterar el recurso retenido a los docentes por concepto de Seguridad Social y destinarlo a otros rubros.
En ese sentido, el secretario general del Spauaz manifestó que “cuando se abrieron campus sin ninguna justificación seria y sólida, la responsabilidad la lleva la administración central, y quiero ser tajante en que la administración del rector Domínguez fue unipersonal: la gente estaba con él o no estaba”.
“Afirmo esto no para excluir al sindicato de la parte que le pueda corresponder de responsabilidad, pero, por ejemplo, en la escuela de Agronomía se presentó una propuesta de abrir un nuevo campus en Valparaíso con un programa llamado Desarrollo Sustentable y aunque no era viable, la respuesta del rector Domínguez fue: con ustedes o sin ustedes se abre”.
Sánchez Pérez enfatizó que en ése y muchos otros casos no había recurso para pagar el salario de los docentes que integrarían esos nuevos programas y entonces se utilizaba el que se retenía al resto de los profesores por la Seguridad Social.
Por último, Hurtado solicitó atención de las autoridades, porque después de 2 años y 8 meses es evidente que no han sido beneficiados con la justicia pronta y expedita que se establece en la Constitución. También exhortó a los docentes a que consulten y se informen sobre sus cuentas, porque todos se han afectado con esa situación.
A su vez, Sada Villarreal puntualizó que el ISSSTE incurrió en omisiones al no cobrar o exigir oportunamente el recurso que la Universidad descontaba a los profesores y las aportaciones patronales en los fondos de pensiones y de vivienda.
Luego del pasado emplazamiento a huelga, la administración central encabezada por Armando Silva Cháirez enteró el recurso de Seguridad Social de tres bimestres y se espera el reporte de julio-agosto. El pago de los dos últimos bimestres del año será responsabilidad de la nueva administración.
Federación retiene presupuesto ordinario a la
Universidad y no podrá pagar salarios
Debido al adeudo de 350 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), el Gobierno Federal retuvo el presupuesto ordinario a la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ) y por lo tanto no habrá recursos para pagar el salario del personal administrativo y académico este viernes.
Antonio Guzmán Fernández, Rector de la Máxima Casa de Estudios de la entidad, informó que la retención de las participaciones federales a la Universidad, por los impuestos que adeuda, afecta directamente el pago del salario de todo el personal.
Dijo que la institución se amparó provisionalmente con el objetivo de detener la retención de los recursos, pero a pesar de ello las autoridades federales continuaron con el procedimiento y “la consecuencia es que no habrá para pagar quincenas”.
Ante esa situación, “yo creo que nos vamos a trasladar mañana, una parte del Consejo Universitario, a la Secretaría de Hacienda, a la Ciudad de México, para que nos den una audiencia”.
Reiteró que este viernes no habrá recursos para pagar el salario, ya que gran parte del subsidio ordinario que se le otorga mensualmente a la institución se utiliza precisamente para la nómina.
Guzmán Fernández manifestó que “el problema lo vamos a tener que trabajar en conjunto con el Gobierno del Estado, pero también a ellos los ponen en una situación difícil por los compromisos que ellos traen, porque se retienen las partidas federales que vienen al Gobierno del Estado”.
“La retención del presupuesto pone en jaque al estado. Necesitamos unos 80 millones de pesos cada mes para pagar salarios y ahora la opción va a ser la movilización hacia la Ciudad de México”, agregó el Rector.
Indicó entonces que convocará a la Presidencia Colegiada del Consejo Universitario y a los consejeros a trasladarse a la capital del país, plantarse hasta que las autoridades los reciban para una audiencia y exponerles la situación, sobre todo porque esta administración apenas tiene un mes de haber iniciado.
“La idea es que nos escuchen, que llevamos un mes de haber entrado y que no nos habían querido recibir ni atender. Nos trasladaremos la Presidencia Colegiada y una parte del Consejo Universitario y podría ser hasta un camión”, expuso Guzmán Fernández.
Reiteró que el motivo de la retención es por el adeudo de 350 millones de pesos a la Secretaría de Hacienda por concepto de impuestos, mismos que no se pagan desde junio de 2015.
