■ Desaparición de estudiantes y asesinato del Ejército de presuntos delincuentes, dos muestras
■ Migrantes padecen además de abusos del crimen organizado, afectaciones de la autoridad, dijo
Los casos de desaparición forzada de estudiantes de Ayotzinapa, Guerrero, y el asesinato a manos del Ejército de presuntos delincuentes cuando ya se habían rendido, evidencian como el país vive un difícil momento de conflicto en materia de derechos humanos, pese a ser una de las naciones con el mayor sistema de ombudsman del mundo, asevera Rosalinda Salinas Durán, experta en temas de derechos humanos, seguridad y justicia.
Durante su participación en el programa Synergia de La Jornada Zacatecas TV, señaló que ambos casos permiten hacer un alto en el camino y reflexionar acerca de lo que se ha trabajado históricamente en la materia, lo que falta por hacer y los resultados obtenidos hasta ahora pese a los grandes presupuestos que para ello se dedican. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) maneja mil 400 millones de pesos para este año.
Pese al recurso y el número de ombudsman en México, dice la ex visitadora de la Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal, actualmente hay situaciones de extrema precaución y en el país hay una moneda de dos caras; hacia el norte una política más abierta y liberal en resguardo y respeto de las garantías individuales, pero en la frontera sur de país es lo contrario.
Además a nivel central se tiene un panorama complicado porque está cercana la posible renovación del presidente de la CNDH, Raúl Plasencia, cuyo trabajo ha sido altamente cuestionado por intelectuales y defensores en la materia.
Marco Torres Inguanzo, conductor del espacio televisivo alude a las Comisiones de Derechos Humanos locales, algunas de las cuales podrían pasar como instituciones de ventanilla y sin autonomía, motivos por los cuales su eficiencia y eficacia se ha visto bastante afectadas; algunas tienen presupuestos altos pero sus indicadores de productividad han bajado.
Rosalinda Salinas consideró que el primero elemento indispensable para que las Comisiones de Derechos Humanos funcionen, debería ser la convicción de quienes las encabezan. Aunque una autonomía real, no se puede ser exitosos, “no puede haber fotos de ningún gobernador en sus oficinas ni pueden estar pintadas de ningún color partidista-gubernamental.
Además, en tanto no tengan autonomía presupuestal también está el riesgo de cooptadas para realizar investigación no jurisdiccionales y por ende lograr la eficiencia.
La también consultora independiente, alude que a que recientemente el gobernador de Zacatecas, Miguel Alonso recibió de la CNDH una recomendación de una queja iniciada hace 4 años de manera local, de modo que las víctimas debieron esperar ese tiempo para tener una respuesta de la investigación.
Mientras que en los casos de Ayotzinapa y Tlatlaya la CNDH ha sido lenta, con los normalistas tardó seis semanas en la investigación cuando la acción de violación de derechos humanos ha sido irrefutable y contundente.
Dice que las fosas encontradas con cuerpos ya son de por sí, una presunción suficiente para que la CNDH se pronuncie y dé las medidas cautelares necesarias para los familiares de los desaparecidos y ellos mismos, pues entre más pase el tiempo menos posibilidad hay de encontrarlos.
Independientemente del escenario del país, a decir de Rosalinda Salinas, el peor sería caer en la idea de que las Comisiones de Derechos Humanos no sirven, porque también hay buenos ejemplos y no se les debe perder la confianza, sino fortalecerlas mediante críticas constructivas.
Ya que insiste, en que para hacer un pronunciamiento oficial donde se diga si hay o no violaciones de derechos humanos, basta la convicción de quienes las conforman, al tratarse de personas con la capacidad para señalar las actuaciones del Estado.
Migrantes Centroamericanos
Por otro lado la especialista analiza la situación de migrantes centroamericanos. En país hay 68 casa de asistencia a ese sector, algunas a cargo de religiosos como la del padre Alejandro Solalinde, las cuales emergen ante la falta de asistencia del Estado.
Los migrantes padecen además de las extorsiones y abusos del crimen organizado, afectaciones a manos de la autoridad; actualmente algunas cárceles tienen población migrante. La mayoría en Chiapas y lo preocupante es que de todos es conocido las violaciones del sistema de justicia en México, de modo que con ese sector se genera incertidumbre sobre los procesos que han podido llevar porque no siempre tienen defensa o se avisa a sus consultados, por contrario se les fabrican delito.
De ahí la necesidad de que se revise la situación jurídica de miles y se creen redes de protección y tránsito para que puedan llegar a su destino. Es ahí donde han entrado las asociaciones civiles para subsanar las ausencias del Estado. Mientras, las políticas públicas migrantes tienen una doble cara.
Justicia militar
El respecto de los derechos humanos a manos de militares también es otro tema digno de atención dice Salinas Durán y el caso Tlatlaya en el Estado de México desata el análisis acerca de las quejas de tortura y desapariciones forzadas de las que algunas veces son acusados, por tanto los esfuerzos para que los militares sean juzgados en la vía civil y no sólo en la jurisdicción militar.
Para ello ya existe una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la cual señala que cuando haya intervención de militares con población civil, se les debe juzgan por el orden civil para evitar impunidad y que se diluya el caso como se intentó en el caso de la indígena Ernestina Ascencio Rosario, violada y asesinada por militares en 2007.
De ahí la importancia de la visitaduría específica para casos de participación de militares que tiene la CNDH, desde donde se deben mandar mensajes de que no hay impunidad y el Estado no puede resguardar los derechos humanos de un militar por sobre todo. Por tanto, en el caso Tlatlaya la Comisión deber ser más ágil y emitir a la de ya recomendaciones.
Ante el contexto actual del país, la especialista insiste en que el país el país está en un momento crítico y claro. Ayotzinapa y Tlatlaya son preocupantes y si antes se necesitaba pretexto para ver hasta dónde han llegado las violaciones a los derechos humanos en el país; se debe hacer un alto a fin de que sociedad no vea ese tipo de hechos y la violencia como algo que se ha normalizado.
La ex visitador de la CDHDF se pronuncia porque ni Tlatlaya ni Ayotzinapa se olviden como sucedió con la indígena Ernestina, por contrario, los casos se deben llevar en la memoria para que no vuelva a pasar.
Además, en la coyuntura de la renovación o ratificación de Plasencia, la CNDH debe entender que es una posibilidad refundacional no se pueden tener mil 400 millones de pesos al año y se carezca de una percepción social de ser una instituciones de control y respeto de los derechos humanos y por ende coadyuvante para generar gobernanza.
