México, DF. Integrantes de la Federación de Militares Retirados General Francisco J. Múgica (Femirac) marchan del Zócalo capitalino a la residencia oficial de Los Pinos, en apoyo a los ocho integrantes del Ejército Mexicano que han sido señalados como responsables de haber asesinado a 22 presuntos integrantes de un grupo delictivo dentro de una bodega en el poblado de San Pedro Limón, en el municipio de Tlatlaya, estado de México.
El general Samuel Lara Villa, presidente nacional de esa agrupación, ha señalado que la intención de esta marcha será exigir que los ocho militares acusados en este caso sean juzgados con apego a la ley y reciban todas las garantías del debido proceso.
El militar retirado no estará presente en la movilización que se ha convocado, principalmente a través de la cuenta #yosoy26 de Facebook, y en la que se espera que participen familiares de integrantes de las fuerzas armadas.
El pasado 30 de junio en una bodega localizada en la comunidad de San Pedro Limón, presuntamente un grupo de ocho militares arribaron al lugar y sostuvieron un enfrentamiento que duró entre ocho y diez minutos con un grupo de hombres armados, de acuerdo con las investigaciones de la Procuraduría General de la República (PGR).
Sin embargo, fuentes militares han mencionado que durante las primeras indagatorias se investigó la participación de 25 efectivos del 102 Batallón de Infantería.
Según la PGR, los militares abatieron en enfrentamiento a 14 personas –la mayoría de entre 15 y 22 años de edad— que se encontraban dentro de la bodega y que supuestamente mantenían privadas de la libertad a tres mujeres.
Una vez que los tenían controlados, tres militares (un sargento y dos elementos de tropa) ingresaron al lugar y con las armas de los presuntos delincuentes que ya habían sido abatidos, abrieron fuego contra ocho personas que habían quedado heridas o ya se habían rendido.
Sin embargo, de acuerdo con la estimación realizada por el criminólogo José Luis Mejía Contreras, al menos 14 de las 22 personas fueron colocadas a menos de un metro de las paredes de la bodega y los militares les dispararon a corta distancia.
A todas las víctimas, según las declaraciones del criminólogo –publicadas en La Jornada el pasado 26 de septiembre—se les mantuvo arrodillados o tirados bocabajo en el piso, y sus cadáveres fueron acomodados para que pareciera que habían sido abatidos en enfrentamiento y se les sembraron armas y cargadores.
La PGR ya consignó ante un juez federal a cuatro militares, tres de ellos por homicidio agravado (el sargento, dos elementos de tropa) y un teniente por el delito de encubrimiento. Asimismo, otros cinco integrantes del Ejército Mexicano que presuntamente participaron en los hechos se encuentran presos y sujetos a proceso penal en el ámbito militar por faltas a sus deberes y obligaciones establecidas en las leyes castrenses.
