Fitch Ratings el 6 de junio, bajó la calificación de la deuda soberana de México de largo plazo, tanto en moneda extranjera como nacional, de estable a negativa. Ellos sustentan la baja calificación, por el “mayor riesgo para las finanzas públicas, debido al deterioro crediticio de Pemex, junto a una perspectiva débil para la economía”.
De igual forma, la calificadora Moody’s, le baja la calificación de la deuda al país y a Pemex, debido al debilitamiento de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas.
Al respecto hay que señalar que la debilidad de las finanzas públicas y de la confianza de los inversionistas y de las perspectivas económicas, son resultado de la propia política de austeridad fiscal a que se ve obligado el gobierno a instrumentar para asegurar el pago de la deuda, sobre la cual es evaluado por las Calificadoras. Las políticas fiscales restrictivas encaminadas a generar ahorro para el pago de la deuda, son las que debilitan la actividad económica y reducen la captación tributaria y prosigue la debilidad de las finanzas púbicas.
Se evidencia lo contradictorio e inoperante de las políticas que impone el capital financiero internacional, sobre las cuales las Calificadoras evalúan al país. Si éste no cumple con ellas le bajan la calificación, y también la bajan, por las consecuencias negativas que de ellas se derivan, tal como debilidad de la economía y de las finanzas públicas.
Hay que resaltar que Pemex y la CFE son empresas de alta rentabilidad que tienen capacidad de pago, lo que se manifestará en el corto plazo, como resultado de la reestructuración y capitalización de que están siendo objeto. Ahora que el nuevo gobierno está enderezando el rumbo, y trata de capitalizar a Pemex y a la CFE, se les baja la calificación crediticia, lo que viene a dificultar dicho proceso, pues la baja calificación crediticia tiende a aumentar la tasa de interés de los créditos que soliciten en los mercados internacionales.
Fitch destacó que Pemex no cuenta con los suficientes recursos para invertir en producción de petróleo y espera que ésta se contraiga. Y añade que “el panorama de la petrolera podría estabilizarse si se le permite retener suficiente de su flujo de capital interno para estabilizar su producción y restituir sus reservas”. El problema es que no permiten que el gobierno trabaje con gasto deficitario, porque le bajarían la calificación crediticia, por lo que sus posturas están encaminadas a que el gobierno deje de invertir en el sector energético y sea el capital internacional el que pase a invertir en él y se apropie de la riqueza ahí generada.
Mientras continúe la política de austeridad fiscal, el gobierno no podrá lograr cubrir el pago de la deuda, debido a que los recortes presupuestales debilitan el ingreso nacional, la recaudación tributaria y las finanzas públicas y no podrá rescatar a Pemex y la CFE.
Perfectamente el gobierno puede tener un gasto público deficitario de 3.5% del PIB a favor de Pemex y la CFE para impulsar la inversión, su producción y generación de servicios respectivamente, para que incrementen sus ingresos y hagan frente al pago de su deuda. Tal gasto deficitario no generaría inflación, ni presiones sobre el sector externo, sino al contrario, mejoraría la balanza de comercio exterior, por lo que no tendría que emitir deuda. El déficit fiscal se autofinanciaría por la propia dinámica económica impulsada, que incrementaría el ingreso nacional y la recaudación tributaria.
Hay que señalar que un gobierno soberano que tiene control de la moneda, no tiene problema para hacer frente a la deuda que está en su moneda. La reestructura permanentemente. En el caso de la deuda externa, Pemex es ahorrador y generador de divisas, lo que le permite cubrir el pago de su deuda. El proceso de reestructuración que Pemex y la CFE están teniendo con la nueva administración, y la inversión que están realizando, les permitirá en un corto y mediano plazo, obtener los recursos suficientes para hacer frente al pago y reducción de su deuda externa.
Las calificadoras deben evaluar a la política fiscal, no en torno a que si tiene superávit o equilibrio fiscal, sino respecto al impacto que dicha política tiene sobre la actividad económica y si ésta mejorará las condiciones de pago. Las políticas de austeridad fiscal que ellos defienden, nos llevan al estancamiento y no configura condiciones de pago, por lo que seguirán las bajas calificaciones crediticias y la reducción de la participación del Estado en la economía y la mayor privatización y extranjerización de ésta. ■
