Cada año leo en los grupos de Facebook dudas de la marcha del 8 de marzo. Los escriben mujeres que quieren unirse pero que no saben con quién ir, si es seguro, o si hay algún protocolo.
Algunas van, pero a otras tantas sin importar las ganas, las vence el miedo porque suponen que hay riesgo de violencia.
Este año el discurso oficial calentó además el ambiente. Advirtió de la participación de radicales, de operativos policiales preventivos, y corrió el rumor de la prohibición de participar a mujeres trabajadoras de gobierno del estado.
A esa narrativa la ayudaba ya de por sí la existencia de un grupo numéricamente minoritario que considera a la iconoclasia como su mejor manera de protestar, y la manifiesta rompiendo vidrios, grafitiando y prendiendo fuego eventualmente.
Es natural que en un acto político en el que participen miles de personas haya diferencias en los métodos de lucha, o matices ideológicos que se encuentran, y a veces incluso se confrontan. Pero domina una causa común que hace finalmente que se sumen los esfuerzos y se articulen las formas de lucha, de tal suerte que quepan todas.
A nombre de esa causa común y con la sororidad por delante, a diferencia de otros movimientos donde hay líneas o límites de acción claras, las luchas feministas no se han desmarcado, sino que han arropado las manifestaciones iconoclastas al grito de “fuimos todas”, y han defendido esa forma de protestar incluso quienes no la ejercen o quizá hasta difieren de ella.
El riesgo de ello es hacer propio no solo lo que realicen compañeras, sino cualquier infiltrado que encuentre en las capuchas, el anonimato y la incuestionabilidad de las acciones violentas el blindaje suficiente para acciones delictivas de motu proprio.
A eso se suma el riesgo de que para una parte de la sociedad esto legítima el uso de la violencia por parte de quién se supone tiene el monopolio de ella, el Estado.
Quizá pensaron que eso sería suficiente para justificar la intervención policial del pasado 8 de marzo. Pero no es el caso.
La movilización de este año fue incluso más pacífica que la anterior, las vallas metálicas fueron efectivas. También las protecciones de los comercios y las cortinas cerradas.
Cierto es que hubo grafitis, hojas pegadas y cartelones, y quizá algunos cuantos vidrios rotos. Fueron menos que en años anteriores y aunque de consideración, se trata de daños estéticos (que personalmente lamento), de fácil reparación y de riesgo habitual a manos de otros grupos urbanos como pandillas.
Por el contrario, la nota violenta la dio el operativo policial.
La mayoría de las que estuvimos ahí no tenemos en el recuerdo ninguna otra ocasión en la que la policía estatal actuara con tanta intransigencia. Esas imágenes no las vimos cuando los mineros destrozaron la puerta del Teatro Calderón; tampoco cuando las manifestaciones sindicales de inicio de este sexenio desquiciaron la ciudad paralizando entradas y salidas; ni cuando los familiares del niño Teo tomaron el bulevar por horas, o cuando los mineros tomaron la carretera federal.
Por la incomodidad que causan sus formas, habrá quien imagine que la represión se dirigió al bloque negro, pero no fue el caso. Las detenciones del pasado viernes no se realizaron mientras se realizaba un graffiti o se destrozaba un vidrio, por el contrario, llegaron cuando la Plaza de Armas casi se encontraba vacía.
Los policías no salieron de su trinchera tras las encapuchadas, tampoco tras las que portaran mazos, o siquiera aerosoles.
En el discurso oficial se habla de policías heridas que nadie vio y se habla que resistieron dos horas de agresiones. Suponiendo sin conceder que eso fuera cierto, ¿Cómo justificar dos horas de inacción o tolerancia (según quiera verse) para luego actuar cuando lo álgido ya pasó y cuando la participación está menguante? ¿qué garantías tienen de que las detenidas tenían dos horas en un actuar que mereciera su detención?
¿Cómo justifican la violencia contra periodistas agredidas con cámara en mano cuando es notorio que no representaban más peligro que el que su talento y sus lentes podían plasmar?
¿De que pensaban acusar a la periodista Nancy García? ¿Qué resistencia pudo haber hecho que justifique legalmente que se azotara su cabeza contra la pared según su propio testimonio?
Las paredes del callejón de las campanas todavía ayer tenían rastros de sangre que la activista Eugenia Hernández reconoce como suyos. ¿Qué pudo hacer una mujer como ella para merecer la fuerza policial de ese tamaño?
No hay lógica ni policial ni siquiera política que permita comprender el operativo desplegado.
¿Se trató de un escarmiento?,¿De una venganza?, ¿de la torpeza de algún voluntarioso? ¿Fue la desobediencia de un temperamental? ¿O acaso la incompetencia de algún jefe policíaco?
¿Es producto de un machista empoderado? O, a juzgar los resultados ¿De un enemigo infiltrado?
Pensarán algunas que acertaron en tener miedo. Quizá sí, pero ese miedo más temprano que tarde se convertirá en coraje.
