“La diferencia entre una democracia y una dictadura consiste en que en la democracia puedes votar antes de obedecer las órdenes”
-Charles Bukowsky
El ya muy recurrente debate sobre la interrupción legal del embarazo, ha alcanzado esferas públicas y privadas. Los grupos pro familia tradicionalistas y los colectivos pro aborto han tomado los espacios de maneras tanto institucionales como disruptivas para comunicar su mensaje.
Eso en realidad no preocupa; la polarización de las ideas es base fundamental del Estado democrático. Lo que sí es de urgente atención, es la actuación de la representación partidista en los recintos legislativos. Los que fueron electos por la preferencia izquierdista están posicionándose abiertamente con las ideas que históricamente han sido defendidas por las corrientes de derecha.
Hay dos cosas que deben ser analizadas prontamente: la migración de actores políticos que no están representando a sus votantes, y el actuar desde la perspectiva personal de los representantes políticos. Es que urgen medidas al interior de las instituciones políticas para garantizar que los servidores públicos pertenecientes a cualquier poder, tengan la capacidad de trabajar independientemente de sus intereses e ideologías individuales para trabajar con las demandas de la ciudadanía a la que se representa.
Y ya entrando en la premisa mayor del debate, la legislación para legalizar la interrupción del embarazo debe plantearse en cámaras como un ejercicio dialéctico propio de la filosofía jurídica: alcanzar a analizar en la discusión los fundamentos, alcances y límites de la propuesta de la ola verde. Asimismo, analizar las reformas constitucionales sobre la protección a la vida en el mismo sentido.
El encuentro de las opiniones, en la medida en la que se institucionalicen dentro de un diálogo ordenado, permitirá que ese mismo debate dentro de la agenda pública, se dé en términos similares de orden y no de descalificación como las redes y el mundo digital han permitido.
Hay factores indispensables para abordar en la discusión epistémica de esta premisa: los posicionamientos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud, los antecedentes jurídicos de otras entidades y/o países, la relación estrecha entre las condiciones de pobreza y el número de abortos clandestinos, el gasto de salud pública, las prácticas médicas actuales, índices de desarrollo humano, nivel de escolaridad de las mujeres y demás elementos menores que rodean el debate principal: la interrupción legal del embarazo.
Es imperante que los grandes debates como éste, se den en el sentido más responsable posible: aportando la mayor cantidad de información, abriendo las vertientes en todos los rubros para no descuidar las posibles consecuencias jurídicas, pero sobre todo es indispensable que tanto detractores como simpatizantes logren comprender al final de la discusión que en una república democrática, los ordenamientos jurídicos no son complacencias musicales; no todo es a gusto ni a modo propio, y ceder en lo que no apoyamos personalmente, pero que conviene a la mayoría en sus propias esferas jurídicas, es comprender y adoptar la postura más demócrata posible.
