Montesquieu, el filósofo de la teoría tripartita del poder, distingue tres en la sociedad política: Legislativo, encargado de dictar el orden jurídico general; Ejecutivo, responsable de la aplicación de las leyes y de la administración pública, así como el Judicial, que se ocupa en solucionar los conflictos que surgen entre las personas.
Sobre la facultad de juzgar, en el Tomo I de su obra Del Espíritu de las Leyes, refiere que los romanos siguiendo el ejemplo de los griegos, introdujeron fórmulas de procedimiento e instauraron la necesidad de actuar en cada caso según la fórmula apropiada. Ello era necesario para su manera de juzgar, pues había que delimitar el estado de la cuestión para que el pueblo la tuviese siempre a la vista. De otro modo, en el transcurso de un asunto importante, el estado de la cuestión cambiaría continuamente y sería imposible reconocerle.
De ahí que los jueces romanos no concedían más que lo demandado expresamente, sin aumentar disminuir ni modificar nada. Pero los pretores idearon otras fórmulas de procedimiento que se llamaron de buena fe, en las que la manera de fallar quedaba a la discreción del juez, cosa que estaba más de acuerdo con el espíritu de la Monarquía. Por eso los jurisconsultos franceses dicen: “En Francia, todos los procedimientos son de buena fe”.
Por su parte, Maquiavelo atribuye la pérdida de la libertad de Florencia, al hecho de que el pueblo no juzgaba en cuerpo, como en Roma, los delitos de lesa Majestad cometidos contra él. Había para ello ocho jueces, “para sobornar a pocos, basta con poco”. Pero como el interés político violenta, por así decirlo, el interés cívico (siempre es inconveniente que el pueblo juzgue sus propias ofensas), es preciso, para remediarlo, que las leyes provean, en la medida de lo posible, la seguridad de los particulares.
Con este fin los legisladores romanos hicieron dos cosas: permitieron a los acusados el exilio antes del juicio y dispusieron que los bienes de los reos fueran consagrados para que el pueblo no disfrutara de su confiscación. Solón supo prevenir el abuso que podía hacer el pueblo de su potestad de juzgar los delitos, disponiendo que el Areópago revisase el caso: si creía al acusado absuelto injustamente le acusaba de nuevo ante el pueblo, y si le creía injustamente condenado, suspendía la ejecución y hacía juzgarlo de nuevo. Ley admirable que sometía al pueblo a la censura de la magistratura que más respetaba, y a la suya propia. Será conveniente usar de lentitud en tales casos, sobre todo si el acusado está preso para que el pueblo pueda calmarse y juzgar sin apasionamiento.
Pero, en los Estados despóticos, el príncipe puede administrar justicia por sí mismo. No es así en la Monarquía ya que la constitución sería destruida y los poderes intermedios reducidos a la nada, cesarían todas las formalidades de los juicios, el temor haría presa en los ánimos, se vería la palidez en todos los rostros; la confianza y el honor dejarían de existir; desaparecerían el amor y la seguridad y hasta la propia Monarquía.
Otras reflexiones: en los Estados monárquicos, el príncipe es la parte que persigue a los acusados haciéndoles castigar o absolver: si juzgase él mismo, sería a la vez juez y parte. En dichos Estados el príncipe suele beneficiarse de las confiscaciones; por tanto, si juzgase los delitos, sería también, al mismo tiempo juez y parte. Además perdería el más hermoso atributo de su soberanía que es el de indultar, no tendría sentido que hiciera y deshiciera sus propios juicios y no querría estar en contradicción consigo mismo. Y, por añadidura, esto confundiría todas las ideas: no podría saberse cuando un hombre era absuelto o indultado.
Cuando Luis XIII quiso ser juez en el juicio del duque de La Valette, llamó a su gabinete a algunos ministros del Parlamento y a algunos consejeros de Estado, obligándoles a opinar sobre el decreto de prendimiento. Entonces el presidente Bellievre dijo: que veía en aquel asunto una cosa muy extraña: un príncipe opinando en el proceso de uno de sus súbditos, que los reyes se habían reservado los indultos, y que tenían otros para que impusieran las condenas. ¿Le gustaría a Vuestra Majestad ver ante su presencia a un hombre en el banquillo, quien, por vuestro juicio, iría a la muerte una hora después? El rostro del príncipe, portador del indulto, no puede soportar esto, que sólo su vista alzaba el entredicho de las iglesias y que todos deben retirarse contentos de la presencia del príncipe.
Cuando se juzgó el fondo de la cuestión, el mismo presidente dijo: que un rey de Francia en calidad de juez por su voto haya condenado a muerte a un hombre, es un juicio sin ejemplo, y aún contra todos los ejemplos del pasado.
Las sentencias dictadas por el príncipe serían una fuente inagotable de injusticias y de abusos los cortesanos forzarían sus juicios gracias a su impunidad. Algunos emperadores romanos tuvieron la manía de juzgar: ningún otro reinado asombró más al universo por sus injusticias.
