La Calificadora Internacional Standard & Poor’s (S & P) al bajar la calificación de estable a negativa al gobierno, como a Pemex y a la CFE por considerar que el apoyo del gobierno a Pemex impactará a las finanzas públicas y ello comprometerá el pago de la deuda, deja de considerar el impacto positivo que esa ayuda a tales empresas tendrá en su crecimiento y por lo tanto en su capacidad de incrementar exportaciones (en el caso de Pemex), y sus ingresos, lo que permitirá hacer frente al pago de sus deudas. Al cuestionar el eventual déficit fiscal en que podría caer el gobierno al apoyar a Pemex y a la CFE, y al orillar al gobierno a la austeridad fiscal, ignora el impacto recesivo que la restricción del gasto y la inversión pública tiene sobre la actividad económica, como sobre la industria energética, lo que las descapitaliza y merma su capacidad de crecimiento y de generación de ingresos para hacer frente al pago de la deuda.
Las calificadoras crediticias evalúan la capacidad de pago de la deuda de los gobiernos y de las grandes empresas, y tienen que entender que las políticas de austeridad fiscal y de reducción de la deuda que ellos recomiendan, no genera condiciones de pago, debido a que contraen la actividad económica y el ingreso nacional y la recaudación tributaria.
Al oponerse las calificadoras internacionales al gasto deficitario del gobierno y a su mayor deuda, llevan a la economía al estancamiento, y a reducir el ingreso de empresas e individuos, por lo que sobre endeudarán al sector privado y menos condiciones de pago tendrán tanto el sector público como privado, y continuarán reduciendo las calificaciones crediticias al gobierno, al sector energético, como a las empresas privadas. A ello conduce el rechazo de las calificadoras a que el gobierno trabaje con déficit fiscal y más deuda.
Ellos han bajado la calificación crediticia ante las menores perspectivas de crecimiento de la economía, y el problema es que al oponerse ellos al déficit fiscal y a la mayor deuda, menos crecimiento pasará a tener Pemex, la CFE y la economía, y menos condiciones de pago de la deuda se tendrá. Esas calificadoras deber revisar los marcos teóricos de las políticas económicas de austeridad fiscal que defienden, que nos han llevado al estancamiento, al sobre-endeudamiento y a la incapacidad de pago. Si insisten en tales políticas es debido a que favorecen al gran capital que termina invirtiendo donde el gobierno deja de hacerlo al tener que trabajar con superávit fiscal.
Ante el rechazo de S & P al déficit público y a la mayor deuda, orilla a Pemex y a la CFE a la mayor privatización y extranjerización, como a la colocación de acciones en el mercado de capitales. No reconoce su alta rentabilidad y potencial de poder crecer a través del déficit público y así generar el excedente necesario para el pago y la reducción de la deuda. Si tales empresas cayeron en alto endeudamiento, fue por las prácticas corruptas presentes en las anteriores administradoras. Con el nuevo gobierno ello terminará y resurgirán los altos niveles de rentabilidad de tales empresas, por lo que no tienen las calificadoras que cuestionar al gobierno federal que trabaje con gasto deficitario a favor de Pemex y la CFE. De no aceptar ello, se evidenciará que ellas están por la privatización y extranjerización del sector energético mexicano, evidenciando los intereses a los cuales ellas responden.
La política fiscal debe ser evaluada en torno a su impacto en la actividad económica y no respecto al déficit o el monto de la deuda. Si el déficit fiscal y la mayor deuda van dirigidas a potenciar al sector petrolero y eléctrico, como al sector productivo, se va a incrementar la generación de riqueza en el país que hará frente al pago de la deuda, por lo que se reducirá el déficit fiscal y el monto de la deuda.
El gasto deficitario no sería inflacionario debido a que la economía tiene capacidad ociosa y desempleo y subempleo, por lo que podría incrementarse la producción para satisfacer la mayor demanda, sin generar presiones sobre precios, salarios y el sector externo. Ello incrementaría el ingreso de empresas e individuos y los ingresos tributarios y se mejoraría las condiciones de pago de la deuda y de crecimiento económico.
