■ El son del corazón
Para la gente de Salaverna
y los locatarios del mercado González Ortega
El país maromea entre aires agitados. La desconfianza social cae en la confusión, cuando se amaga con suspender las garantías individuales ¿Está pasando algo raro en lo más profundo de México?
Se afirma doctoralmente que la suspensión o restricción de derechos es sólo por tiempo limitado, nomás mientras pasa una emergencia, y que existen derechos que en ningún caso pueden suprimirse. Pamplinas. En todo caso, es más contundente el punto de vista de Giorgio Agamben (Roma, 1942), cuando declaró al blog Artillería inminente: “todo el mundo debería saber que es justamente el estado de emergencia, previsto por el artículo 48 de la República de Weimar, lo que permitió a Hitler establecer el régimen nazi. Fue él quien declaró, inmediatamente después de su nombramiento como Canciller, un estado de excepción, y este estado de excepción nunca fue suspendido”.
Ya ocurrieron dos sucesos extraordinarios y no hay explicación satisfactoria acerca de los cambios constitucionales que derivarían en un estado de excepción. Los acontecimientos demuestran que incursionamos, por primera vez en muchos años, en el entorno de la restricción a los derechos, a partir de nuevas reglas de corte restrictivo y represivo.
Primero, tuvimos que adoptar en frío la llegada de la Ley Atenco, de claro espíritu coercitivo y violento, animada por la visión inicua del gobernador mexiquense Eruviel Ávila. Después, durante los días de polución, la Comisión de Gobernación de la Cámara de Diputados aprobó un dictamen de la Ley Reglamentaria del Artículo 29 Constitucional, para suspender o restringir las garantías individuales. ¿De qué se trata esto?
La Ley Atenco
Según la “Ley Atenco”, bautizada así por la población pero redactada por instrucciones del gobernador del Estado de México, es posible contener la protesta social en la región mexiquense, se puede suspender el derecho a la libre reunión y, ya apresurados en una visión optimista, podrá impedirse el derecho a la libre asociación. Con esta ley, las policías estatales y municipales estarán autorizadas para decidir acerca de la ilegalidad de una movilización ciudadana, y también podrán definir en qué consiste alterar la paz y el orden público. Es una medida que sugiere a cualquiera como un posible enemigo.
¿Cómo preferiría usted ser neutralizado por los grupos compactos de gente blindada al servicio de Eruviel, que husmea con insolencia detrás de sus lentes oscuros? ¿Con toletes y gases lacrimógenos, o con macanas, golpes o ración de patines? ¿Es usted aficionado a las esposas rígidas y candados de pulgares? ¿Qué le parece una sesión de descargas eléctricas donde le dije?
Los meses futuros se advierten cargados de aires bochornosos. Eruviel y sus muchachos inaugurarán un nuevo estilo para tratar a la gente irritada e inconforme. Ya no más bloqueo de carreteras ni toma de edificios públicos; se terminarán las marchas espontáneas y los piquetes callejeros. Serán acallados los críticos en contra del grupo conservador de Toluca y se suprimirá con dureza la voz de quienes osen continuar con la cantaleta de la casa blanca.
El 19 de marzo pasado, en la legislatura local del Estado de México, se votó una iniciativa enviada por el gobernador y aprobada por la totalidad de los partidos políticos ahí reunidos, incluido el PRD, con excepción de Morena. De esta manera, blandiendo su garrote, Eruviel Ávila se da a conocer como pre-candidato del PRI para las elecciones del 2018 y dibuja en el imaginario colectivo cuál será su método preferido, con el uso excesivo de la fuerza, para disminuir el reclamo social.
Quienes observaron con perspicacia, a partir de su recelo natural, el activismo de Eruviel, fueron los campesinos de Atenco. Piensan que esta nueva ley está dedicada a ellos, al ser considerados el obstáculo principal para expropiar los terrenos de su ejido, considerados esenciales para la construcción del nuevo aeropuerto. Ignacio del Valle, dirigente principal de los atenquenses, reveló a SDPnoticias que la Ley Atenco es “una ley represiva, de bala, de muerte, de persecución, de encarcelamiento; es una forma velada, sistemática, estratégica, sustentada en la represión, miedo, asesinato y violación de derechos humanos para someter al pueblo”.
Leyes y negocios. El gobernador se mueve para ganar la iniciativa al pueblo de San Salvador Atenco: quiere expropiar sus terrenos a favor de los inversionistas financieros y los desarrolladores inmobiliarios, pero no desea caer en el error represivo de Peña Nieto en 2006. Confía en que la Ley Garrote o Ley Atenco, legitimará la severidad con que serán operados los nuevos conflictos que aparezcan, sin necesidad de tener que justificar la violencia de sus policías blindados.
La reglamentación del 29 constitucional
Para la mayoría de los mexicanos, el gobierno de Enrique Peña Nieto no funciona. Los problemas diarios de corrupción, asesinatos masivos, crisis económica, y las amplias licencias concedidas a los poderes fácticos, ya rebasaron la capacidad de las instituciones del gobierno.
El desprestigio internacional cae lapidario sobre la espalda del presidente de la República. El Momento mexicano con que inauguró su sexenio, se transformó en el Horror mexicano, a partir del baño de sangre de todos los días, con secuestros, torturas y asesinatos que nadie sabe cómo detener.
En la actualidad, varios gobernadores de los estados de la república ya alardean su experiencia primaria en la suspensión de derechos, e imponen de facto un feroz estado de excepción para, dicen muy serios, abatir el índice escandaloso de hechos delictivos, con ayuda del ejército y la marina.
Estos ensayos están a punto de adquirir permanencia, si se aprueba el dictamen para reglamentar el artículo 29 constitucional, que será presentado al cuerpo legislativo de San Lázaro. A partir de ahí, el presidente tendrá la prerrogativa de suspender las garantías individuales y declarar el estado de excepción en todo el país, o en alguna de sus partes.
Resulta imposible suscribir este reglamento y ponerlo en manos de un presidente que no puede revertir las opiniones de desconfianza que manifiestan sus gobernados. Para muchos analistas, se obsequia un cheque en blanco a manos irresponsables. Sin embargo, es seguro que la mayoría de los partidos políticos la aprobarán, ¡orden, orden!, sin necesidad de dar explicaciones, por considerarla imprescindible en el relanzamiento del Pacto por México.
Hacia una nueva normalidad
¿Contra quién está dedicada esta iniciativa para reglamentar el artículo 29? De manera inmediata, contra las revueltas ciudadanas; por ejemplo, para suprimir los conflictos poselectorales. En segundo, contra la organización e incursiones de nuevos grupos armados insurgentes. Y, en tercero, contra la movilización civil, derivada de la crisis económica.
Lo interesante de estos tres escenarios consiste en que su contenido puede cristalizar de forma inmediata y, de manera todavía más poderosa, a partir de una combinación de los tres.
El país no tiene salida con el programa neoliberal; luego, se aprueba la represión como método central con que el presidente desea enderezar el timón. Su propuesta de seguridad no sirve para prevenir, sino para actuar sobre los efectos.
Preparémonos para vivir bajo leyes de excepción, que llegarán para quedarse. Giorgio Agamben lo anticipa: “no se trata ya de una medida provisional, sino de un dispositivo de gobierno, es una de las tantas maneras “normales” de gobernar a los hombres”. ■
