Qué explica la desincorporación del Pensionissste del ISSSTE? La conversión de empresa estatal en empresa público-privada. El Fondo de 39 mil cuentas en todo el país y que suman 120 mil millones de pesos, pasarán del espacio del Estado a la administración de una empresa donde habrá participación privada hasta en 45 por ciento.
Lo que explica este movimiento aparentemente extraño, -porque el Pensionissste tenía los mayores rendimientos respecto al promedio de las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores)- son dos móviles enlazados: (1) que el Estado deje de ser garante de los fondos, y (2) la apropiación privada de una parte importante de los rendimientos de dichos fondos. En otras palabras: que el Estado se sacude de la responsabilidad de la seguridad social de los trabajadores al servicio del Estado, y que además, se aprovecha la oportunidad para que la iniciativa privada haga negocio con los fondos de los trabajadores. Es la constante en los motivos de las reformas, sobre todo la energética: la apropiación de la renta petrolera a partir de la privatización de las actividades de Pemex.
Con esta reforma podrán hacer negocios con esos 120 mil millones de pesos, y si hay pérdidas el Estado no responde. ¿A quién beneficia este esquema de manejo de los fondos de la seguridad social de los trabajadores? ¡A los trabajadores no! Porque sus fondos han quedado sin protección o garantía. Pues beneficiará a quienes se aprovecharán del manejo de los rendimientos en los procesos de inversión, y a la élite gobernante que no tendrá que responder por el derecho a la pensión de los trabajadores. La garantía de ese derecho ha sido vulnerada. Veremos en poco tiempo cómo se transforma la llamada “tasa de reemplazo”, el porcentaje con el cual se retiran los trabajadores respecto a su último salario: el promedio de las Afores es de 28 por ciento, lo cual significa que los asalariados se retiran con un monto cercano a una tercera parte de su último pago. Pero en el caso del ISSSTE, la tasa de reemplazo ahora mismo es de 60 por ciento. Pues bien, con este nuevo esquema, el 60 se acercará a 28.
En el gobierno de Peña, la destrucción de los derechos sociales y la consecuente ventaja lucrativa de cierta iniciativa privada por la apropiación de los recursos naturales (energética) y financieros (pensiones), ha sido vertiginosa. Y la corrupción fulminante. Con este último ingrediente, no se necesita ser mago para adivinar que si el Estado ya no tiene responsabilidad sobre los fondos, pues veremos anuncios de malos manejos y pérdidas sospechosas que enriquecerán a ciertos bolsillos y dejarán más frágil a la clase trabajadora. ¿Y los sindicatos no van a responder? La respuesta política en las urnas contra el PRI, Verde, PAN y Panal sería lo más lógico, pero en México la lógica no conduce los acontecimientos. Por lo pronto está en vías de concretarse otra embestida a los derechos sociales de los mexicanos, ya la aprobaron los diputados, faltan los senadores. Otra vez: ¿cuál será la respuesta de los sindicatos?
