Uno se pregunta qué sentido tiene enviar migrantes deportados de Estados Unidos a la República Centroafricana, Sudán del Sur, Liberia, Ruanda o Esuatini. Este último ni Google lo reconoce y lo marca como error: es el reino de Suazilandia, en África austral, donde vive la etnia suazi y, para variar, fue colonia y protectorado de Gran Bretaña.
Por algunas decenas de millones de dólares, los dirigentes de estos países aceptan recibir a migrantes deportados de Estados Unidos. ¿Cuál es la lógica, cuál el sentido? Deportar a migrantes en avión hasta África, a decenas de miles de kilómetros de distancia, para luego pagar millones de dólares a los funcionarios de esos países para que los “acojan”, luego encargar a Naciones Unidas que se encargue de ellos (y esto hay que financiarlo) para atenderlos mínimamente, darles documentos y devolverlos a sus países o a otros lugares que los acojan, sólo se puede hacer cuando hay un presupuesto ilimitado para cometer tropelías con total impunidad.
Esa frase tan socorrida en Estados Unidos de que estos operativos se hacen “con las aportaciones de los contribuyentes” debería indignar a la población. Muy posiblemente detrás de esta siniestra estrategia esté solazándose en su despacho Stephen Miller, segundo responsable de todas estas tropelías.
El servicio diplomático del país más poderoso del mundo se ha dedicado a chantajear a políticos de otros países para aceptar convenios de “tercer país seguro” y aceptar deportados, sabiendo, conscientemente, que son países con muchos problemas de seguridad y donde no se respetan los derechos humanos. Bueno, es un decir, deportar de esta manera es traficar con personas migrantes; ellos son los primeros que no respetan los derechos humanos.
Pero no nos vayamos tan lejos: 13 países de América Latina y el Caribe aceptan migrantes de otros países. Y el primero de todos es México; le siguen los países pobres y pequeños de este hemisferio: Costa Rica, Panamá, El Salvador, Ecuador, Paraguay, Belice, Guatemala, Honduras y Guayana.
Esto empezó en diciembre de 2018, recién estrenado el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, que por medio de su canciller se doblegó ante las presiones de Mike Pompeo, secretario de Estado del primer gobierno de Donald Trump. México no aceptó firmar un convenio de “tercer país seguro”, lo que era pertinente, pero accedió a que en la práctica le enviaran a su territorio a solicitantes de asilo hasta que el juez de migración les diera cita.
Ese acuerdo se llamó Quédate en México y acogió en plena pandemia a más de 70 mil solicitantes de asilo que ya estaban en Estados Unidos y los deportaron para que esperaran en nuestro territorio una posible cita con el juez de inmigración. Se adujeron razones humanitarias. Pero éste fue el principio del fin, pues luego con la pandemia, Trump aplicó una dudosa ley sanitaria para deportar en caliente a miles de migrantes a nuestro territorio. Luego, para rematar, en otra negociación López Obrador decidió aceptar a 30 mil migrantes deportados por mes de países a los que Estados Unidos no podía deportar, como Cuba, Nicaragua, Venezuela y Haití.
Y así empezó todo, ahora Estados Unidos deporta migrantes a los países con los cuales tiene convenio, sin ninguna consideración humanitaria, personal o cultural. Incluso deporta a mexicanos: a un convicto lo deportó a Sudán del Sur y allá está encarcelado; a otros los envía a Centroamérica.
Ya es hora de poner un límite; esta práctica va en contra de todas las normas establecidas de la jurisprudencia internacional, excepto para Estados Unidos, porque tiene convenios o realiza chantajes, como en el caso de México.
Estados Unidos deportó mexicanos a Guatemala, Honduras y Costa Rica, lo que contraviene convenios firmados entre los dos países en esta materia. Los reclamos se han realizado por parte de la cancillería, pero bien valdría la pena explorar demandas en contra de la migra por violar convenciones internacionales.
Si hay algo que entienden en Estados Unidos es de demandas legales. Incluso Trump ha tenido que litigar siendo presidente y ha perdido demandas. Los centros de detención privados, donde fallecieron mexicanos en situaciones claras de abuso y falta de atención médica, ya están demandados.
