El rescate financiero de la Benemérita Universidad Autónoma de Zacatecas (BUAZ) no puede seguir planteándose únicamente como una exigencia de recursos extraordinarios a la Federación. También debe asumirse como una responsabilidad institucional: transparentar plenamente el destino de cada peso que recibe y ejerce. Sin rendición de cuentas, será cada vez más difícil construir el respaldo social y político que necesita la universidad pública.
El paro de actividades iniciado ayer, 5 de noviembre, vuelve a colocar sobre la mesa la gravedad de la crisis financiera universitaria. Sin embargo, frente a la legítima demanda de recursos para garantizar el cierre del año, la Rectoría tiene que ofrecer señales inmediatas de voluntad política para corregir las prácticas que han contribuido al deterioro de su prestigio social.
La campaña «¿Cuánto gana mi profe?» abrió una discusión necesaria sobre las desigualdades salariales dentro de la institución: mientras algunos académicos enfrentan condiciones de precariedad y carecen de tiempo completo, existen remuneraciones y privilegios administrativos que merecen una explicación pública. La solución no es estigmatizar al conjunto del personal universitario, sino conocer la estructura real de la nómina, las compensaciones, las prestaciones y las funciones que justifican cada percepción.
También debe aclararse por qué funcionarios públicos y actores políticos en activo mantienen plazas y cobran horas clase sin que exista suficiente información pública sobre sus actividades docentes. Particularmente cuestionable resulta que quienes perciben ingresos superiores a los 100 mil pesos mensuales por ocupar cargos legislativos en el Senado acumulen horas académicas, mientras profesores con menores ingresos esperan oportunidades laborales y estabilidad.
La BUAZ necesita publicar su nómina íntegra, contratos, honorarios, gasto corriente, viáticos, adquisiciones, deuda y ejercicio presupuestal, con información verificable y actualizada.
La autonomía universitaria no puede convertirse en sinónimo de opacidad. Por el contrario, una universidad pública financiada con recursos de la sociedad tiene la obligación de rendirle cuentas.
La Federación debe cumplir con su responsabilidad financiera, pero la comunidad universitaria también debe emprender su propia transformación. La transparencia no es una concesión: es el primer paso para recuperar la confianza, defender la educación pública y construir el respaldo social que hoy necesita urgente la BUAZ.
