La Presidenta sostiene que las irregularidades no comenzaron con la actual administración del instituto, sino que se consolidaron durante la gestión de Lorenzo Córdova; señala posibles vínculos entre proveedores, exintegrantes del organismo y el partido SOMOS
Ciudad de México. La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó las posibles irregularidades en las contrataciones de material electoral del Instituto Nacional Electoral (INE) y pidió que se investigue a la actual consejera presidenta, Guadalupe Taddei, así como a quienes hayan participado en la estructura del organismo, aunque sostuvo que la red de empresas beneficiadas tiene antecedentes de casi tres décadas y se fortaleció durante la gestión de Lorenzo Córdova.
Durante su conferencia matutina, la mandataria rechazó que el esquema de presunta colusión en las compras electorales sea una práctica surgida con la llegada de Taddei al INE, pero dejó claro que tampoco debe descartarse una eventual responsabilidad de la actual titular del organismo.
«Nadie defiende si realizó un acto ilegal, tiene que verlo la Auditoría Superior y la Fiscalía, de ella y de quien haya participado en la estructura del INE», expresó.
Sheinbaum consideró que las investigaciones deben establecer quiénes participaron en las contrataciones, cómo se asignaron los recursos y por qué un grupo de proveedores ha concentrado negocios con organismos electorales durante tantos años.
«¿Por qué todos los contratos electorales acaban con las mismas personas desde 1989?», cuestionó.
La Presidenta sostuvo que, de acuerdo con la investigación de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno, las empresas vinculadas a los hermanos Hernández Casillas comenzaron a participar en el suministro de materiales electorales desde finales de los años 90 y ampliaron sus operaciones a partir de la reforma electoral de 2014.
En particular, señaló que entre 2015 y 2023, periodo en que Lorenzo Córdova encabezó el Consejo General del INE, 23 de los 32 Organismos Públicos Locales Electorales (OPLE) otorgaron contratos a esas empresas por un monto acumulado de 2 mil 94 millones de pesos.
«¿Dónde se vuelven fuertes estos contratistas? Del 2014 al 2023 con ese Consejo General del INE», afirmó.
También cuestionó los vínculos políticos que, según la investigación, existen entre los empresarios y el partido SOMOS, en cuya estructura participan antiguos funcionarios electorales, entre ellos el propio Córdova, el exsecretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina y Marco Antonio Baños.
«¿De quién es el partido SOMOS? De Lorenzo Córdova y todos ellos vinculados con Acosta Naranjo. ¿De dónde salen estos contratistas? De ahí. ¿A dónde regresan esos contratistas? Ahí», manifestó.
La secretaria Anticorrupción y Buen Gobierno, Raquel Buenrostro Sánchez, presentó una cronología de las relaciones empresariales y laborales de los hermanos Hernández Casillas, cuyo origen se remonta a su paso por el Registro Nacional de Población y el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (CISEN), durante la década de los 80.
Expuso que en 1988 se constituyó Cartonera Plástica y que, en 1999, esta empresa comenzó a participar como proveedora electoral en el Estado de México. En 2005 obtuvo un contrato por 63.7 millones de pesos del instituto electoral de esa entidad, operación que estuvo acompañada de denuncias por presuntas irregularidades y sobornos, las cuales derivaron en la renuncia de siete consejeros electorales.
Posteriormente, entre 2012 y 2013, los empresarios diversificaron sus compañías y contratos con organismos electorales de Jalisco, Tabasco, Guerrero, Quintana Roo, Zacatecas e Hidalgo.
Buenrostro agregó que, entre 2024 y 2025, ya durante la presidencia de Guadalupe Taddei en el INE, la misma red empresarial obtuvo contratos por 646.3 millones de pesos con 15 organismos electorales locales.
La funcionaria precisó que, debido a la autonomía constitucional del INE, corresponde a su órgano interno de control y a la Cámara de Diputados, mediante la Auditoría Superior de la Federación, revisar las posibles irregularidades, determinar responsabilidades administrativas y, en su caso, presentar las denuncias correspondientes ante la Fiscalía General de la República o la Unidad de Inteligencia Financiera.
Ante este panorama, Sheinbaum anunció que la próxima semana presentará un decreto para fortalecer a Talleres Gráficos de México, mediante la incorporación de otras dependencias e instituciones académicas a su Consejo de Administración y la participación de la Auditoría Superior de la Federación como observadora.
El propósito, explicó, es que el material electoral pueda fabricarse en esta empresa del Estado y que los demás insumos se adquieran a compañías mexicanas, bajo mecanismos de mayor transparencia y supervisión.
La mandataria insistió en que el esclarecimiento de las contrataciones debe abarcar tanto a la actual dirección del INE como a los funcionarios y empresarios que participaron en la conformación y expansión de esta red durante las últimas décadas.
