Hoy, a 109 años de aquella revolución, los procesos electorales que se desarrollan en distintas partes del mundo y las movilizaciones populares que recorren Europa vuelven a colocar en el centro de la discusión una cuestión fundamental: las condiciones materiales de existencia de las mayorías. El descontento frente a la precarización laboral, el encarecimiento de la vivienda, el deterioro de los servicios públicos y la concentración de la riqueza demuestra que las demandas sociales no han desaparecido; se expresan en las urnas, en las calles y en las distintas formas de organización colectiva.
La historia confirma que ninguna conquista social ha sido una concesión espontánea de quienes concentran el poder económico. Los derechos laborales, los sistemas de seguridad social, la educación pública, los servicios de salud y las jornadas de trabajo reguladas son resultado de décadas de organización, movilización y lucha de la clase trabajadora.
Por eso, recuperar el significado histórico de 1917 implica reconocer que la transformación social requiere trabajadores organizados, conscientes de sus derechos y capaces de intervenir en las decisiones políticas y económicas de sus sociedades. La exigencia no es solamente tener empleo, sino salarios dignos que permitan vivir; acceso a una vivienda adecuada, educación pública de calidad, atención médica, cultura y también tiempo para el descanso, la convivencia y el disfrute del ocio. En otras palabras, que el progreso se mida por el bienestar de las personas y no exclusivamente por las ganancias del capital.
La Revolución de Octubre dejó una lección que conserva vigencia: cuando la clase trabajadora se organiza y se moviliza, deja de ser espectadora de la historia y se convierte en protagonista de su transformación. La justicia social no es una concesión del mercado ni un regalo del poder; es una conquista colectiva.
