■ Perspectiva Crítica
Esta semana el senador panista Jorge Luis Preciado partió la opinión pública del país en dos, ello a raíz de su propuesta para que se modifique el artículo 10 constitucional y con ello los ciudadanos puedan tener armas tanto en sus domicilios como en sus vehículos o negocios.
La atención masiva que esta propuesta atrajo se basa en la problemática de inseguridad pública que se ha acentuado en el país durante los últimos años (en particular en el marco de la llamada “guerra contra el narco” desatada por Felipe Calderón), es decir, las palabras del senador tocan una fibra muy sensible de la descomposición social que el país experimenta: la escalada de criminalidad. Es justamente la necesidad social que se desprende de dicho fenómeno lo que ha dado vigencia a la declaración, y en un nivel mayor, ha motivado a millones de personas a pronunciarse a favor de armarse e incluso utilizar las armas.
El argumento del senador panista se sostiene en la ineficiencia del Estado para cumplir con su obligación de garantizar la seguridad pública de la población al menos en índices razonables, y en el derecho de la población a buscar alternativas ante dicha ineficiencia. El presente artículo no cuestiona dicha acusación en contra del Estado, ni el derecho de la gente para buscar alternativas, pero sí pone en tela de juicio la legitimidad de la propuesta del senador panista por considerarla irresponsable y motivo de ignorancia -en el mejor de los casos-, y en el peor, alevosa y orientada a sacar provecho de la impotencia de extensas capas sociales afectadas por la delincuencia.
Su propuesta está apegada a los juicios de valor y la verborrea que en su momento igualmente utilizaron Felipe Calderón o Vicente Fox, y no en un referente empírico serio, o en establecer una correlación entre armar a la mitad de la población y aspirar a una disminución de la delincuencia. En contraste con ello y partiendo de un referente concreto, lo que sí se puede mencionar son consideraciones como la del Centro de Política e Investigación del arma, de Johns Hopkins, el cual refleja las altas tasas de homicidios en Estados Unidos en relación a la falta de controles para detener el flujo de armas. Lo que hay detrás de ese fenómeno es un mercado de las armas que se justifica en la Segunda Enmienda y se estimula gracias a una cultura orientada a la violencia, lo cual bien podría extenderse a México justo gracias a iniciativas como la de Jorge Luis Preciado.
De igual forma pueden citarse las investigaciones de la Universidad de Riverside, en California, sobre el vínculo entre mantener armas de fuego cargadas en el hogar y los suicidios que se cometen. De acuerdo al Centro de Control y Prevención de Enfermedades, entre 2004 y 2012, más de la mitad de los suicidios se perpetró con arma de fuego en Estados Unidos. Pensemos ahora que en México el suicidio se ha elevado para 2016 en 270 por ciento, según ha advertido el Instituto Hispanoamericano de Suicidología, lo que lo convierte en la tercera causa de muerte en personas de entre 15 a 29 años de edad, fenómeno que por cierto el senador Jorge Luis Preciado debería conocer pues los datos no sólo se presentaron en un espacio académico, sino en la Cámara de Diputados.
La iniciativa del panista debe entenderse desde la lógica del populismo punitivo que busca atraer reflectores y captar votos de cara a 2018, y no como parte de los esfuerzos legítimos, profesionales y serios para contrarrestar la situación de inseguridad pública por la que atraviesa el país. Como parte de ese populismo punitivo también pueden referirse la “pena de muerte” propuesta por el Partido Verde Ecologista de México (PVEM), y lo grave de dichas “iniciativas” no es sólo el profundo desconocimiento de una problemática compleja como la inseguridad pública, sino que no son estériles en tanto son asimiladas por millones de ciudadanos que las perciben como legítimas al ser emitidas por “representantes públicos”.
La propuesta también es imprudente pues no se consideran aspectos paralelos como la seria problemática en materia de impartición de justicia que ha saturado penales, la violación de los derechos humanos, el abasto de armas para satisfacer la demanda de la población, o el gasto social que la adquisición de armas y municiones representaría para una población con más de 50 millones de pobres, por mencionar sólo algunos aspectos.
Debido a lo inverosímil de la propuesta muy probablemente ésta pierda fuerza en las siguientes semanas, pero al menos tres cosas se revelaron: los partidos políticos seguirán usando el populismo punitivo para la gestión del voto en su carrera hacia 2018; la ciudadanía queda más dividida y vulnerable ante la delincuencia gracias a propuestas irresponsables, y finalmente en Acción Nacional siguen sacándose la silla entre los propios compañeros, pues ante el fuerte cuestionamiento a la propuesta de Jorge Luis Preciado, el coordinador del PAN en el Senado de la República, Fernando Herrera Ávila, inmediatamente deslindó a su partido de la iniciativa. No cabe duda que el compañerismo blanquiazul depende de la eficiencia para generar el beneplácito social. ■
