Las universidades tienen por fin general producir graduados en diversas áreas de las ciencias, las humanidades o cualquier “actividad intelectual” que sus docentes, y la situación política, puedan justificar. Para llevar a cabo ese objetivo se necesitan dos cosas: docentes bien preparados e infraestructura. Hablar de profesores se traduce en salarios, contratos colectivos, presupuesto. La infraestructura alude a todo el entramado administrativo y “tecnológico” que facilita y mejora la calidad de la enseñanza. No es lo mismo en costo y resultados contratar de docentes a personas con alfabetización insuficiente y tecnología mínima (un “pizarrón” pintado en la pared), que mantener un profesorado calificado junto a una amplia variedad de medios tecnológicos y didácticos. En términos económicos las universidades son empresas como cualquiera otra, por lo que para “producir” graduados requiere inversión, que se reparte entre salarios e infraestructura en términos muy generales. La diferencia entre las universidades públicas y privadas es que estas tienen por motivo la ganancia, mientras que las otras no. ¿De qué sobreviven las universidades públicas? Del presupuesto que les otorga el Estado-Nación debido a que la educación, incluida la superior, se considera un derecho fundamental. Sin embargo, el presupuesto universitario está dividido en dos grandes contribuciones desde los 1980. Por un lado, el presupuesto ordinario, por el otro el extraordinario. Este último consiste de los ingresos no permanentes, que se otorgan por concurso o apoyo “por única ocasión”, mientras que el otro es una suma fija que crece de acuerdo a la inflación proyectada por el Banco de México. Así que no crece, se reajusta al incremento de los precios. Por donde sí puede crecer, un poco, es a través de las contrataciones de personal muy calificado (doctores) y quizá por otros medios. Sin embargo, ese crecimiento presupuestal no necesariamente es coherente con el crecimiento de las contrataciones de docentes. Las universidades pueden contratar personal, pero eso no implica que el Estado-Nación en automático otorgue más recursos. También pueden contratar más prestaciones con los sindicatos, pero esto tampoco garantiza un incremento en los dineros. Entonces existen, al menos, dos procedimientos para que crezca la deuda de las instituciones de educación superior: las contrataciones y las prestaciones. De entre estas las jubilaciones son las que resultan más onerosas, por eso han sido eliminadas de todas, o la mayoría, de las universidades públicas. Nunca lograron un esquema viable de jubilaciones que no resultará en pagos exorbitantes con cargo al gobierno federal. Se nota, pues, cuál es el origen de la deuda de la Universidad Autónoma de Zacatecas: un crecimiento excesivo de la planta docente y la jubilación que nunca tuvo fondos. Por supuesto se puede creer, también, que la responsabilidad de la deuda recae sobre el gobierno federal, pues este no otorga el presupuesto adecuado. En este escenario hay un fenómeno muy interesante. Los sueldos de los universitarios se han visto deteriorados por varios medios, al igual que sus condiciones de trabajo. Pero no existe inquietud creciente, al contrario, el consenso de los grupos universitarios se mantiene sobre la apatía generalizada y la conformidad. Se puede especular que la mayoría de los docentes esperan mejorar su situación a la larga. Que esa conformidad manifiesta resulta de la esperanza de que un día podrán obtener un tiempo completo con el máximo salario, ingresar a los estímulos y, si tienen suerte y amigos, al Sistema Nacional de Investigadores. Esto son generalidades, sin embargo. Un ejemplo ilustra mucho mejor la situación. Un docente universitario de tiempo completo tiene 20 hrs. frente a grupo y 20 hrs. para otras actividades relacionadas al trabajo en el aula. Puede solicitar incrementar esa carga en otras 10 hrs. pero estas le serán pagadas a menor salario. Con esto la universidad reduce los costos unitarios de producción de graduados. No es la única estratagema bendecida por el sindicato. El contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ establece un máximo de 30 hrs. clase frente a grupo para los docentes contratados por horas clase. Este límite de tiempo no es arbitrario, pues las plazas tienen un máximo de 20 hrs., más las 10 hrs. mal pagadas. Sin embargo, al permitirse la contratación hasta por 50 hrs., no sólo se deteriora la calidad educativa, pues un docente, como cualquier trabajador, conforme pasa el tiempo se agota y su trabajo resulta menos “productivo”, sino que se reduce el costo del trabajo universitario por hora. Esto redunda en ahorros para la institución educativa, pues al otorgar esas 20 hrs. adicionales se evita contratar más personal. Por ejemplo, por cada 100 docentes de 50 hrs. frente a grupo se ahorra la contratación de 66 docentes de 30 hrs. También se acepta, otro ejemplo, la decadencia de la librería universitaria, la anulación de los años sabáticos y así sucesivamente. Ante esta situación el sindicato es impotente. Por eso prefiere la marginalidad, y desde allá librar batallas de retaguardia, ficticias, para mantener el consenso de los grupos políticos, pues son siempre esos grupos los que ocupan el sindicato. Así, solicita información que no sabe cómo utilizar, o genera conflictos gratuitos mediante “lecturas” sesgadas y falsas del contrato. Todo esto como elementos de su búsqueda de la rectoría.
