Miscelánea
“Capital de Zacatecas, entre las ciudades donde sus habitantes se sienten más inseguros”, cabecea La Jornada Zacatecas, el viernes 8 de julio.
Informa el medio que la encuesta levantada en la ciudad capital por parte del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), Zacatecas se ubica en la media nacional en el lugar 14 de 46 ciudades estudiadas.
La percepción que tienen los zacatecanos sobre inseguridad es alta, y no se diga en cabeceras municipales como Fresnillo, donde prácticamente no hay día en que no se reporte algún caso de desaparecido, secuestrado o ejecutado, o algún otro hecho de violencia. En estos días la zona conurbada Zacatecas-Guadalupe, ha sido escenario también de hechos delictivos de violencia extrema, con situación preocupante al desarrollarse los ilícitos en horario y lugares de alta confluencia familiar.
El crecimiento desmesurado de la delincuencia (sobre todo la de alto riesgo) en nuestro país, ha motivado nuevos requerimientos de los ciudadanos a las autoridades encargadas de la seguridad pública, de procuración de justicia y a las de impartición de justicia: Que se detenga a los responsables de la comisión de delitos, castigándose al secuestrador, al violador, al ladrón, pero, sobre todo, quiere que disminuya el índice delictivo a partir de estrategias eficaces de seguridad. Esto es que no haya impunidad.
“Acuerdan mantener estrategias de seguridad” informa La Jornada (6 de julio), derivado de la reunión del gabinete de seguridad, encabezado por el actual mandatario Miguel Alonso y el gobernador electo Alejandro Tello, acompañados por la procuradora y el titular de Seguridad Pública. Sólo que, ¿cuáles estrategias?
Hace días el gobernador electo informaba sobre una reunión que sostendría con el Secretario de Gobernación, a quien pediría consejo: militar o civil en la titularidad de Seguridad Pública. Esa es precisamente la estrategia de seguridad de mayor importancia, porque resolviendo ésta: militar o civil, vendrán en cascada las acciones que para el combate a la delincuencia serán implementadas.
Hace seis años que siendo gobernador electo Miguel Alonso Reyes, me hizo esa pregunta, precisamente sobre el nombramiento del titular en Seguridad Pública: “Civil o militar”, me cuestionó. Contesté inmediatamente: Civil, gobernador, expresando mi respeto a los militares.
Y no es que exista rechazo subjetivo hacia los militares, sólo que la capacitación entre un criminólogo o un licenciado en derecho con estudios en seguridad pública, respecto de la formación que recibe un militar, es del todo diferente:
Los primeros reciben estudios en el análisis de las distintas etapas que integran la seguridad pública. Alternativas de solución, sobre todo en materia de prevención del delito con todo lo que de hecho implica: programas de apoyo social y frente a desocupados. Talleres de artes y oficios por ejemplo. Rescate de grupos vulnerables como a los llamados niños de la calle, sin omitir estrategias de vigilancia y métodos de disuasión y de persecución.
En tanto, el militar es adiestrado dentro de la Teoría de la Seguridad Nacional, que concibe al delincuente como soldado en guerra extranjera a quien en consecuencia es necesario eliminar. Su respuesta frente a la delincuencia es de reacción, no de prevención. Desplegar operativos de búsqueda tierra-aire, es característico y posterior al delito. Si acaso realiza funciones preventivas, estas se concretan a “patrullar” las áreas en donde se supone pudiera haber conflicto, pero sin metodología y a veces sin lógica.
La teoría de la Seguridad Nacional, impuesta a México por el Comando Norte de los Estados Unidos, es precisamente la que ha motivado los excesos que cometen soldados en contra de civiles. Tlatlaya, Tanhuato y recientemente en la vecina población de Calera como ejemplo. Antes en Villa de Cos.
La modernización política en nuestro país no podrá desarrollarse si en lugar de una sociedad civil alerta y dinámica, contamos con una masa amorfa de ciudadanos temerosos de la delincuencia y desconfiados de la justicia. Ello es así porque el incremento de la delincuencia erosiona la moral pública al imperar el temor y la desconfianza entre los miembros de la comunidad.
La inseguridad pública fragmenta y disuelve las comunidades humanas, recluye a las familias en sus hogares y corroe los lazos de unión y convivencia entre personas; los ciudadanos desertan de las reuniones públicas. Consecuentemente la habilidad y las posibilidades de una comunidad para asociarse y actuar juntos a favor de intereses comunes decrecen.
La procuración de justicia tampoco desarrollará sus indagatorias si su personal humano no recibe la capacitación suficiente en métodos de investigación científica y no se le aportan los instrumentos científicos y tecnológicos más modernos.
En el sexenio que corre, el personal de la Procuraduría General de Justicia no ha recibido aumento salarial alguno (paliativo esencial). El gobernador Alonso no pudo o no quiso valorar la función investigadora de la dependencia como imprescindible alternativa para detener, procesar y castigar a los delincuentes, por eso el alto grado de impunidad en el Estado.
¿Hubo recursos? Sí los hubo, pero se invirtieron en cuarteles no en estrategias de seguridad pública y menos en procuración de justicia.
Sábado 9 de julio de 2016. ■
