Ciudad de México. Diversas organizaciones de derechos humanos y colectivos de la sociedad civil calificaron de “injustificada y excesiva” la retención migratoria decretada al ambientalista mexicano Gustavo Castro, por la cual se le impide salir de Honduras.
Exigieron, por un lado, al gobierno hondureño, cancelar la alerta migratoria al activista que fue víctima de un intento de homicidio en ese país centroamericano, y por el otro, a las autoridades mexicanas, que apremien el regreso inmediato del connacional.
En un pronunciamiento hecho tras el anuncio de la alerta migratoria, las organizaciones civiles advirtieron que la permanencia de Gustavo Castro en Honduras representa un riesgo para su vida e integridad, pues quienes privaron de la vida a la también activista Berta Cáceres, de nacionalidad hondureña, podrían intentar lo mismo en contra de Castro, uno de los testigos.
Además, destacaron que Gustavo Castro ha colaborado plenamente con las autoridades y fiscalía de Honduras por lo que no existe razón para que deba permanecer más tiempo en ese país.
Incluso, recordaron que la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) determinó medidas cautelares en favor de los miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras COPINH, la familia de Berta Cáceres, y de Gustavo Castro.
Gustavo Castro es director de la organización civil Otros Mundos, y junto con su equipo realiza un destacado e importante trabado de defensa del medio ambiente, y apoya a las comunidades afectadas por la construcción de presas en México y en todo el continente.
El activista mexicano fue testigo del asesinato de la prestigiada defensora hondureña Berta Cáceres, y desde el 3 de marzo, día de los hechos, ha mantenido una permanente colaboración tanto con la Fiscalía como con la autoridad judicial que conoce del caso, dice el pronunciamiento.
Entre las organizaciones que firman el pronunciamiento están el Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracias, Servicios y Asesoría para la Paz (Serapaz), la Red Nacional Todos los Derechos para Todas -conformada por 79 organizaciones en 21 estados del país-, además Greenpeace México, Mujer y Medio Ambiente, y Red de Género y Medio Ambiente.
Como defensoras de derechos humanos suscriben el pronunciamiento Adelina González Marín, Agnieszka Raczynska, Brenda Rodríguez Herrera, Hilda Salazar Ramírez, Pablo Romo, Rebeca Salazar Ramírez, y Rodrigo Gutiérrez Rivas.
