Hace casi 40 años México inició una era de transformaciones democráticas que culminó el año 2000 con la alternancia en la Presidencia de la República. No obstante con los aparentes avances no se ha logrado modificar la naturaleza y el funcionamiento del Estado por la presencia de factores internos y externos que obstaculizan el cumplimiento de los derechos ciudadanos.
De ahí que las ilusiones depositadas en tal ordenamiento se hayan visto frustradas, porque el desempeño de las representaciones políticas y de las instituciones públicas no se corresponden con las expectativas de la mayoría de la población, sujeta históricamente a las condiciones de pobreza, exclusión y desigualdad; más aún porque con la aplicación del modelo neoliberal durante las últimas décadas, el régimen y el Estado refuerzan tales condiciones, a contrapelo de las proclamas democráticas y liberales, y de las promesas de los dirigentes políticos.
Por tales motivos, el descrédito del régimen democrático mexicano propicia que amplios sectores sociales, particularmente los pobres y los excluidos de la acción político-estatal, asuman cada vez más comportamientos “informales”, cuando no ilegales, para satisfacer sus aspiraciones individuales y colectivas, que el Estado es incapaz de controlar por no contar con los recursos materiales ni con la voluntad política necesaria. Más aun, la brecha entre sociedad y autoridad se profundizapor el desprecio de ésta por la ley, y por el abuso cotidiano del poder del Estado para satisfacer sus intereses particulares. El gobierno en México es corrupto y corruptor.
En este contexto, la fragmentación de los intereses sociales y de las representaciones políticas que acarrea esta conducta complica el ejercicio de los derechos por los sectores sociales excluidos, así como su organización, expresa en que de acuerdo con datos de USAID, en el año 2011, en los Estados Unidos de América había 65 organizaciones por cada mil habitantes; en Chile hay 63; en Argentina hay 29; en Brasil 17; mientras que en México sólo existen 3.6 organizaciones de la sociedad civil por cada mil habitantes, lo que explica la debilidad de la sociedad civil y, consecuentemente, el débil apoyo social al Estado, lo que se expresa elocuentemente con las manifestaciones de inconformidad por la recientemente aprobada reforma fiscal, y con la resistencia a recurrir a las autoridades a presentar denuncia por los delitos que sufren cada vez con mayor frecuencia.
La desconfianza ciudadana ante las instituciones estatales crece todos los días cuando se constata que la corrupción es un cáncer en plena metástasis y que la impunidad es una constante.
En esta coyuntura, no es de extrañar la existencia de voces que auguran desenlaces dramáticos; sin embargo, a pesar de tales oscuros presagios existen en México diversos actores que, a pesar de todo, persisten tercamente en defender la validez del régimen democrático, para lo cual aducen que este régimen constituye el único marco para nacionalizar y democratizar el Estado y la sociedad. Actúan convencidos de que la democracia no asegura la justicia social, pero es el único régimen que permite luchar para conseguirla.
