Desde enero de 2026, e incluso antes, la presidenta de la República, Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, indicó tres cosas: no hay recorte en el presupuesto de las universidades públicas, varias atraviesan problemas financieros por causa de sus sistemas de pensiones y deben volverse austeras, reducir burocracias (véase: “No hay recortes presupuestales a universidades públicas” La Jornada, 02/01/26).
Todo esto se traduce en una serie de condicionamientos para el otorgamiento de recursos, pues ahora las universidades que quieran fondos para cubrir sus adeudos deben atender esos problemas, en particular las jubilaciones y la burocracia excesiva. De hecho, se pueden localizar declaraciones del subsecretario de Educación Superior, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, en las que dice que sin reformas a pensiones no habrá más rescates (e.g., “Revista Espejo” 16/08/25). Considera que una universidad endeudada ya perdió la autonomía, y que “No se vale que haya quien reciba una doble pensión en este país sin haber aportado nada durante todos estos años trabajando: cero pesos el patrón, cero pesos el trabajador”.
En el contexto del problema financiero de la Universidad Autónoma de Zacatecas (no “crisis”), resulta fácil localizar el origen del desfinanciamiento. Por un lado, ni en el presupuesto estatal ni en el federal hay un peso asignado a jubilaciones. Por otro lado, en el contrato colectivo de trabajo UAZ-SPAUAZ se estipula que para pagar las jubilaciones se contará con un fondo cuatripartita, con aportaciones de la UAZ, del docente y de los gobiernos federal y estatal.
Es claro que de ahí se genera, desde el día de la primera jubilación pagada por la universidad, un adeudo. ¿De cuánto? ¿cuál es su magnitud? Es un acumulado. Como ya se dijo, desde el primer jubilado empezó la deuda a crecer. Como un ejercicio sencillo y reproducible, planteemos el problema del siguiente modo: “se jubilarán 600 personas de manera uniforme durante un periodo de 30 años, a razón de 20 de manera anual. Cada jubilado percibirá un total de 300 mil pesos anuales, que se incrementarán 4 por ciento anual compuesto. Fallecen dos por año. Al finalizar los 30 años, estarán jubiladas todas y quedarán 540 personas vivas. Lo que se quiere calcular es el gasto total acumulado por concepto de pensiones en las condiciones previas”.
Se coloca el enunciado en cualquier IA y la respuesta contundente es: cinco mil quinientos sesenta y cuatro millones doscientos noventa y tres mil trescientos diecinueve pesos. De acuerdo a esto, la deuda que carga la universidad es adjudicable en un 100 por ciento a las jubilaciones.
Esto es un ejercicio, por supuesto; la deuda tiene más factores, pero cada uno con un peso relativo y una velocidad de crecimiento. Lo que debería quedar claro son dos cosas: el monto mayor es el sistema de jubilaciones, y es el que más rápido crece. Si al día de hoy se gastan 400 millones de pesos, en 10 años, con el incremento del 4 por ciento anual, sin importar las muertes que haya, porque son pocas, se tendrá de nuevo una deuda cercana o superior a los cuatro mil millones. La conclusión es irrebatible: se deben reformar las jubilaciones en la universidad, recrudecerse la “compra de prestaciones” y solicitar muy amablemente el retiro de todos aquellos que ya las hayan vendido.
Una reducción de la burocracia funciona como pantalla, para simular que se cumple, pero no resuelve absolutamente nada. Esto se ve con un cálculo rápido. Son 500 funcionarios, a los que se les va a retirar un total de 100 mil pesos anuales (o bien: 8300 al mes), lo que produce para este año 25 millones. Se deben 700; es claro que no sirve de mucho. Por eso decimos que es mera “pantalla”. Sin embargo, una reforma al sistema de jubilaciones de la universidad es una operación muy difícil. Primero, se debe proponer una ampliación de la compra de prestaciones, hasta donde eso funcione. Y añadirse una serie de cambios que generen ahorros por concepto de jubilaciones.
Uno evidente es limitar los incrementos anuales ligados al crecimiento inflacionario de alrededor de 4 por ciento. Es decir, no incrementar las jubilaciones al 4 por ciento, sino a una tasa menor, por ejemplo, 3 por ciento o 2 por ciento; ya depende de qué tanto quieren a su universidad los jubilados, o si prefieren la plata. Otra es que, por fin, los jubilados contribuyan a su jubilación. ¿Cómo? Que los fondos que tienen acumulados en la mal llamada Fundación se transfieran a un fideicomiso, y proponer al gobierno federal que aporte una cantidad igual.
Un cálculo malhecho señala que los 600 jubilados de la UAZ pueden tener hasta 700 millones en ahorros; otros tanto del gobierno federal son 1400 millones. Con eso también se libera una cantidad ingente de recursos que alivia los problemas financieros. Durante mucho tiempo se pensó que no hablar de las jubilaciones como deuda, sino como “conquista”, resolvía los problemas. Los 4 mil 700 millones de deuda indican que no es así, que la “estrategia del avestruz” no resuelve nada. Y se debe tener claro, también, que las “soluciones” que pregonan ciertas sectas de mil máscaras son tan ilusorias como sus razones y supuestas victorias.
