El pasado 22 de marzo, el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) en México, la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional Anticorrupción (SESNA) y el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Nacional Anticorrupción (CPC), presentaron la herramienta electrónica Autodiagnóstico de Riegos de Corrupción, que busca contribuir con el Objetivo del Desarrollo Sostenible 16, que es “Promover sociedades justas, pacíficas e inclusivas”, y cuyo objetivo es, según el propio sitio de la plataforma en cuestión: “apoyar los esfuerzos del gobierno de México en términos de transparencia, rendición de cuentas, supervisión y participación ciudadana, por medio de diversas iniciativas para el control de la corrupción, tales como la Política Nacional Anticorrupción y el cumplimiento de las metas anticorrupción de la Agenda 2030”.
Además de lo anterior, el Comité de Participación Ciudadana, lanzó el reto público denominado, Anticipando riesgos de corrupción, con el que se busca amplificar el uso de la herramienta, con un enfoque multiactor, que involucre a los Comités de Participación Ciudadana de los Sistemas Estatales Anticorrupción, a Organizaciones de la Sociedad Civil, y claro está a las instituciones que se sumen a dicho reto. El enfoque pretende reducir los riesgos de corrupción, a través del uso de la herramienta que describíamos anteriormente; incrementar la confianza ciudadana de las instituciones que participen, a través de la apertura que conlleve el involucramiento ciudadano; mejorar la rendición de cuentas, a partir de dicho ejercicio de apertura gubernamental; y la promoción del trabajo en clave colaborativa entre entes públicos y la sociedad.
El diseño, los objetivos y la esencia misma de la estrategia comentada, es idónea para su promoción, no sólo por parte de los Sistemas Estatales Anticorrupción y sus áreas operativas, como lo son las Secretarías Ejecutivas, sino de instancias como lo son los órganos garantes de transparencia, pues el enfoque de transparencia proactiva y apertura gubernamental, coinciden plenamente con el modelo que la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información les mandata coadyuvar con los sujetos obligados, en su artículo 59. Pero no solo los institutos de transparencia caben en esta amplitud de entes que pueden sumarse al reto y sus potenciales beneficios, también caben en esta perspectiva los órganos internos de control, a quiénes la Ley General de Responsabilidades Administrativas, faculta para el desarrollo e implementación de mecanismos de prevención de actos de corrupción y conductas que puedan derivar en procedimientos de responsabilidad administrativa.
En el contexto de complejidad democrática y social que vivimos, involucrar al mayor número de personas posibles en las decisiones y políticas públicas, se vuelve una necesidad inherente a la legitimidad que el Estado y sus instituciones requieren para cumplir con su función y, además, garantizar la gobernabilidad para el desarrollo de toda comunidad. Para alcanzar la anhelada gobernanza, es indispensable, primero, la confianza de la ciudadanía, la voluntad política para la apertura y la promoción, con plena disposición, de vías, instrumentos y mecanismos de colaboración, corresponsabilidad y co-creación.
Así pues, el reto y el instrumento Anticipando riesgos de corrupción, se antoja una oportunidad, para el Sistema Nacional Anticorrupción, los Sistemas Estatales, y los órganos garantes y promotores de la transparencia, así como los órganos internos de control.
Finalmente, no está de más, compartir algunos de sus beneficios más sobresalientes: se basa en buenas prácticas nacionales e internacionales; permite un grado importante de incidencia de la sociedad civil en las instituciones participantes; las recomendaciones suponen el beneficio de atender áreas de oportunidad, a tiempo, para los entes públicos y sus unidades administrativas; la flexibilidad que ofrece el modelo, permitirá adecuarlo a las condiciones, contexto, circunstancias y capacidades de cada caso; para concluir, un asunto de la mayor relevancia: el enfoque de Derechos Humanos del modelo, permitirá identificar riesgos diferenciados por grupos poblacionales con mayor afectación por actos de corrupción. Considerar que tanto la corrupción como la desigualdad son problemas públicos de carácter estructural, nos permitirá construir soluciones del tamaño del desafío generacional que ambos fenómenos representan en nuestro tiempo.
@CarlosETorres_
