El 28 de abril de 2022, el Presidente López Obrador envió a la Cámara de Diputados una Iniciativa de Reforma Electoral, en la cual se proponía la transformación del Instituto Nacional Electoral (INE) en Instituto Nacional de Elecciones y Consultas (INEC), lo que se justificaba, porque hoy el INE, además de organizar las elecciones, también organiza las consultas populares; se proponía la desaparición de los Organismos Públicos Locales Electorales en los estados, por considerar que realizan duplicidad de funciones con las autoridades administrativas y jurisdiccionales federales y representan un alto costo y una burocracia innecesaria en los estados.
Se proponía que la elección de los consejeros y magistrados electorales fuera mediante el voto popular, siendo los candidatos propuestos por los tres Poderes de la Unión para garantizar su imparcialidad, y estos sean realmente independientes del poder político y de los intereses de grupos económicos y de cuotas partidistas; garantizando con ello, los principios -hoy perdidos- de objetividad, certeza, independencia e imparcialidad electoral.
Se proponía eliminar las diputaciones plurinominales y reducir el número de legisladores federales y locales, eliminando 200 diputaciones federales y 36 senadurías; los legisladores serían electos mediante el sistema de representación pura a través del sistema de listas por entidad federativa; este método daría una representación plural más amplia.
Se proponía eliminar el financiamiento público a los partidos políticos para sus actividades ordinarias y que estos gastos fueran cubiertos por sus simpatizantes y militantes. El financiamiento público solo sería para el gasto de campañas durante la contienda electoral.
Al aprobarse esta reforma, México contaría con un sistema electoral que otorgaría a la ciudadanía la representatividad y pluralidad de su espectro político, garantizando una mayor equidad, equilibrio de poder, certeza en los procesos electorales, autenticidad de las elecciones y ejercicios de democracia directa; austeridad y eficiencia en el gasto público, así como la aplicación de los principios rectores de la función electoral: imparcialidad, independencia, legalidad, objetividad y certeza. Sin embargo, debido a intereses económicos y políticos de la oposición, y de la oligarquía, esta reforma constitucional no contó con los votos de las y los diputados del PAN, PRI, PRD y MC, siendo rechazada por no alcanzar la mayoría calificada.
Al no aprobarse la reforma constitucional, el Presidente presenta una iniciativa de reformas a seis leyes secundarias en materia electoral, las cuales no requieren de mayoría calificada, lo que se conoce como “Plan B”, el cual fue aprobado por mayoría simple por ambas cámaras; su primera parte entró en vigor el pasado 28 de diciembre y la segunda parte el 3 de marzo, un día después de su publicación en el DOF.
Al verse afectados los intereses económicos y políticos de los dirigentes de partidos políticos, de consejeros y magistrados, de diputados y senadores de oposición, así como de las cámaras empresariales, intelectuales, medios de comunicación, columnistas e informadores, acostumbrados a realizar grandes negocios con los gobiernos de sexenios pasados, a través del tráfico de influencias, emprendieron una costosa campaña mediática de desinformación, tergiversando y esparciendo noticias falsas sobre la reforma constitucional electoral y ahora sobre el “Plan B”, buscando confundir y sembrar miedo en el electorado para sacar raja política en los comicios electorales de 2023 y 2024, en los cuales la oposición se siente derrotada.
Buscan regresar al pasado, al régimen histórico de corrupción e impunidad (Fobaproa, Pemexgate, estafa maestra, Odebrecht, fraudes electorales de 2006 y 2012); a los privilegios (condonación de impuestos a monopolios y trasnacionales, contratos millonarios de publicidad); al avasallamiento de los intereses económicos de unos cuantos potentados sobre el poder político, beneficiarios de privatizaciones de bienes públicos (Pemex, CFE, Ferrocarriles, Telmex, Bancos, minería, playas, centros penitenciarios). En todas estas fechorías nunca pronunciaron “No se Toca” ni hicieron marchas financiadas por partidos políticos y cúpulas empresariales. De igual manera, fueron partícipes, cómplices y mudos en las reformas mal llamadas “estructurales” del supuesto “Pacto por México”, como la educativa y energética, que fueron aprobadas mediante la aplanadora del PRI-PAN-PRD en fast track.
Es falso que el “Plan B” quiera desaparecer al INE, cuando solo se busca su restructuración, su eficiencia y austeridad. El presupuesto del INE, sin contar el financiamiento a los partidos políticos, es de 14,000 millones de pesos; se pretende un ahorro de 3,000 millones, equivalente a un 20%. El INE no se ha sujetado a la política de austeridad como lo han hecho los poderes ejecutivo y legislativo al disminuir su gasto operativo, dando lugar a dispendios, derroche de recursos y a salarios y prestaciones de los consejeros por arriba de las remuneraciones del Presidente de la República, violentando el artículo 127 de la Constitución.
Es falso que se va a despedir al 85% de los trabajadores del Servicio Profesional del INE, la plantilla de los trabajadores de las Juntas Locales y Distritales es de 13,526, la reforma solo reduciría 1,264 plazas de Vocales Ejecutivos distribuidas de la siguiente manera: en cada estado hay 5 vocales ejecutivos, la reforma les reduce a 3; en las 300 Juntas Distritales hay 5 vocales distritales, se reduce a 1 por distrito. Las funciones que hacen los vocales no desaparecen, solo se concentran para una mayor eficiencia, no se elimina una sola plaza para los demás trabajadores del INE.
Es falso que con la reforma se ponga en riesgo la entrega de la credencial para votar con fotografía, la reforma no modifica ningún artículo de la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales (LGIPE) en este aspecto. También es falso que se vaya a entregar el padrón electoral al gobierno, la reforma no modifica el Registro Federal de Electores; la Lista Nominal y el Padrón Electoral seguirán bajo el control del INE.
Todas estas falacias son con el fin de desvirtuar el Plan B de la reforma electoral, ocultar los excesos del INE, ejercer presión a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y resaltar, a través de campañas mediáticas pagadas con dinero público, una supuesta “defensa de la democracia” con “mi voto no se toca”.
