Bajo una campaña de desprestigio se ha enunciado que la solución de la huelga en San Martín y la posible victoria del denominado “sindicato blanco” serán las acciones que salven al municipio de Sombrerete, Zacatecas de la crisis crónica en que se encuentra. Una crisis que no abarca sólo lo económico sino lo cultural, político y social.
En un acto ilegal, el miércoles 28 de febrero se llevó a cabo un recuento entre los mineros de la sección 201 del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana (SNTMMSySRM) y miembros del Sindicato Nacional de Exploración, Explotación y Beneficio de Minas de la República Mexicana (SNEEBMRM); fue un acto ventajoso, donde el gobierno federal impuso por medio de la Secretaría de Trabajo y Previsión Social (STPS) un nuevo conteo del Contrato Colectivo del Trabajo (CCT) con la intención de abrir la mina San Martín, pero anticipando todas las disposiciones a favor de los mineros que defienden los intereses de Grupo México (GM).
El gobierno estatal, encabezado por Alejandro Tello Cristerna y el ejecutivo municipal representado por Ignacio Castrejón cuya empresa sería una de las más beneficiadas, fueron cómplices en este hecho. No brindaron condiciones de seguridad, tampoco resguardaron los derechos labores y humanos ya que está por encima el interés económico.
Este acto ilegal fue diseñado para golpetear y posibilitar el rompimiento de la huelga. El padrón que utilizó GM contemplaba 160 mineros que ya estaban liquidados, por lo tanto no debieron haber participado, además por los tiempos en que fue planteado dicho recuento, no hubo posibilidad de movilización por los abogados del SNTMMSySRM y anticipar una impugnación al padrón. No dejaron margen de acción ya que todo fue calculado con hermetismo.
En el corazón del evento, se presentó una agresión en contra de José Núñez líder de la sección 201 y también agredieron a dos abogados que acompañaban la defensa, en los hechos, los miembros de seguridad pública convocados en vez de detener la agresión se pusieron del lado contrario. Esto fue negado por el gobernador, por el presidente municipal y por el representante de la STPS Adolfo Yáñez Rodríguez, mostrando su complicidad.
Luego de las agresiones y al ver el nulo ambiente de seguridad los miembros de la sección 201 decidieron retirarse anunciando una suspensión del recuento; sin embargo, las autoridades resolvieron dar continuidad al conteo notificando que el grupo ganador era el Sindicato de Minas con 262 votos a favor, 150 en contra y un voto nulo. En conjunto con el anuncio se lanzó una campaña mediática potencializada por el discurso de desarrollo y progreso, a través de la figura del empleo, cuyo recibimiento por la población local fue positivo.
El trabajo es uno de los ámbitos más importantes en el discurso que enuncian las empresas mineras para posicionarse y direccionar la aceptación en la opinión pública. Esta aseveración es respaldada y fortalecida por los gobiernos en los diferentes niveles. Sin embargo, ese bienestar puede ser cuestionado en el momento de la operación minera, al identificar condiciones y relaciones de producción desfavorables para el obrero, en 2016 por ejemplo, la minería participó con menos del 4% en el Producto Interno Bruto Nacional (PIB), además sólo se generó el 3.5% del total de los trabajos en el país (SGM, 2018).
Bajo este escenario se despliega y reproduce un discurso positivo hacia la minería, se omiten las verdaderas condiciones y los relacionamientos entre los actores que participan en los procesos de extracción. El objetivo es penetrar en el imaginario de la población, mostrando las bondades del empleo, la inversión y la posible derrama económica que dejará la explotación. Así, las poblaciones son seducidas por medio de ideas vertidas desde el capitalismo emocional, aceptando una actividad destructiva que somete la vida, la dignidad y los territorios.
Es tan potente esta acción que el sentido de esta ofensiva ideológica es absorbido con facilidad. En muchas ocasiones se pierde la comprensión, no hay nada mejor que el trabajo, sea como sea. Así, se vislumbra la fuerza del discurso minero en Sombrerete. Actividad histórica que permitió vínculos sociales y el surgimiento de la propia ciudad. Pero la historia está manchada de violencia, saqueo y sometimiento. Ahora prevalece una expresión de orgullo respecto a la colonización, cuando quizá debería plantearse un cuestionamiento y un proceso de reflexión sobre lo acontecido.
Es evidente que se ha perdido toda sensibilidad hacia la violación de los derechos humanos, se antepone lo económico, y lo peor, es que se hace sin un sustento crítico de por medio. No se reflexionan otras aristas importantes como detonantes de la crisis que vive el municipio y que ha desembocado en pocas oportunidades laborales, una de ellas es la postura de los coyotes en la apropiación de la riqueza que generan los campesinos de la región, que es una de las más ricas en la producción agrícola del país.
La relación entre estos actores y los campesinos es desigual a todas luces, se les paga por debajo de lo que les cuesta producir, no hay un canal de comercialización justo. Se crea un control que acapara la producción gracias a disposiciones legales plasmadas en el modelo económico neoliberal a nivel global. México es un país subordinado y entregado a las empresas trasnacionales, las cuales presionan a través del Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Mundial (BM) para diseñar políticas públicas que responden a sus intereses económicos, así se impone una ley de oferta y demanda estratégica. Esto obliga a plantear una cuestión ética y moral respecto a la decisión de aplicar esa actividad a sabiendas de lo desigual y deshonrosa que es. No obstante, este tema no se toca.
Se abren muchas dudas y cuestionamientos respecto a lo que viene aconteciendo en la realidad social de Sombrerete. Sin duda se tienen que llevar a cabo todos los procedimientos legales para avalar el recuento “ilegal”, cuya impugnación ya se está ejecutando por los abogados de la sección 201; si se impone la transparencia y legalidad seguramente se fallará nuevamente a favor de los mineros en huelga, acto que ya se había ratificado en enero pasado y desde 2012 cuando en un recuento también con inconsistencias conservaron el CCT, algo que GM nunca reconoció; aquí surge una pregunta: ¿por qué no se abrió la mina en ese momento bajo la titularidad de la sección 201?
Si gana la ilegalidad y el cinismo quizá se abra la mina, pero bajo condiciones y relaciones inciertas, ¿qué garantiza que GM respetará el trabajo de los mineros del Sindicato de Minas? ¿Cuántos empleos se brindarán a la población local? ¿Quiénes son los verdaderos beneficiados de la apertura, los empresarios locales que participaran como subcontratados de GM o la población en general? ¿Qué tipo de trabajo se pretende ofertar, sin garantías, sin seguridad? ¿Por qué la mayoría de la población local defiende más el sentido económico y a una empresa rapaz y asesina como GM?
Hay que remarcar que la migración laboral no es una condición de la huelga, sino una característica del nuevo modelo minero, los escenarios han cambiado. Ahora las empresas mueven a los trabajadores a lo largo de sus operaciones, prefieren incorporar mano de obra calificada foránea para evitar sentidos de pertenencia y añoranza a los territorios locales, así como disminución de costos.
Finalmente, es preciso enunciar que un acto ilegal nunca estará por encima de la dignidad y la vida, no se puede negar la historia, la lucha y la reivindicación política de los mineros de la sección 201. No se puede invisibilizar a quienes han mantenido una lucha por el trabajo digno no sólo de Sombrerete, sino de México y América Latina. Es necesario hacer valer el derecho de exigir, nadie se puede llegar a conformar con migajas ni a someter a disposición de alguien más, nada está por encima del carácter humano, el pueblo es la fuerza que manda.
Es importante romper el miedo, caminar con la frente en alto, orientando el respeto, enunciando principios de vida, de igualdad y de afecto. La lucha no cesa aquí, a pesar de los atropellos la esperanza sigue viva, y claro está que esta pronunciación escapa de toda aspiración política electoral, lo que está en el centro de la mesa es la solidaridad hacia los compañeros de la sección 201, por un trabajo justo.
¡Hasta la victoria siempre! ■
*Estudiante del Doctorado
en Desarrollo Rural de la UAM-X
