Hablar de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), es hablar de una más de las instituciones que actualmente presentan problemas tan complejos en su administración y gestión que no sería arriesgado pensar y afirmar que cualquier opción que permita contribuir a mejorar su desarrollo, necesariamente debería estar orientada a reorganizar su manera de gobernarse.
Con respaldo en una tergiversada interpretación de lo que llamamos “autonomía universitaria”, la comunidad de universitarios hemos estructurado una forma de gobierno que, basada en supuestos objetivos académicos, ha devenido en compleja trama de conflictos y contradicciones, cuyos móviles han sido de toda índole, menos los orientados a la misión principal de la Universidad.
Como en otras instituciones de educación superior del país, la UAZ tiene órganos de autoridad colegiados y unipersonales, pero su funcionamiento aquí es sui géneris, porque en la realidad cotidiana, en el ejercicio de todas las funciones universitarias, no es ninguna de las autoridades establecidas en la normatividad la que toma las decisiones, sino que la conducción obedece a intereses de grupos universitarios en constante pugna por hacer prevalecer sus posiciones. Esta situación ha hecho que la conducción institucional obedezca a decisiones unilaterales, bilaterales o multilaterales, según se tengan enfrente los momentos políticos.
La UAZ también tiene una Ley Orgánica y un Estatuto General para regular sus funciones, pero estos ordenamientos no se atienden y en muchos casos tampoco se respetan, situación observada en las actuales condiciones que como se sabe, se requiere valorar la estructura y forma de organización universitaria, para que de esta manera se atienda de manera responsable las demandadas para enfrentar una crisis más como la que se vive en estos momentos en la historia de la institución.
A fines del 1999 se realizó el Congreso General Universitario, cuyo acierto fue el reconocimiento de algunos de los principales problemas y los cambios que debiera realizar la Universidad en materia de planeación, organización, normativa y de la orientación de sus funciones; se aprobó entonces gran cantidad de resolutivos, sin embargo, han sido pocos los que se han llevado a la práctica. Se elaboraron diversos proyectos de ordenamientos normativos, pero éstos no han sido sancionados por los órganos correspondientes, a pesar de que el marco normativo vigente es insuficiente, no existe tampoco reglamentación específica para regular de manera objetiva funciones como la de planeación-evaluación, la investigación y el posgrado y la coordinación y vinculación.
En la vida orgánica del Consejo Universitario, se aprobó el Reglamento Interior para sí mismo y se ha estado aplicando el Reglamento General de Elecciones; con base en ellos se ha establecido un complejo sistema de elección de autoridades como forma de acceder a diferentes espacios de toma de decisiones.
Bajo estas disposiciones se han formado varios grupos de universitarios con una orientación político-académica que responden, tanto a intereses propios de grupo, como también a organismos partidarios externos de alcance nacional, trayendo consigo una desorganización al interior de la institución por mantener su posición y prospectiva y la manera en cómo prevalecer para seguir teniendo influencia dentro de la misma.
De esta forma, la institución ha estado inmersa en los últimos años en un proceso electoral permanente: preparación de elecciones o constantes campañas destinadas a favorecer a diferentes grupos y candidatos. Las cuotas de poder que se disputan dan lugar a prácticas diversas, desde las que reclaman aspectos académicos hasta las de abierto clientelismo. En todo caso la actividad política limita y aun asfixia la academia y en general, el ejercicio de las funciones propiamente universitarias.
Pero en general ya ha sido grande el daño causado a la UAZ como institución de educación superior, no sólo en cuanto a sus misión académica, sino también en sus finanzas, por las importantes erogaciones que han significado las altas prestaciones que ha debido otorgar a su personal académico y administrativo, con base en los contratos colectivos en los que están pactadas relaciones bilaterales con las que la universidad ha cedido prerrogativas como patrón.
Es urgente que la Universidad busque una estrategia general para realizar los cambios que detengan su deterioro y favorezcan la vida académica. No puede ser considerado erróneo que la comunidad participe en el ejercicio de la autonomía universitaria, pero es indispensable que los diferentes grupos políticos se unan en torno a un proyecto institucional, y dejen en segundo término sus intereses de grupo. Se requiere una armonía política mínima, que a su vez demanda de las autoridades la mayor capacidad de liderazgo al mismo tiempo que un consenso en torno a la revaloración de la UAZ como institución de educación superior.
La Rectoría tiene una gran responsabilidad: o deja correr los acontecimientos hasta que tengan un grave costo para la universidad o, independientemente de los intereses de los grupos en contienda, convoque a los órganos colegiados para llevar a cabo un proceso de instrumentación orientado a sentar las bases de un funcionamiento organizacional verdaderamente institucional, en el que se involucre a los verdaderos miembros de la comunidad y no sólo a los representantes de tal o cual grupo. ■
*Docente del Área de Ciencias de la Salud-UAZ
@AlfredoSdS
