“El mejor cómplice de los actos de corrupción es nuestra indiferencia”: Bess Myerson
Seguirán habiendo ejemplos que hagan evidente la debilidad de nuestro marco institucional para inhibir actos de corrupción, ya que los mecanismos básicos para limitar el mal uso de dinero público no han sido exhaustivos, ni apoyados de forma decisiva. No existen tampoco los incentivos para que los funcionarios establezcan controles efectivos sobre sus acciones en el ámbito público. Podemos decir que el andamiaje mínimo para contar con un control anticorrupción es aún precario.
Ante la ausencia de estos controles, el juego político continúa centrándose en el control más amplio posible de recursos públicos, sin que quede claro que el objetivo último sea el lograr el beneficio para la ciudadanía.
Los hechos de los últimos meses son un recordatorio del largo camino por recorrer para acotar la corrupción en el ejercicio público en nuestro país. Múltiples casos evidencian que la corrupción es más una regla que una excepción en el funcionamiento del servicio público mexicano. Las pugnas recientes entre los senadores del PAN han dejado al descubierto la poca transparencia con la que las bancadas utilizan los recursos públicos en el Congreso mexicano.
Las diversas notas que documentan la inexplicable riqueza de diversos líderes sindicales como el senador Romero Deschamps , que encabeza el sindicato petrolero o de los líderes sindicales del SNTE, evidencian la opacidad en el uso de las cuotas sindicales en organizaciones que reciben cuotas a partir del erario público. Al parecer se llamará finalmente a cuentas al exgobernador Granier y a sus colaboradores ya que la PGR consideró que hay elementos indiciarios para determinar que pudo tener injerencia en el desvío de los fondos federales, mientras un escenario similar se prevé para el exgobernador de Aguascalientes, Reynoso Femat. Sin embargo, existe una larga lista de exgobernadores que no han sido llamados a cuentas por el uso indebido de sus presupuestos estatales.
Los casos referidos son tan solo una muestra de una larga cadena de prácticas de corrupción que muestra que nuestro entramado institucional simplemente no opera adecuadamente para garantizar el manejo limpio, transparente y responsable de los recursos que se ponen en manos de nuestros funcionarios públicos. Tantas reformas y ajustes que integran nuestro cuerpo de garantías legales son la base para exigir transparencia, rendición de cuentas, evaluación de programas públicos, indicadores por parte de gobierno, información sobre el desempeño de programas, etc. Pero su diseño incompleto e inconexo, invalida la utilidad de las reformas encaminadas.
Por ello, la gran cruzada que debemos impulsar de forma decidida los ciudadanos y las autoridades es el combate a la corrupción. Buscando un sistema efectivo de rendición de cuentas con contrapesos efectivos, aunado a sistemas de sanción con base en claras responsabilidades aparejado del seguimiento de la acción penal.
Sin duda aún faltan mecanismos para desmantelar este paraíso a la opacidad. Lo importante es que algunos de ellos están ya en manos del Congreso. Algunas de esas herramientas como la aprobación de la reforma vigente al IFAI en términos de transparencia y acceso a la información, la Ley de Deuda Pública con sus obligaciones y candados y la creación de una nueva agencia anticorrupción pueden ser avances en la dirección correcta. Sin embargo, el Congreso ha sido incapaz para legislar de forma expedita y clara en estos temas. Sus líderes han anunciado que el análisis de estas iniciativas probablemente se retome en un periodo extraordinario de sesiones.
La lentitud en el avance para legislar en estas materias, contrasta con la urgencia de establecer diques efectivos contra la corrupción y el dispendio en el uso de los recursos públicos en el país.
Sencillamente no atender estos temas en el Congreso es seguir avalando el desvío de recursos bajo el amparo de la cultura de corrupción imperante. ■
*Director de Estrategia y Desarrollo Institucional
