Corrupción es la apropiación privada de recursos públicos. Eso significa que si se destinan recursos para uso público y se hace una apropiación privada de los mismos, entonces se estará incurriendo en corrupción. En el caso de la Legislatura, es necesario por tanto, la justificación de las llamadas Herramientas Legislativas: ¿están produciendo algún valor público de acuerdo con las funciones del Poder Legislativo o se están destinando a pagar deudas privadas o a gastos particulares?
En estos tiempos la lucha contra la corrupción se convirtió en bandera de Morena de todos los partidos. Por ello, es que adquieren mayor responsabilidad moral y política en la lucha contra las prácticas que privatizan recursos públicos. El año pasado fue intenso el debate sobre las llamadas Herramientas porque todo indicaba que no se hacia aquello para lo que fueron creadas: fortalecer la calidad de las funciones legislativas y de rendición de cuentas de los diputados en turno. Eran recursos que en el mejor de los casos servían para alimentar clientelas. Es cierto que la Legislatura 62 propuso su eliminación, aunque las cobraron hasta el último centavo. Pudieron reencauzar el rubro de herramientas en otro uso a partir de julio o septiembre, pero no: dejaron que transcurrieran hasta diciembre. En el presupuesto 2019 se sufrió una sensible disminución en el gasto para el estado, y de los tres poderes, el único que no presenta merma es el Legislativo.
Podían hacer dos cosas: (1) disminuir el monto de 70 a 40 millones, y destinar 30 millones a uno los rubros que fueron tratados con desdén, como la prevención del delito; o (2) con los 40 restantes bien se puede fundar un instituto que sirva para elevar la calidad de las funciones de los legisladores, como es la realización de estudios especializados en torno a los temas de las diferentes agendas legislativas de los diversos grupos parlamentarios. Se puede conservar una parte del monto de las Herramientas pero evitar su reparto individual. Mejor, crear un proyecto de una instancia como lo ha sido el Instituto Belisario Domínguez en el Senado. Algo más de lo que ahora se tiene: asesoría de cierta técnica jurídica para subir puntos de acuerdo o la presentación de alguna iniciativa de ley. Por ejemplo, los legisladores requieren quien los apoye con diagnósticos de la problemática municipal o el complejo tema del agua o la contabilidad gubernamental. Con 40 millones es suficiente para crear un verdadero instituto de estudios especializados sobre los problemas públicos del estado de Zacatecas, que construyan motivos para iniciativas legislativas.
Nadie debe oponerse a que se le dé valor público a un recurso para mejorar la calidad de la cámara. Tener un Poder Legislativo efectivo puede contribuir de manera muy importante al progreso y desarrollo del estado de Zacatecas. Pero eso pasa por garantizar que no se haga uso privado de esos recursos públicos. Y en general (con algunas excepciones) no hemos visto a los legisladores hacer propuestas en ese sentido.Todos tienen la obligación de encontrar una salida a este tema.
