- Quedan impunes 9 de cada 10 casos de atentados contra comunicadores
- Fiscalía Especial ha recibido 798 denuncias por agresión a trabajadores de este gremio; en 107 (13 por ciento) el presunto agresor fue consignado ante un juez
De cada 10 agresiones o atentados contra periodistas y contra la libertad de expresión en México, en sólo uno de los casos se consigna al presunto responsable ante un juez y, en los últimos seis años, únicamente ha habido tres sentencias judiciales. El resto de los casos quedan impunes.
Según información de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión (Feadle), esta solicitada por Animal Político vía transparencia y acceso a la información, señala que ese organismo ha recibido 798 denuncias por agresión a periodistas, de las cuales solamente 107 han dado como resultado que el presunto agresor fuera consignado ante un juez. Esto es, el 13 por ciento de los casos.
Asimismo, entre 2010 y 2016 solamente hay el registro de tres sentencias judiciales absolutorias y condenatorias obtenidas tras una averiguación previa por agresiones o atentados contra periodistas.
En ese mismo periodo de tiempo, la Feadle informa que se han presentado 304 medidas cautelares provistas en averiguaciones previas, de las cuales 45 han sido concluidas, 16 negadas, 144 otorgadas, 74 turnadas a otra autoridad y 25 pendientes.
Respecto al total de averiguaciones previas con medidas cautelares por entidades federativas, la fiscalía da a conocer que la Ciudad de México, Veracruz, Oaxaca y Estado de México encabezan la lista con mayor cantidad de estas: 62, 32. 23 y 22 respectivamente. En Zacatecas hay el registro de tres casos.
Según Article 19, organización independiente que promueve la protección y el derecho a la libertad de expresión, el fracaso de las instituciones federales de procuración de justicia en materia de delitos de este ámbito, es rotundo.
“A pesar del cambio de fiscales, el cambio de estructura de la Feadle, el presupuesto asignado en los últimos años los resultados muestran una ineficacia total, pues detectó que en la gran mayoría de las denuncias o querellas no hubo ninguna sentencia.
“En otras palabras, la Fiscalía no ha funcionado para lo que fue creada, ya que si tiene como objetivo que los delitos contra la libertad de expresión sean sancionados y hasta el momento no ha habido uno solo que lo sea, pues quiere decir que no ha dado ningún resultado”.
En abril de 2012 este organismo destacó la aprobación, de parte del Senado de la República, de varias modificaciones al artículo 73 de la Constitución que faculta a las autoridades federales a conocer delitos cometidos contra periodistas en uso de su derecho a la libertad de expresión.
Sin embargo, señaló que esta modificación fue insuficiente para fortalecer las capacidades de investigación y con ello romper el lacerante ciclo de impunidad de los casos de periodistas asesinados o desaparecidos. Por el contrario, “optaron por el camino largo”.
De acuerdo con su informe, Artlicle 19 manifiesta que la facultad de la Federación para atraer casos no resolverá ni parará mágicamente la violencia contra la prensa, pero a pesar de ello es importante que los casos no sean revisados por las procuradurías de los estados.
“El objetivo central de dicha facultad es sencilla: que los casos de agresión a periodistas no sean investigados por las procuradurías locales. ¿Por qué? Porque, de acuerdo a nuestra documentación, 60 por ciento de los casos de agresiones contra la prensa son cometidos por agentes estatales, es decir funcionarios públicos como policía municipal o estatal, entre otros. Si el número de funcionarios estatales es tan alto, la evidencia nos dicta que el Ministerio Público no actuará de manera diligente contra aquellos funcionarios que amenacen, detengan de manera ilegal y golpeen a periodistas entre otros delitos”.
Ese organismo también cuestionó la facultad inscrita en el artículo 73, pues no se reserva la materia de agresiones contra periodistas para ser únicamente conocida por autoridades federales. Con base en la reforma pueden convivir competencias del orden local y el federal, pero la Federación tiene facultad de atraer un caso del orden local. No obstante, no se definen los requisitos que un caso debe reunir para que sea investigado por la PGR.
“Además, la ley secundaria también debe de definir el sujeto, es decir, ¿qué se debe entender por periodista o actividad periodística? La discusión sobre el sujeto debe ser incluyente y no restrictiva en aras de proteger el derecho a la libertad de expresión y no una profesión únicamente”.
