■ Necesario, revisar la pertinencia de la declaratoria ante fracasos en otros estados, señala
■ Avanza recopilación de datos; Guadalupe y Calera encabezan la lista de feminicidios
En los trabajos de análisis que hasta ahora se han hecho del procedimiento para declarar la Alerta de Género en el estado, la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, informó que se han encontrado inconsistencias entre la ley estatal y sus propios reglamentos.
Señaló que por ello, al mismo tiempo que las autoridades trabajan con organizaciones de la sociedad civil en la elaboración del diagnóstico previo que se requiere, la Legislatura tendría que enfocarse a aplicar los cambios legales necesarios.
Consideró que de no llevarse a cabo estas modificaciones podría inclusive “entramparse” el procedimiento de Alerta de Género si se decidiera iniciarlo.
Entre estas inconsistencias, mencionó que en la ley se establece que quien debe recibir la solicitud y determinar la pertinencia de declarar la alerta es la Secretaría General de Gobierno.
No obstante, en los reglamentos se mandata que es la secretaria ejecutiva del Sistema Estatal de Atención, Prevención y Sanción de la Violencia en Contra de las Mujeres, que es Rivero Garza, quien tiene que recibir la petición para, posteriormente, ponerla a consideración de los integrantes del sistema y, tras aprobarla, enviarla a la Secretaría de Gobierno para que tome la decisión final.
El hecho de que haya estas discrepancias podría conllevar a que un procedimiento de este tipo quedara “entrampado” y no avanzara.
Rivero Garza insistió en que una Alerta de Género debe verse con responsabilidad y compromiso de todas las partes involucradas, que son Gobierno del Estado pero también las organizaciones de la sociedad civil. Por tanto, recalcó que se requiere hacer un análisis minucioso que ayude a conocer todos los pasos del proceso y a evitar que pueda verse frenado en algún momento.
Informó que, aparte de las inconsistencias, convendría revisar la pertinencia inclusive de que haya una declaratoria a nivel estatal o si quizá fuera más conveniente que Zacatecas se apegara únicamente a la vía federal.
En este sentido, apuntó que esta posibilidad local “podría abrogarse” aunque esto debería ser consultado sobre todo con las organizaciones civiles que son las que lucharon por su conformación o, en dado caso, “al menos armonizarlo a nivel federal”.
Este planteamiento radica, aseguró, en que más que alertas estatales la tendencia está encaminada a tener una alerta nacional.
Además, sostuvo que uno de los elementos que se requieren con la alerta son recursos específicos para las acciones que se vayan a poner en marcha. En Zacatecas dijo que los diputados lograron destinar un millón de pesos para el sistema de prevención de la violencia y otro para el sistema de igualdad.
No obstante, destacó que para 2017 a nivel nacional se ha anunciado ya una bolsa de 25 millones de pesos para todos los estados que tengan una alerta de género declarada desde ese nivel de gobierno.
Aunque expuso que algunas de las acciones que implicaría una alerta de género en el estado ya se están haciendo inclusive sin esa declaratoria y sin recursos específicos, sí hay otras en las que se requeriría presupuesto.
Expuso como ejemplo de medidas que se han tomado en otros estados tras una alerta de estas características, en concreto en el Estado de México, están la mejora del alumbrado público, la intensificación de los patrullajes preventivos y el fortalecimiento de la vigilancia en el transporte público.
Hasta el momento hay 7 estados que cuentan con alerta de género federal que son de México, Michoacán, Morelos, Jalisco, Chiapas, Nuevo León y Veracruz.
Por tanto concluyó que a finales del mes de enero y principios de febrero del próximo año se están organizando una seria de foros, conferencias o mesas de trabajo para conocer a detalle los procedimientos, ver las necesidades que existen de acciones gubernamentales y sociales, y poder conocer casos de éxito y otros que deben evitarse.
Rivero Garza indicó que ha habido casos en los que las alertas de género no han tenido los resultados esperados, e inclusive en los territorios donde se han declarado ha habido un incremento de la violencia feminicida; sin embargo, hay otros lugares en los que sí se han obtenido resultados.
Al respecto, comentó que “tenemos que ser muy responsables y puntuales para revisar la pertinencia porque sí sabemos que por lo menos donde se ha declarado no detiene la violencia y a veces se incrementa. Sí ha servido para visibilizar el problema, pero tendríamos que revisar cuáles serían las mejores prácticas cuando se activa la alerta y los aspectos negativos cuando se tiene este procedimiento”.
Por ello, agregó que debe revisarse con puntualidad la pertinencia de hacer una declaratoria de esta naturaleza en Zacatecas, trayendo a personas que ya hayan tenido la experiencia de una alerta tanto en con aspectos positivos como negativos para, en su caso, poder aplicar en Zacatecas las acciones exitosas y dejar a un lado las que no han dado resultados.
Informó que con este objetivo se está previendo organizar foros, conferencia o mesas de trabajo a finales del mes de enero y principios de febrero.
Diagnóstico en municipios
Uno de los elementos en los que tiene que trabajarse con mayor amplitud es el diagnóstico de la situación que atraviesa el estado y sus municipios en cuanto a la violencia en contra de las mujeres.
Esta revisión, advirtió, “nos tiene que decir en qué municipios se han cometido (los feminicidios), en qué contexto, qué leyes han vulnerado los derechos humanos de las mujeres e incluso si ha habido impunidad”.
Para ejemplificar la importancia de esta revisión planteó la pregunta de qué municipio, de antemano, pudiera pensarse que es el que más apoyo requiere en esta materia. Tras asegurar que “de entrada” la respuesta podría ser Fresnillo, apuntó que esta es una concepción errónea.
Con base en los datos que se tienen en la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJEZ) y en el Centro de Justicia para Mujeres de esta dependencia, de las carpetas de investigación abiertas desde 2013 hasta la fecha en el estado por el delito de feminicidio, tres corresponden al municipio de Guadalupe y otras 3 al de Calera.
Por tanto, estas dos ubicaciones son las que encabezan el listado con más casos que ya han sido judicializados por este delito, aunque aún no hayan concluido con una sentencia. Les sigue Pinos con dos casos, y después, con una carpeta de investigación en cada municipio, están Zacatecas, Fresnillo, Pánuco, Apozol, Sombrerete, Noria de Ángeles y Vetagrande.
Mencionó que éstas son algunas de las estadísticas que se han obtenido hasta el momento, además de que en total han sido iniciadas 19 carpetas de investigación por el delito de feminicidio, 13 de las cuales han sido ya judicializadas.
Tan sólo hay una sentencia condenatoria, mientras que el resto se encuentra en los plazos de cierre de la investigación o existen órdenes de aprehensión giradas en contra de los responsables.
La necesidad de conocer a detalle estas cifras es que la alerta se genera por municipios y hay que tener claro que cuando un municipio es señalado con esta declaratoria ya no puede volver a solicitarla posteriormente, explicó.
Concluyó que es “completamente justificable” la demanda de rapidez en torno a este tema, pero añadió que “este procedimiento no es cualquier cosa, hay que asumirlo con responsabilidad y objetividad. Y no es un asunto de imagen del estado sino que el estado tiene que comprometerse a garantizar los derechos humanos de las mujeres y para eso hay que trabajar”, además de involucrar a la sociedad civil.
