■ La tarea, interponer querellas, aunque los procesos son cansados, costosos: académica
■ Tráfico de influencias se castiga con la inhabilitación de un funcionario hasta por 5 años
■ No está en catálogo de delitos graves la compra-venta de autos oficiales en 61 Legislatura
Los delitos en que se enmarcarían las conductas realizadas por diputados a la 61 Legislatura involucrados en la compra-venta de autos oficiales, “no están dentro del catálogo” de los que se consideran graves y por tanto implican sanciones irrisorias en comparación con los beneficios económicos que obtendrían de la transacción de 10 autos modelos 2014 y 2015, expuso Verónica Aguilar Vázquez, directora Académica de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Autónoma de Zacatecas.
Citó el caso del tráfico de influencias, que según la normatividad de Zacatecas implicaría la inhabilitación del funcionario público hasta por cinco años y una multa de 30 a 300 cuotas, y cuya penalidad máxima alcanzaría “como 21 mil pesos, muy poquito”, expuso.
Observó de lo expuesto en el reportaje de investigación Legislatura y conflicto de intereses publicado por La Jornada Zacatecas el pasado 22 de septiembre, que aún queda duda si realmente se compraron estos vehículos, esto es, si salieron de la agencia Deral Automotriz, SA de CV propiedad del entonces diputado César Deras Almodova, entraron al parque vehicular del Poder Legislativo y luego salieron vendidos a su empleado Pablo René Ramírez del Real, quien los compró bajo la representación de “Seminuevos del Nilo”.
Cabe mencionar que aunque se pretextó la venta de los vehículos por Iván de Santiago, entonces presidente de la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política de la 61 Legislatura, a que presentaban “kilometrajes avanzados”, el oficio de respuesta a La Jornada Zacatecas a una solicitud de información sobre el tema, especifica que “en referencia al kilometraje, no existe registro de los mismos al momento de la compra-venta”.
Aguilar Vázquez dijo que el entramado efectivamente implica un conflicto de intereses que redundó en beneficios obtenidos mediante cargos públicos, pero si sólo se atendiera a la formalización que se hizo de la presunta compra venta, aparentemente sí se cumplieron los requisitos. Sólo cuando este medio “le rascó”, fue que salió a la luz un presunto mal manejo de los bienes públicos que implicaría a personas que se habrían beneficiado.
“Sí hay un tráfico de influencias porque cumple con los elementos del tipo que marca el Código Penal, pero ahí puede quedar si no hay ni la autoridad que lleve esa investigación ni quien siga la denuncia, ni quien le dé seguimiento al proceso”, advirtió.
Aquí mencionó nuevamente un tema que ha estado en el foco de la opinión pública, “la autoridad que pudiera darle seguimiento es el Ministerio Público y mientras la Procuraduría –General de Justicia del Estado de Zacatecas- dependa del Ejecutivo, eso es palabra de que esos negocios están en los más altos niveles”.
Dijo entonces que sólo la sociedad civil organizada puede incidir en que haya un equilibrio en temas de corrupción.
“Porque la verdad yo creo que la población en general por eso está molesta, porque ve el descaro con el que se mueven, el mal manejo de los recursos y que todo queda en la impunidad, porque no creemos en el sistema como tal”.
Las organizaciones de la sociedad civil pueden hacer un contrapeso dijo, interponiendo la querella por estos hechos, “pero claro que los procesos son cansados, son costosos y allí es donde habría qué ver cómo estamos dispuestos a entrarle a eso”.
