■ Gobierno prioriza la lucha contra el crimen organizado por sobre la vida de las féminas, expone
■ Autoridades niegan información y obstaculizan investigaciones, señala docente universitaria
El informe dado a conocer por Aministía Internacional (AI) respecto de las prácticas de tortura contra las mujeres detenidas por delitos federales en México, en las que 70 por ciento fue víctima de violencia sexual, exhibe una serie de mensajes graves que deben analizarse, pues son emitidos por el propio Estado mexicano y en general refieren, “la exacerbada cultura de violencia de género que vivimos en nuestro país en todos los contextos y ámbitos de la vida, tanto privada como pública”, expuso Adriana Rivero Garza, docente-investigadora del Centro de Investigaciones Jurídicas de la UAZ y consejera consultiva del Inmujeres por Zacatecas.
En estos casos son dobles o triples discriminaciones las que sufren las féminas; la primera respecto de su situación socioeconómica, pues en general provienen de contextos sociales marginales, otra, que propone a sus cuerpos como factibles de apropiación por los varones y demostrada por la diferenciación entre los métodos de tortura donde es cierto que hay prácticas en hombres y mujeres por igual, pero la diferencia entre ambos casos la hace la violencia sexual, pues los primeros no reciben tocamientos ni son violados.
Si durante los procesos de detención las mujeres son objeto de diferentes violencias, en su calidad de internas padecen otras, entre ellas, que se les prive del contacto con sus hijos, negándoseles el derecho de su visita o la de otros familiares, o en el caso de los menores, aun cuando estén con ellas en la reclusión, se les desatiende o no reciben los cuidados adecuados.
Se suma a su situación el que no se aplican los protocolos para los casos de violencia sexual, física o psicológica. Todo ello que se suma a la corrupción y la impunidad con la que se desarrolla la procuración de justicia en México.
Otro aspecto importante de la violencia de género en este ámbito, es el mensaje que se emite desde las relaciones de poder entre grupos de hombres, en este caso los que conforman las corporaciones policiacas federales, estatales o las fuerzas armadas, ya sea el Ejército o la Marina, y aquellos integrados al crimen organizado.
“Este asunto de la violencia sexual en contra de las mujeres a mí me recuerda mucho de manera general e internacional, el cómo las mujeres son botines de guerra”, dijo la investigadora.
La mayoría de las mujeres en reclusión han cometido delitos contra la salud y muchas veces están ligadas sentimentalmente a hombres que fungen dentro de grupos del crimen organizado. “Son a las que detienen para ser torturadas a fin de que brinden información a militares o policías ministeriales” que permitan ubicarlos.
Pero también son utilizadas por sus parejas como “correos” o “mulas”, esto es, para transportar paquetes o maletas con enervantes.
Hay también, por supuesto, quienes se dedican por sí mismas al tráfico de drogas, dijo, e incluso acotó que crece cada vez más el número de ellas en este ámbito, “pero normalmente cuando te das una vuelta a los reclusorios te refieren eso, que están ahí porque creyeron en su pareja, vivían con ella o porque ésta les pidió un favor de llevar un paquete o una maleta. Normalmente éstas son las historias de las mujeres en reclusión”.
Para el análisis de la violencia de género en este caso, también es ilustrativo el que el Gobierno mexicano no haya dado respuesta al citado informe de AI, pero además, haya obstaculizado la investigación de la organización, dijo.
Tanto la Procuraduría General de la República (PGR) como la Secretaría de Gobernación (Segob) negaron la información a Amnistía Internacional y obstaculizaron su acceso a los reclusorios, a las mujeres que querían entrevistar y a los procesos en los que estaban involucradas.
“Eso me parece gravísimo porque el Estado mexicano está invisibilizando una vez más que en México se violenta a las mujeres de manera sistemática”, expuso Rivero Garza.
Otro aspecto que tuvo un ocultamiento intencional por parte del Estado mexicano, observó, fue la gravedad de las violaciones sexuales y la alta incidencia de ellas por parte de efectivos de la Marina Armada de México, esto en aras de evitar que una institución que ha sido ponderada positivamente en la lucha contra el narcotráfico se viera afectada en su imagen.
El mensaje resultante exacerba otra vez la violencia de género contra las mujeres, pues se prioriza la lucha contra el crimen organizado por sobre la vida y el respeto al cuerpo de las féminas; se muestra como más relevante socialmente el combate a los delitos contra la salud que los sexuales y contra la dignidad y la integridad física de las mujeres, esto es, aquellos que refieren la violación de los derechos humanos, pues estos últimos se invisibilizan.
Aunque la Marina encabezó la comisión de delitos sexuales contra las mujeres con la cifra de 80 por ciento y exhibió los más graves y dolosos, “lo importante –para el Estado mexicano- es que se está combatiendo al crimen organizado y no la violencia contra las mujeres en forma general”.
También ilustrativo de una violencia de género que las instituciones dicen atender mediante talleres de capacitación y otras políticas públicas, resulta el que la Secretaría de Gobernación haya creado desde hace nueve meses un mecanismo de seguimiento de los casos de tortura en materia de violencia sexual, y no haya habido ningún caso supervisado de esta manera desde entonces, según el análisis que ha hecho la propia Adriana Rivero.
“Ni siquiera los 100 que presenta Aministía Internacional; entonces finalmente volvemos a lo mismo, las instancias gubernamentales federales o estatales, no están haciendo lo suyo y no lo hacen porque hay una cultura machista, misógina que nos lleva a actuar como actuamos”.
