Revelan casos de desaparecidos por policías de Guerrero

Revelan casos de desaparecidos por policías de Guerrero

Teloloapan. Con una cánula de oxígeno en la nariz y una sonda de suero en el brazo, Carlos Sánchez yacía en el asiento trasero del Honda sedán con la cabeza apoyada en el regazo de su esposa. El vendedor de tacos de 36 años tenía tres balas alojadas en el cuerpo y gritaba de dolor cada que caían en un bache en la carretera esa noche que iban rumbo a Iguala.

Espera, su primo Armando le rogaba, sólo faltan 10 minutos más para llegar al hospital.

De pronto, el interior del carro se iluminó con un destello de luz. Armando de la Cruz Salinas quedó cegado con el reflector que la policía del estado de Guerrero apuntaba hacia ellos desde una camioneta al lado del camino. Redujo la velocidad en medio de la densa noche, pero golpeó otro vehículo policial que estaba en medio de la carretera con las luces apagadas.

Un hombre fornido con uniforme de la policía estatal y botas negras con casquillo abrió la puerta del pasajero y sacó a tirones a la hermana de Carlos. La lanzó contra la cajuela, la esposó y la requisó. En ese momento un camión distribuidor de hielo se detuvo, pero el oficial gritó: “¡No es tu problema!” y el conductor siguió su camino. Luego el policía la empujó hacia la patrulla y la puso en el piso del asiento trasero, junto con su primo Armando y su cuñada. Otro policía se sentó atrás con ellos.

Pensaron que habían sido arrestados, hasta que la patrulla dejó de avanzar por la carretera y se metió por un camino de tierra rumbo a las montañas. Entonces supieron que habían sido secuestrados por la policía.

Los cuatro miembros de la familia Sánchez son oriundos de la Tierra Caliente, en el estado sureño de Guerrero, una región de campos de marihuana y cultivos de amapola, donde los carteles del narcotráfico decapitan a sus enemigos y donde ni siquiera los sacerdotes se salvan de una muerte violenta. En la primavera de 2013 se sabía que la policía hacía algunos trabajos para el crimen organizado, pero no era ampliamente conocido que las policías locales y estatales también desaparecieran gente.

Imagen de Carlos Sanchez en casa de un familiar en Teloloapan. Foto Ap/ Dario López-Mills

Imagen de Carlos Sánchez en casa de un familiar en Teloloapan. Foto Ap/ Dario López-Mills

Por la mañana, cuando Tania Martínez Figueroa seguía sin saber de su esposo, fue a pedir ayuda a las autoridades. Fue a las instalaciones de la Procuraduría estatal en Teloloapan a presentar un reporte por desaparición. Menos de una hora después le advertían por teléfono que no siguiera con la denuncia o su familia sería asesinada.

Tania retiró el reporte.

Al siguiente día recibió otra llamada: le pedían un rescate de 100 mil pesos (unos 8 mil dólares). La familia pagó el dinero pero los secuestradores no se volvieron a comunicar y ella se quedó en silencio. Había aprendido a mantener la boca cerrada.

No diría nada durante casi un año y medio hasta que la desaparición de 43 estudiantes a manos de policías de Iguala el 26 de septiembre de 2014 comenzó a develar la magnitud de la participación de las policías en engrosar la lista de 26 mil desaparecidos registrados oficialmente en el país desde 2007.

En medio de la indignación por el rapto de los estudiantes, cientos de familias se presentaron en una iglesia de Iguala y comenzaron a reportar sus propias historias de desaparición, muchas sucedidas con la complicidad de la policía. El subprocurador de Derechos Humanos, Eber Betanzos, dijo a The Associated Press que la policía municipal había participado en varios casos alrededor de esa localidad durante el mandato del alcalde José Luis Abarca, quien enfrenta cargos relacionados con el caso de los 43 estudiantes.

Una investigación oficial sobre la desaparición de los estudiantes señaló que un mando de la policía de Iguala, Francisco Salgado Valladares, era responsable de pagar la nómina de los agentes que trabajaban también para el cartel deGuerreros Unidos y distribuía unos 600 mil pesos al mes (unos 45 mil dólares) entre la policía. El entonces subdirector también supervisaba los retenes policiales instalados en las carreteras de acceso a la ciudad, en los que se hacía cargo de que pasaran los cargamentos de droga, de que no entraran miembros de carteles rivales y de que los secuestradores transitaran con sus víctimas sin problemas.

Algunos miembros de la familia Sánchez aceptaron hablar con la AP sobre los secuestros de la policía en uno de esos retenes con la condición de no ser identificados. Querían contar la historia de violencia que los rodea tanto como el aire que respiran y cómo la policía está detrás de muchos casos de quienes ahora son conocidos como “Los Otros Desaparecidos”.

Sin embargo, tienen pánico de sus captores y los policías, que aún viven entre ellos y que operan con impunidad y que, a veces, vuelven para abusar o amenazar a aquellos que se atreven a hablar.

Hablaron en voz baja, a puerta cerrada, y con una aparente e irreconciliable mezcla de liberación y pavor, conscientes de que decir la verdad puede ser fatal.

Carlos Sánchez y su esposa habían regresado del mercado la tarde del dos de abril de 2013 cuando un carro blanco se detuvo afuera de su casa en Teloloapan, una ciudad de unos 55 mil habitantes en una planicie de la zona montañosa de Guerrero. Ella llevó los pañales y la leche a la casa y cuando regresó por más cosas vio a un hombre que apuntaba una pistola a su marido. “A mí me están confundiendo, investígueme”, les dijo Carlos a los hombres.

No es extraño que en esta zona del país algunos sean llevados a punta de pistola, para luego pedir rescate a su familia, reclutarlos a la fuerza a las filas de un cartel o castigarlos por no pagar una extorsión. Carlos vendía tacos en cuatro puestos callejeros y en su motocicleta, algo que aumentaba las posibilidades de cruzarse con los criminales. Los hombres armados intentaron meterlo a su carro pero Carlos se resistió y entonces él, padre de tres niños, recibió un disparo en el pecho, otro en el brazo y otro en la pierna.

Imágenes de Armando de la Cruz Salinas, quien fue visto por última vez el 2 de abril de 2013, cuando intentaba llevar a su primo Carlos Sánchez a un hospital, pero fueron interceptados por policìas cerca de Teloloapan, Guerrero. Foto Ap/ Dario López -Mills

Imágenes de Armando de la Cruz Salinas, quien fue visto por última vez el 2 de abril de 2013, cuando intentaba llevar a su primo Carlos Sánchez a un hospital, pero fueron interceptados por policìas cerca de Teloloapan, Guerrero. Foto Ap/ Dario López -Mills

En el pequeño hospital de Teloloapan Carlos fue vendado, le pusieron oxígeno y suero, pero le dijeron que no había ningún cirujano disponible para atenderlo de sus heridas de bala. Le dijeron que debía ir a Iguala. Para llegar hasta ahí, la familia sabía que tendrían que atravesar una sinuosa carretera de dos carriles que conecta Arcelia y Ciudad Altamirano con otras comunidades afectadas por el narcotráfico. Tendrían que pasar, además, a través de tres retenes militares y uno de la policía.

El personal del hospital le dio una carta que decía que Carlos necesitaba ir a urgencias para recibir atención médica urgente para que lo dejaran pasar en los retenes, pero le dijo a la familia que ninguna ambulancia podría llevarlo sino iba con una escolta armada. Su hermana fue al puesto militar a la entrada de la localidad para pedir una escolta pero le dijeron que necesitaban autorización de sus superiores. Manejó al centro de la ciudad para hablar con el comandante, quien le dijo que sólo la oficina local de la Procuraduría del Estado podía dar permiso. En ese lugar, una mujer rechazó su solicitud.

“Déjalo así, ya no puedes hacer nada”, le dijo.

Mientras, la esposa de Carlos llamaba desesperada a clínicas privadas alrededor de Teloloapan y eventualmente encontró una que aceptó recibirlo. Pero cuando la ambulancia llegó y el personal vio que Carlos había recibido disparos, cambiaron de opinión y dijeron que el doctor había terminado su turno. No es extraño que en lugares controlados por criminales se niegue la atención de heridos de bala pues ha habido casos de sicarios que van hasta las clínicas a rematar a sus víctimas y ponen en riesgo al personal médico.

Carlos no quería ir a Iguala y le dijo a su esposa que lo dejara morir en casa. Su esposa dijo que lucharía por salvar su vida aunque él no quisiera. Un amigo les prestó su carro para realizar el viaje y Armando se ofreció a manejar. Él y Carlos crecieron juntos y se querían como hermanos. Justo cuando pasaban a Carlos de la ambulancia al carro vieron que un hombre dentro de un carro estacionado cerca de ellos, sonreía y marcó algo en su celular.

El grupo de cuatro partió a las 9:30 de la noche: Armando, Carlos, su esposa y su hermana. Pasaron el primer retén en Teloloapan y el segundo en Ahuehuepan, pero no llegaron a un tercero.

En las afueras de Iguala, la esposa de Carlos, su hermana y su primo fueron transferidos de la patrulla al asiento trasero de una camioneta beige. Escucharon a Carlos quejarse en la parte trasera.

Después de unos 10 minutos de manejar cuesta arriba, llegaron a un complejo amurallado con una gran puerta. Alguien silbó y la puerta se abrió. Los sacaron de la camioneta y los llevaron hacia una casa de un piso y concreto sin pintar. La puerta era color verde manzana y había una ventana sin vidrio y con el marco negro.

Entraron a la casa, oscura, guiados por las luces de los celulares de sus captores y pronto se dieron cuenta que no estaban solos. Entre 15 y 20 personas estaban sentadas en el piso, vendados de los ojos y amarrados por las muñecas y los tobillos.

Adriana Bahena con la imagen de su esposo,  Saulo Rodríguez Cruz. Foto Ap/ Dario López-Mills

Adriana Bahena con la imagen de su esposo Saulo Rodríguez Cruz. Foto Ap/ Dario López-Mills

La policía les quitó los zapatos, cinturones y cualquier cosa de valor; les jaló las playeras para cubrir sus cabezas pero por la luz de los celulares alcanzaron a ver a través de la tela cuando arrastraron a Carlos dentro de la casa. A excepción de las vendas, estaba desnudo; la bata de papel del hospital se había perdido. Los guardias intentaron sentarlo, pero se desplomó sobre su costado y cayó a los pies de su primo.

Estaban rodeados por entre 10 y 15 hombres armados con fusiles. La mayoría usaban el mismo uniforme policial oscuro. La única mujer entre los captores tomó la bolsa de la esposa de Carlos. Otro secuestrador se acercó a Carlos con una libreta. Le preguntó su nombre, de dónde era, cuántos hijos tenía y qué hacía. Carlos contestó todas las preguntas, pero de todos modos lo golpearon y patearon. Luego su interrogador le dio una lista con nombres y le preguntó si conocía a esas personas. Les dijo que no.

Los golpes aumentaron. El hombre acusó a Carlos de robarse caballos de un rancho en Teloloapan aunque él no era jinete. Le gustaba cazar y las peleas de gallos. Dijo que había estado en ese rancho pero sólo para vender tacos a los albañiles que construyeron los establos. Y les recitó la variedad de sus tacos.

Otro captor puso el cañón de un fusil en la cabeza de Carlos. Indignado, Carlos se estiró y le gritó al pistolero: “¡Mátame!”, o él lo asesinaría junto con toda su familia.

Unos seis hombres se abalanzaron sobre Carlos y lo patearon con furia. Cuando se detuvieron, Carlos volteó hacia su esposa, respiró profundamente y dijo el nombre de su hijo más pequeño, Santiago. Después cerró sus ojos.

Uno de los policías miró su reloj: 11:45 de la noche, dijo. Otro se inclinó a tomar el pulso. Luego tomó la cabeza de Carlos con ambas manos, la torció violentamente hasta que su cuello se quebró.

Los hombres armados metieron al vendedor de tacos en un sleeping bag verde y lo sacaron. Los otros escucharon cómo caía su cuerpo en la parte trasera de alguna camioneta, antes de que llamaran a la mujer del grupo para que limpiara la sangre de la víctima.

Era el turno de Armando. Lo interrogaron y también lo golpearon.

En los siguientes días, la esposa de Carlos y su hermana fueron cuidadas por distintos grupos de policías y civiles que pasaban la mayor parte del tiempo fumando marihuana y mirando videos en sus celulares. Permanecían sentadas mientras otros eran golpeados con tablas o con trozos de manguera rellenas de cemento y escuchaban a los guardias hablar sobre cómo habían matado a un violador y le habían arrancado el rostro, como justificándose moralmente. Traían a varios y se llevaban a otros. Ellas llegaron a creer que si a los cautivos los dejaban irse con sus zapatos eran liberados, pero si se iban descalzos, eran asesinados.

Permanecieron petrificadas por 10 días antes de que las dejaran salir descalzas y luego conmocionadas cuando las liberaron.

Armando, sin embargo, no estaba con ellas.

“Lo único que él quería era llevar a su primo al hospital para que se salvara”, dijo Tania.

Cerca de un mes después, la familia Sánchez escuchó que algunos cuerpos habían sido llevados a la morgue de Iguala. Fueron a ver si alguno de los cadáveres era el de Carlos o de Armando. Ninguno era. Más tarde esa noche, después de regresar a Teloloapan, recibieron una llamada para amenazarlos con matarlos si seguían buscando. La esposa de Carlos huyó de Teloloapan.

Después de que la noticia de la desaparición de los 43 estudiantes desatara una tormenta nacional, un vecino que buscaba a su hijo dijo a los Sánchez que familiares comenzaban a reunirse en una iglesia de Iguala para presentar denuncias ante las autoridades federales y dar muestras de ADN. Aceptaron unir sus nombres a las de cientos de otras familias, muchas de las cuales también revelaron historias de policías que se llevaron a sus seres queridos.

Entre ellos estaban los familiares de Adilene García Valverde, de 19 años, y su hermano Jorge Alberto, de 21, quienes fueron detenidos por la policía cuando regresaban a su casa después de cenar en Cocula, el 29 de junio de 2012. Nunca más los vieron. La policía de Iguala dijo a su padre que no tenían registro de algún arresto o de alguna patrulla en el área esa noche.

 Jaime Velázquez Betancourt con la foto de sus hijos Jorge Alberto y Adilene García Valverde. Foto Ap/ Dario López-Mills

Jaime Velazquez Betancourt con la imagen de sus hijos Jorge Alberto y Adilene. Foto Ap/ Dario López-Mills

También estaba la familia de Ángel Alberto Mejía Mazón, un estudiante de 19 años, que se vio involucrado en una pelea con un extraño en la feria anual de Iguala en febrero de 2013. La policía lo arrestó, contó su hermano, Marcos Mejía Mazón. Cuando su abuelo fue a la estación policial a buscarlo le dijeron que no tenían ningún registro de que hubiera sido detenido. El oficial que negó tenerlo era Francisco Salgado Valladares, el supuesto recaudador del cartel Guerreros Unidos.

Algunos policías incluso terminaron en la lista de desaparecidos. Saturno Giles Beltrán, un militar retirado de 47 años, trabajaba en la unidad de vehículos robados del departamento de policía de Iguala. A su esposa, María del Carmen Abarca Bahena, le dijo que él era el único hombre limpio en la fuerza. Desapareció el ocho de marzo de 2014 cuando manejaba camino a las clases que tomaba para obtener su título de abogado. Llamó a su esposa y le dijo que “ellos” le habían permitido hablar por teléfono, que estaba aclarando algunas cosas y después regresaría a casa. Fue la última vez que lo escuchó.

Después de añadir los nombres de sus seres queridos a las listas, muchos familiares se organizaron para ir a las montañas alrededor de Iguala en busca de los cuerpos de sus desaparecidos. Al paso de las semanas y meses, equipos gubernamentales recuperaron los restos de al menos 104 cuerpos de fosas clandestinas localizadas por las familias, aunque sólo 13 de ellos han sido identificados por pruebas de ADN y pedazos de ropa.

En otras ocasiones fueron identificados por otras cosas. En enero, la familia Sánchez fue informada que habían exhumado una bolsa de dormir verde con un esqueleto adentro. Al lado, hallaron una sonda de suero y una cánula de oxígeno.

Marcos Javier Mejía sostiene la foto de su hermano Ángel Alberto. Foto Ap/ Dario López Mills

Marcos Javier Mejía sostiene la foto de su hermano Ángel Alberto. Foto Ap/ Dario López Mills

 

Carmen Abarca con la imagen de su esposo Saturno Giles Beltrán

Carmen Abarca con la imagen de su esposo, Saturno Giles Beltrán. Foto Ap/ Dario López-Mills

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