Las víctimas del 8 de marzo en Zacatecas emitieron este martes un comunicado en el que reiteran su exigencia de justicia por los “actos de tortura, detención ilegal, privación de libertad, lesiones y tentativa de feminicidio” perpetrados públicamente por fuerzas de Seguridad Pública después de la marcha y concentración masiva del 8M, en Plaza de Armas.
A dos meses de los hechos referidos, se anuncia la visita a Zacatecas del equipo del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas en México, en cumplimiento del compromiso expresado el 12 de marzo pasado, para dar seguimiento a las demandas de las víctimas y hacer frente a la impunidad.
El abuso de autoridad y la brutalidad policial que resultaron en los delitos mencionados, ocurren en el contexto de una grave crisis de seguridad humana, con alarmantes aumentos en feminicidios, homicidios dolosos y desapariciones forzadas en contra de mujeres y niñas, puntualiza el comunicado.
La destitución de Rodrigo Reyes Mugüerza, Arturo Medina Mayoral, Oswaldo Caldera Murillo y de los elementos policiales implicados, se exige de nuevo en este comunicado, en el que también se subraya que las víctimas de tortura y brutalidad policíaca del 8 de marzo en Zacatecas, no permitirán que “este agravio histórico quede en el olvido”.
Mediante este boletín se solicita también la intervención de “personas relatoras y expertas en derechos humanos de los mecanismos de la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos” para la obtención de información detallada sobre los hechos, poner alto a las acciones revictimizantes contra las mujeres afectadas y prevenir también las potenciales acciones estigmatizantes contra defensoras de derechos humanos y manifestantes, por parte de instituciones.
De igual forma se solicita a estas personas expertas: contribuir en la obtención de medidas de protección para las víctimas, realizar una investigación exhaustiva para la identificación y sanción de los responsables, así como ayudar a garantizar el derecho a la verdad histórica y prevenir la repetición de estas violaciones a los derechos humanos, informando sobre las medidas adoptadas en este sentido.
El “2024 como año de la paz” es un decreto y política gubernamental que no se ha respalda en acciones concretas; y choca con la indignación de la sociedad civil ante el oscuro panorama de la violencia y la impunidad en nuestro estado y país, expresa también el comunicado.
