México, DF. Al presentar el Segundo Diagnóstico sobre la Implementación del Mecanismo Federal de Protección a Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, las organizaciones civiles destacaron que de junio de 2012 a mayo de 2014, 32 defensores fueron ejecutados extrajudicialmente en el país, y el mayor número de casos los concentraron los estados de Guerrero y Oaxaca.
También destacaron que hubo ejecuciones extrajudiciales de defensores en Chihuahua, estado de México, Chiapas y Veracruz.
Alberto Solís, de Servicios y Asesoría para la Paz, A.C. (Serapaz), subrayó que este mecanismo de protección no ha logrado la implementación correcta. Dijo que a casi tres años de su operación, aún tiene problemas para que realmente proteja a defensores y periodistas.
El secretario ejecutivo de la Red Todos los Derechos para Todos, Fernando Ríos, dijo que pese a este mecanismo se han incrementado las denuncias de violaciones a derechos humanos y ataques, desapariciones forzadas y asesinatos contra defensores.
Resaltó que en México es muy amplio el abanico de los funcionarios que amenazan o persiguen a defensores, entre ellos ediles, gobernadores, funcionarios públicos de Profepa, entre otros, además del crimen organizado, grupos homofóbicos y xenofóbicos.
Destacó que las abogadas que defienden los casos de feminicidos, que en el país representan más de 3 mil casos en los dos últimos años, son amenazadas, así como las comisiones u organismos de derechos humanos que denuncian las torturas, amenazas, así como las violaciones cometidas por militares y marinos.
Por su parte, Pilar Tavera, de Propuesta Cívica, dijo que 59 casos de solicitantes de protección en el mecanismo han sido acompañados. Sin embargo, “hemos visto que el problema que se presenta no es de las personas que tienen acompañamiento, sino para el 70 por ciento de las personas que no cuenta con esa protección”.
Iván Baez, de Artículo 19, destacó que “no hay una política pública para detener las amenazas para atender y proteger a los defensores y periodistas ante amenazas, lo que hay es una clara falta de voluntad política porque se requiere un discurso público para defender públicamente a defensores y periodistas”.
