Esperan ciudadanos efectividad de la Ley para la Atención Integral de las Víctimas

Esperan ciudadanos efectividad de la Ley para la Atención Integral de las Víctimas

■ En Zacatecas hay 93% de crímenes sin denunciar o sin una averiguación previa: Envipe

■ El estado ocupa el sexto lugar nacional como el que más incrementó sus cifras delictivas

Las voces hablan bajo, pausado, se alternan y complementan, las miradas no tienen que cruzarse para determinar cuando uno interviene, cuando el otro. Es la expresión de una tristeza que hace difícil articular las palabras, acentuar la voz. Ésta se hace casi plana para relatar por enésima vez cómo entre las 11 y las 11:30 de la mañana del 4 de agosto de 2014, una familia que se disponía a celebrar el volver a estar juntos después de largo tiempo, se vio sumida en la tragedia.

Se planeaba un día de campo en las tierras de labranza del jefe de la familia, el motivo, alegrarse por el regreso de una de las hijas procedente de los Estados Unidos, que con su esposo, recién había llegado.

En ausencia de sus padres, Edith Marimar García Torres, dijo a una de sus hermanas, salir de casa para dirigirse a una tienda que se encuentra entre 80 a 100 metros de distancia. Los testigos describen los últimos momentos en que se tiene registro visual de la joven de 18 años, que apenas hacia un mes se convirtiera en la representación de juventud y la belleza femenina de Tacoaleche, se le vio inquieta, alterada, salía y entraba de la iglesia que se encuentra en el corazón de esta localidad del municipio Guadalupe, en el estado de Zacatecas.

A las 2 de la tarde, ya había en la familia inquietud por la tardanza, pero no alarma. Edith tenía asuntos que arreglar en la Preparatoria de la que recién había egresado. Se tomó la decisión de partir hacia el convivio para no desilusionar a quienes aguardaban. Pero alrededor de las ocho de la noche cuando retornaron a casa sin encontrarla y luego de haber hecho en el transcurso del día llamadas a su teléfono celular sin recibir respuesta, y luego otras que enviaban a buzón, comenzó la zozobra.

Otra persona que la vio dice que le dijo adiós, sería para despistar, que le dijo adiós. Otra persona más tarde, la vio, una muchacha, no en la camioneta negra sino en una camioneta gris, pero atrás va la negra en la que la vieron las otras personas, como que iban ya en caravana me imagino. Y dice que mi hija iba en medio de dos hombres, habla la madre de Edith.

Apenas al día siguiente de su desaparición, la familia de la joven recibió una llamada donde le solicitaban 500 mil pesos para liberarla.

La cantidad requerida por presuntos integrantes del cartel de Sinaloa no pudo ser reunida, aun con la ayuda de familiares, amigos y vecinos. Sin embargo, los recursos entregados mediante una cuenta de Banamex y otra de Elektra, fue presuntamente aceptada por los captores para devolver a Edith Marimar, dijeron, frente al Convento de Guadalupe, en la cabecera municipal.

La camioneta Lobo roja que manejaría una mujer pelirroja, nunca llegó. El proceso de la extorsión inició a las 2 de la tarde del 5 de agosto, el último de los depósitos se hizo 5 minutos antes de las ocho de la noche, la espera por el regreso de Monillo, como le dice cariñosamente su padre, continúa.

Pero ahorita nos encontramos con la moral toda la caída, desde el más chiquito hasta el más grande. Nosotros diario nos la pasamos en su pobre casa llorando y rezando porque regrese mi hija sana y salva, describe.

La madre agrega, luego de señalar las dificultades económicas que han derivado de este ilícito y que han implicado andar de arriba para abajo. Pero nosotros tenemos que buscar a nuestra hija y así sea necesidad de pedir limosna lo vamos a hacer. Y así nos digan hasta el fin de mundo vayan, hasta allá vamos a ir para buscar a mi hija.

 

Cuando la línea entre el bien y el mal se difumina

Resuelto. Con otra disposición, la que da el hecho consumado de haber visto que un hijo tuyo interviene y ahí mismo cae en tu presencia, que te tienen encañonado uno de ellos y otro también a tu compañera, Ricardo Flores González relata la impronta que le acompañará por siempre.

Habla del asalto a mano armada ocurrido la tarde del 20 de septiembre de 2011 en una tienda de abarrotes de su propiedad, ubicada en la colonia Barros Sierra de la capital de Zacatecas.

Luego se sabría que los agresores, dos integrantes en activo de la Policía Estatal Preventiva de Zacatecas (PEP), utilizaban sus armas de cargo para, en sus días de descanso, alternar su función de salvaguardas de la Seguridad Pública con la actividad delincuencial como integrantes de una banda.

Ricardo Flores tiene 60 años, su esposa 62. Sólo Dios sabe cómo estamos mi mujer y yo en pie. Pero el primer año de todo esto fue para mí muy malo, ya en el segundo año nos sobrepusimos y así hemos estado. Este 20 de septiembre fue el tercer aniversario de ese hecho y aquí estamos.

El autor material del asesinato sigue prófugo, únicamente su cómplice fue aprehendido y sujeto a proceso.

La indignación habla en voz del hombre: Lo de nosotros en un principio fue todo bien, todo lo que es el proceso penal se llevó bien. Tan es así que sí se logró saber quiénes fueron, quiénes eran y todo lo demás. Hasta ahí todo bien, en lo que no ha habido, desde siempre yo reclamé y reclamo, lo que es una reparación integral del daño que hasta la fecha Gobierno del Estado no ha asumido ninguna responsabilidad en eso.

 

El “Juárez chiquito”; Ojocaliente, Zacatecas

Ojocaliente, durante seis años, iniciados entre 2007 y 2008 se convirtió en un (Ciudad) Juárez chiquito. Era tanta la violencia que yo en lo personal llegué a decir ¡¿Dios mío, qué es esto?! Esto no es normal o ¿estoy en Colombia o qué está pasando?

El fenómeno es descrito por la directora del Instituto de la Mujer en esa localidad, Elsa Ruth Valadez García, una líder natural de su comunidad, quien por primera vez encabeza una institución gubernamental.

La funcionaria describe como de una crueldad exacerbada los fenómenos de violencia pública pero también los intrafamiliares con los que le toca lidiar cada día. Ambos se complementan para arrojar un estado de cosas que tiene sumida a la población en el miedo, la pobreza y la delincuencia.

De los fenómenos han derivado hogares en orfandad ahora sostenidos de manera precaria por las madres de familia, desaparecidos, amenazas. Intramuros se dan casos como el de una menor que fue arrojada a un cazo de mole.

“Porque ahorita se ven casos terribles. En Ojocaliente tenemos casos tan crueles que yo no lo puedo creer”.

Habla de mujeres violentadas en esta ruta que siguen las costumbres de un machismo que no logra desterrarse, más lejano de atestiguar y por tanto de combatir en las zonas rurales, pero también hombres violentados.

Fui y lloré a autoridades, dice para describir su peregrinar por las dependencias gubernamentales que tienen el deber de atender y mantener la Seguridad Pública, la procuración e impartición de justicia, sólo la Comisión Estatal de Derechos Humanos le escuchó, dice.

Yo en verdad quería que viniera Superman. Yo sé que Dios existe pero la violencia que vivimos nosotros yo quería recurrir a alguien que nos ayudara.

¿Por qué no hablamos claramente? porque todo mundo tiene el temor, todo mundo dice es que si yo hablo me van a matar, a desaparecer, a martirizar. Es un temor que no sé si me entienda lo que le quiero decir… no hablan porque hay un temor y un pavor excesivo en Ojocaliente.

La entrevista con Ruth Valadez García, se realizó el primero de octubre del 2014 por la mañana, en ella señaló que luego del cambio de administración en el estado y el municipio, se han apaciguado las cosas.

En el periodo anterior se veía más violencia, ahorita está así como controlada. Estamos viviendo más tranquilos, ya no nos molestan, habla de los integrantes de la delincuencia organizada.

Ese mismo día poco después de las 13 horas, elementos de la Policía Estatal Preventiva (PEP) informaron de un enfrentamiento que tuvo un saldo de un delincuente muerto y tres detenidos, allí, en la zona centro de la cabecera municipal de Ojocaliente.

¿Cómo sin una intervención oportuna y eficaz de las autoridades han sobrevivido las familias en un lugar en el que estima, se ha visto afectada de manera directa o indirecta el 100 por ciento de la población?

Las tragedias las ha vivido como Dios nos da licencia, la mayoría en silencio por el miedo. Otras apoyadas con becas, despensas que se obtienen en el DIF local, nunca con recursos suficientes. El Instituto de la Mujer en esta demarcación recibe lo concerniente a salarios, también gasolina para sus visitas a comunidades y escuelas.

 

Las voces de las víctimas del delito

El miedo, la zozobra, la confusión, el estado de indefensión, la angustia, la indignación, la tristeza, el enojo, la desconfianza, la falta de acompañamiento, de información y asesoría institucional, se expresan en las voces de las víctimas del delito, aquellas que han roto el silencio.

Son las expresiones de la excepción que confirma la regla que arroja, para el caso de Zacatecas, 93 por ciento de crímenes sin denunciar o de los cuales no se inicia una averiguación previa, y que según la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción Sobre Seguridad Pública (Envipe) 2014 realizada por el Inegi, señalan que en materia de procuración e impartición de justicia, México va perdiendo la batalla.

La norma dice, hay más silencio: más hombres, mujeres, niños y jóvenes que deciden guardar en el entorno de lo íntimo las pérdidas tanto humanas como materiales y morales derivadas de la incidencia del crimen en México.

A pesar de que tanto a nivel nacional como en el entorno estatal se han incrementado tanto los delitos como las víctimas, se apareja al fenómeno, un decremento en el número de denuncias interpuestas, que en el país bajó del 12.2 por ciento en 2012 a 9.9 en 2013.

Lo que la propia Envipe expone como causales de la negativa a denunciar en el país, es que éstas son atribuibles a la autoridad. Detrás está el miedo a la extorsión, pérdida de tiempo, trámites largos o difíciles, desconfianza en la autoridad o actitud hostil de la autoridad.

Actualmente Zacatecas ocupa un sexto lugar a nivel nacional como la entidad que más incrementó sus cifras delictivas. Y a pesar de que ha habido una mejora en la percepción sobre Seguridad Pública, según la misma Envipe, se encuentra entre las siete peor calificadas en la República Mexicana.

 

Procurarse sin llegar a hacerse justicia por propia mano

El 70 por ciento de los datos que han servido para la investigación en el caso de la búsqueda de Edith Marimar García Torres, han sido recabados por los propios familiares. Para ello se han movilizado de rancho en rancho, a las comunidades, a los municipios, donde saben de una pista.

El último registro geográfico del teléfono de Edith fue ubicado la madrugada de entre el 4 y 5 de agosto mediante su cuenta de Facebook, refería el trayecto Tacoaleche-La Dulce Grande, esta última localidad de Villa de Ramos San Luis, Potosí.

El dato coincide con el dicho de los presuntos captores que habrían informado a la familia este es uno de los lugares donde operan, sin embargo, esta línea de investigación no fue seguida por las autoridades.

Tampoco se ha investigado a quién pertenecen las cuentas ni se han solicitado las imágenes que registran los rostros de quienes en las cajas de las instituciones bancarias recogieron el dinero del rescate.

La sábana de llamadas del teléfono de Marimar, a la que le habría apostado la policía Ministerial valor fundamental para su localización, apenas fue obtenida hace 15 días, es decir, un mes y medio después de su desaparición, la razón es que las autoridades del estado de Zacatecas, a pesar de la inversión de miles de millones de pesos que en este Gobierno se ha informado como histórica en materia de Seguridad y Procuración de Justicia, no cuenta con la tecnología para este rastreo.

Tampoco tuvo incidencia el que entrara en vigor el pasado 12 de agosto de 2014, ocho días después de la desaparición de Edith, la nueva Ley en materia de Telecomunicaciones, que mandata se guarde registro de llamadas, chats, correos electrónicos y datos georeferenciales de todos los usuarios, para poder ser solicitados por autoridades, disposición que se sustentó en motivos de seguridad.

Otro dato desalentador para la familia fue el darse cuenta que contrario a lo informado por las Policía Ministerial, la desaparición de Edith no ha sido informada en los municipios de Zacatecas para su búsqueda coordinada por las corporaciones policíacas.

Nos dijeron que ya se había boletinado, inclusive a San Luis y Aguascalientes, y nos damos cuenta de que ellos no tenían ni siquiera idea, no sabían nada de mi hija allí, comenta la madre de Marimar, sobre su visita a Río Grande a donde acudieron siguiendo un rumor y para pegar imágenes de la estudiante.

A mí me dio mucha tristeza porque digo, si de aquí Zacatecas no se dan cuenta, entonces de otros lugares, menos.

Los padres de Edith dicen confiar en la investigación de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Zacatecas, pero desean se solicite ayuda a la Federación para su localización. Incluso con la presunción de la participación del crimen organizado en la desaparición de la joven, el caso no ha sido atraído por la Procuraduría General de la República.

En su proceso, los familiares han sabido de caminos y recursos que se preguntan por qué no se utilizan para encontrar a su hija.

Asimismo ese a pausas como se enteran de las herramientas que pueden tener para el acompañamiento de su caso, entre ellos, la existencia de una Ley General de Víctimas.

La única asesoría que han recibido para entender el entramado que ofrecen las dependencias gubernamentales y otros recursos que se han construido por la sociedad civil, es la de Zacatecanos por la Paz. Ninguna autoridad les ha orientado o informado de instancias a las que puedan acudir.

 

Por la reparación Integral del Daño

Así me lo dijeron indirectamente, que si yo sabía algo fuera y les dijera… así está la cosa, es cierto eso, agrega por su parte Ricardo Flores González, sobre la participación de las propias víctimas en las investigaciones.

Su inconformidad crece cuando refiere su entrevista con la directora de Aprehensiones, Colaboraciones y Extradiciones Internacionales de la PGJE, quien le habría informado que están en espera de que el asesino de su hijo, el ex policía Gilberto Montes de Oca Cardiel, cometa algún otro ilícito para aprehenderlo.

Como no ha pasado ninguna otra cosa ya lo subimos a Plataforma México, le habría dicho la funcionaria. Lo que Ricardo Flores González registra como una simple inscripción del presunto asesino de Alejandro Flores en un fichero, sin que se actúe para su captura.

La Ley General de Víctimas que entró en vigor hace poco más de un año, refiere entre otros ordenamientos para la atención de las víctimas del delito, la garantía de la no repetición del daño, mientras Montes de Oca Cardiel esté libre, ésta no puede asegurarse. Yo como voy a estar a gusto casi me decía ponte a rezar, a orar.

La angustia también se agudiza con lo que se denomina la revictimización de las víctimas del delito.

En su antesalear, como él le ha denominado a tocar y tocar puertas y hacer antesala en dependencias y oficinas gubernamentales desde 2011, algunas que sólo se han abierto por única ocasión, otras ninguna, también ha recibido como respuesta, en este caso por parte de la Secretaría de Atención Ciudadana de Gobierno del estado un: “es que Ustedes quieren que todo se los resuelva el Gobernador”.

Efectivamente la víctima hizo petición al mandatario del estado para la reparación integral del daño el mismo año de ocurrido el hecho, misma que no tuvo respuesta, hasta en tanto intervino la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, esto es, casi tres años después de ocurrido el ilícito.

De ésta ha derivado, se le realizara a él y su esposa un chequeo médico y se les canalizara con un psicólogo de la propia Procuraduría de Justicia. Se ha obtenido también alguna respuesta para sus inquietudes relacionadas con la seguridad de los suyos, el traslado del lugar de trabajo de su hijo mayor.

El padre de Alejandro Flores, muerto a los 28 años, tiene cifrada su esperanza para una reparación integral del daño, en la próxima concreción de la Ley para la Atención Integral de las Víctimas del Delito del Estado de Zacatecas, que se espera entre en vigor en el mes de noviembre de este año.

La Ley General, por su parte, refiere por reparación integral del daño, el que la víctima quede en una situación similar a la previa al hecho.

Yo sé que no va a ser fácil (…) hay más víctimas que hay por ahí, que por lo que sea no se atreven a entrarle a esto. En el caso mío pues yo ya con lo que me pasó, ya no tengo miedo a nada. Es por lo que a lo mejor me mantengo en esto, que si no, quién sabe, estuviera por ahí indiferente a todo lo que hay pero yo no estoy conforme.

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