México, DF. Organizaciones mexicanas defensoras de derechos humanos presentaron ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), como parte del análisis de la situación de derechos humanos en el país, el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de la Normal Rural de Ayotizanapa.
Las ONG plantearon su preocupación por la “inexistencia o precariedad” de los registros de ADN o los hallazgos de fosas clandestinas, además de la impunidad que prevalece ante las graves violaciones de derechos humanos. Comisionados de la CIDH establecieron que las desapariciones de Ayotzinapa no son casos aislados.
El comisionado James Cavallaro, relator de la CIDH para México, dijo percibir un “contraste fuerte” entre la buena voluntad de las autoridades federales y la actuación de distintas autoridades estatales y municipales. “¿Cómo superar este desafío?”, se preguntó.
En la sesión se leyeron los nombres de cada uno de los normalistas desaparecidos y se pidió un minuto de silencio por los jóvenes asesinados en Iguala.
Representantes de la CIDH plantearon que recibieron una solicitud de asistencia técnica de parte del gobierno mexicano para la investigación de los hechos, pero que no tienen conocimiento a detalle y que esperan hoy se valore en el transcurso de este día se lleve una reunión de seguimiento al respecto.
Lo anterior, es el décimo punto de los acuerdos adoptados en la reunión entre los padres de familia de los 43 normalistas desaparecidos y el presidente Enrique Peña Nieto.
Según la minuta firmada por ambas partes, se acordó instruir a las dependencias que participarán en la reunión de trabajo que hoy se lleva a cabo ante la CIDH para que se agilice el convenio que materialice esa asistencia.
La subsecretaria de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación, Lía Limón planteó ante la pregunta de un comisionado de la CIDH, respecto a si se está haciendo lo suficiente para la búsqueda de los desaparecidos, señaló que “nunca se puede decir que se está haciendo cuando nos enfrentamos con hechos como los sucedidos”.
Señaló que hay compromiso indeclinable del gobierno federal por atender el acto, pero que estos hechos reflejan los retos a los que se enfrenta el Estado. Manifestó que obliga a una profunda reflexión de todas las autoridades, así como es urgente que la sociedad y gobierno trabajen juntos.
Los siete integrantes de la CIDH se reunirán a puertas cerradas la semana próxima para determinar su respuesta, tras haber recabado información durante cinco audiencias sobre México.
El panel podría solicitar información adicional al Estado mexicano, emitir nuevas medidas cautelares, gestionar una visita de la comisión o incluir a México en el capítulo de su informe anual dedicado a los países que ameritan un seguimiento especial.
(Con información de Ap)
