A partir del momento en que la parte institucional plantea como forma de solución de la problemática financiera el ahorro interno, mediante una reingeniería que, fundamentalmente, se orienta a la revisión de las nóminas, se desata el proceso que, sin reparar en la insuficiencia de los subsidios federal y estatal, se continua, ahora, con las acciones sindicales que en ese tenor siguen tratando el problema en su manifestación superficial (déficit) sin atacar su origen real (insuficiencia de subsidios).
Acciones que, aparte de coincidir con la campaña de cuestionamiento a la forma ineficiente de gastar por parte del gobierno, para negar la posibilidad de mayor imposición a quienes tiene más, tienen aspectos comunes, veamos:
1.- Por parte del Spauaz se habían programado asambleas delegacionales regionales, figura que no existe en los estatutos y que por lo tanto carece de legalidad como tal, y ahora se hace lo propio pero en cada delegación, con la intención de recabar firmas que respalden la demanda penal, se ha dicho, contra los rectores actual y anterior, por la disposición de recursos que debieron de haberse enterado a la institución de seguridad social.
Ahora bien, esa petición, en cuanto a que se habla de desviación de los recursos provenientes del subsidio, implica que se apliquen tal y como los etiquetan las autoridades federales, lo que no significa otra cosa que la muerte de los restos de la autonomía administrativa consagrada en los ordenamientos legales vigentes en la Universidad. Pero más, dado que este aspecto sólo es el reflejo financiero de las acciones académicas: en docencia, investigación, extensión y difusión se está limitando la posibilidad de que se definan esas acciones en un ambiente de libertad por los propios universitarios, en un ambiente ajeno a los intereses de los grupos hegemónicos y de los partidarios de las autoridades gubernamentales. Es decir se atenta contra la autonomía universitaria toda.
Más, en esa lógica se supone que entonces se tendrían que aplicar, en los mismos términos, las restantes partidas de los subsidios: sueldos y prestaciones para trabajadores, en activo y jubilados, académicos, administrativos, mandos medios y gasto corriente, lo que tendría como resultado, dada la insuficiencia del subsidio, que no se pagara a la actual plantilla de trabajadores de manera completa y que no formaran parte de sus emolumentos las prestaciones que no se encuentran debidamente respaldadas por el subsidio. ¿Esta es la forma de defender a los agremiados?
Y es que de acuerdo con ello, en el supuesto de que prosperara la denuncia, habría que preguntarse cómo actuarán los rectores a futuro y, en respuesta obvia, para no ser acusados de desviaciones aplicarían los recursos tal y como los definen la Secretarías de Educación y de Hacienda, es decir, las determinaciones de una institución ”autónoma” quedaría en manos del aparato gubernamental.
No podemos pensar que la presentación de la demanda penal se haga por ignorancia de las condiciones en que las administraciones universitarias se han manejado, amparadas en la autonomía administrativa, recalcamos, buscando fundamentalmente cumplir con los salarios y prestaciones contractuales, superiores a las respaldadas, con una redistribución de los recursos y no la aplicación automática que ahora se pretende exigir. Queremos dejar claro que el comentario no exculpa de posibles manejos inadecuados de los recursos, que debe precisarse y sancionarse; pero en lo fundamental, insistimos que es la insuficiencia del subsidio la que genera el hecho y que, en términos generales, lo que ha privado es el compromiso de cubrir las obligaciones con los sindicatos más que la intencionalidad de ingresar al espacio de la delincuencia. Tal vez si los ahora demandantes hubieran tenido otra alternativa que resguardar la autonomía la debieron haber puesto a consideración en aquel momento y, es más, si la tienen ahora que la hagan pública.
La demanda pues, en su esencia, atenta contra la autonomía y de prosperar traería como consecuencia la insuficiencia de pagos a totalidad de los trabajadores académicos y administrativos, por lo que las implicaciones rebasan, pues, el mero interés de los trabajadores académicos ya que no se podría manejar diferenciadamente la aplicación de los recursos.
Es curioso que quienes promueven la demanda los que en el pasado aceptaron las modificaciones de la estructura de prestaciones, nos comprometieron al pago de la cuota personal al instituto de seguridad social que estaba comprometida a ser cubierta por Gobierno del Estado y ahora pretendan que el manejo de los recursos se haga tal y como lo definen las autoridades federales, pasando por alto que la autonomía.
En cuanto a la exigencia de transparencia a la administración universitaria, bien les haría tomar medidas en cuanto a los resultados de las auditorias realizadas a los dos anteriores comités ejecutivos de los recursos de los sindicalizados.
2.- El fin de semana se dio a conocer, en los medios, por parte del Stuaz un documento en respuesta, se dice, a la petición de la Auditoria Superior del Estado (ASE) para conocer la información generada por este sindicato respecto a “aviadores” en las actividades académicas y que, agrega el documento de respuesta, no deberán de ser contratados para el próximo semestre. Es decir, hay diagnóstico y conclusión.
La fiscalización en este caso deriva de la supuesta reingeniería emprendida para reducir el gasto. Sólo que existe una confusión al hacer equivalente las plazas necesarias con las plazas ocupadas por “aviadores”. Esta coincidencia se da sólo en el caso de que los productos sean de calidad óptima, de no serlo es atribuible a esa deficiencia en el trabajo la falta de calidad del producto. La solución en este caso sería sustituir a los aviadores por personal responsable que superara las deficiencias del producto, lo que de ser el caso no impactaría, como se pretende, en una reducción del gasto. De otra manera hay que demostrar que las plazas no son necesarias o que se tendrá que hacer a la luz de la normatividad y del trabajo académico concreto de cada espacio. ■
Sin embargo, de un análisis rápido de la relación hecha pública se deriva que hay en los revisores una pobre concepción del compromiso que implica una formación integral, objetivo y meta fundamentales de actividad universitaria y que requiere de un apoyo importante en plazas para el desarrollo de las actividades físicas y culturales. Por otro lado, derivado de la argumentación, se encuentra un claro desconocimiento de las categorías, funciones y modalidades de contratación de los trabajadores académicos, específicamente de los técnicos académicos que es a los que se hace referencia.
Pero al respecto surgen otras interrogantes:
¿Por qué la ASE solicita información a un sindicato diferente al que pertenecen las plazas cuestionadas? ¿Por qué no lo hace directamente al representante institucional? Y es que al darle ese lugar de interlocutor y validar la información que proporciona, prácticamente, se ha convertido al sindicato de trabajadores en el auditor de la actividad académica de la institución.
¿Por qué el Stuaz determina las plazas necesarias del Spauaz? ¿Quién va a definir las del Stuaz?¿Irá a ser el SPAUAZ?
Lo anterior no quiere decir que se este en contra de la racionalización del gasto, sólo que para que diera la posibilidad efectiva de recortar plazas se tendría que realizar, por personal capacitado y dentro de la normatividad interna y externa, un estudio que contemplara las necesidades reales de las actividades sustantivas y adjetivas que no implicara subjetividades ni revanchismos, que diera forma lo que sugerido, en alguna ocasión, un presupuesto base cero.
Por otro lado, se ha informado por los medios escritos que se ha aprobado el presupuesto 2014 por el Consejo Universitario y en el que se debiera contemplar, según la propuesta inicial de la rectoría, el presumible ajuste del número de plazas; sin embargo, no sabemos hasta qué punto se contempla ni cuáles fueron los criterios que se utilizaron en el caso de que se haya hecho. Sólo esperaríamos que no hayan sido en base a lo que comentamos.
En ambos casos, además de atentar contra la autonomía, como se ha visto, se acude a instancias gubernamentales antes de agotar los procesos internos, tal y como se mandata por la legislación, en una clara invitación a la gubernamentales a intervención de autoridades. Se deja de lado la necesidad de mayor subsidio. Pero lo más delicado, ambas convocan al divisionismo y a la confrontación lo que propicia la solución real del problema.
A hora bien, quienes piensan que el modelo acordado en el Congreso de Reforma resulta inoperante al momento y proponen uno alternativo, están en todo su derecho, solo que hay que plantearlo de frente a la comunidad universitaria para que ella decida y no de manera parcial y soterrada haciendo creer que se trata de resolver un problema estructural que, por otro lado, sólo tiene salida en el fortalecimiento de los ingresos y en una debida aplicación de los mismos.
Pero lo que no debemos tolerar es que la Universidad se convierta en un espacio de vendetas políticas, como parece ser se enfila. Por el contrario, es momento de asumir y enfrentar la problemática con un alto espíritu universitario y codo con codo salir avantes, es el momento de la Política y no de la politiquería. Es muy caro el costo de perder la autonomía por satisfacer intereses grupales.
